Foto: Nicolás Der Agopián

Impacto del nuevo proceso penal en aumento de delitos divide a operadores judiciales y policías 

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Nº1956 - al de Febrero de 2018

El aumento de los delitos en los últimos meses del 2017 coincidió con la entrada en vigencia, el 1º de noviembre, del nuevo Código del Proceso Penal (CPP). Para el Ministerio del Interior, no se trata de una casualidad: atribuyen los números a un sistema que todavía necesita “ajustar” su funcionamiento.

Los hurtos y las rapiñas descendieron en 2016 y hasta setiembre de 2017, sin embargo, en los últimos tres meses la tendencia se revirtió.

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo a Búsqueda que sabían que habría “dificultades al principio” y reconoció que la coordinación previa entre fiscales y policías resultó insuficiente.

El jerarca argumentó que la policía tiene problemas para conseguir órdenes de allanamiento, que en delitos menores los fiscales a veces optan por dejar en libertad a los detenidos y que se redujo la cantidad de personas enviadas a prisión.

Aunque dijo que el CPP supone un “paso adelante” porque es más garantista, insistió en que necesita ajustes.

La posición de Bonomi es producto de un análisis elaborado por la Policía Nacional, según confirmaron a Búsqueda fuentes del Ministerio del Interior. En las últimas semanas, la policía analizó las distintas variables que pudieron haber incidido en el incremento de la delincuencia y llegó a la conclusión de que la “hipótesis más razonable” es que está vinculado al nuevo sistema penal.

Desde la Fiscalía y el Poder Judicial, sin embargo, hacen una lectura diferente.

Consultado sobre si el incremento de los delitos puede estar relacionado con el CPP, el presidente de la Asociación de Magistrados y ministro de apelaciones en lo penal, Alberto Reyes, evaluó que atribuirlo al cambio del sistema penal “parece aventurado”.

“Los mayores picos de fines de 2017 no prueban otra cosa que un leve incremento, mayor que el de fines de 2016”, opinó, y añadió que entiende que es una “muestra muy escasa” para sacar conclusiones.

El fiscal penal Carlos Negro fue más contundente y afirmó que “no hay ninguna relación” entre ambos hechos. “Los números de denuncias son muy fluctuantes”, dijo, y las “evaluaciones sobre la respuesta del sistema procesal son a mediano y largo plazo”. Además, consideró que la reducción de la prisión preventiva no genera, necesariamente, un efecto negativo en la seguridad. “El sistema responde cada día mejor. Estoy convencido”, afirmó.

“No creo que haya una relación directa entre una cosa y la otra”, coincidió el profesor agregado de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, Gabriel Valentín. “Habría que tener más números y por un período más prolongado” para analizarlo, consideró.

Por otra parte, señaló que la función del nuevo código “no es dar respuesta al problema de la criminalidad”.

“Esa es una percepción equivocada. El CPP es un proceso con más garantías. No necesariamente tiene un impacto en la respuesta al delito, no está diseñado para eso”.

Construir la confianza.

Hay un aspecto en el que todos los actores coinciden: la policía y los fiscales deben acostumbrarse a trabajar juntos. Es que con el sistema anterior, la policía investigaba bajo las órdenes de los jueces, y ahora las indagatorias quedaron en manos de los fiscales.

“Carecimos de un mayor acercamiento previo con la policía, y estamos tratando de construir una relación sobre la marcha. Van solo tres meses, y la dinámica de trabajo se va a ir adquiriendo”, evaluó Negro.

“Es un cambio y puede haber resistencias. Requiere acostumbrarse”, coincidió Reyes.

“La policía ha adoptado la actitud de que no toma medidas sin que se lo indique el fiscal”, comentó a Búsqueda una fuente de la Fiscalía General. “La policía tiene la potestad para investigar y llevarle casos al fiscal. No puede estar a la espera”, añadió.

El propio Bonomi reconoció que esa situación existe y es parte del problema.

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