Los bancos perdieron clientes argentinos y los agentes inmobiliarios están “esperando que regresen”

Argentina hizo más de 260 pedidos de datos y Uruguay dos en los cinco años de vigencia del tratado para combatir la evasión

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Nº1960 - al de Marzo de 2018

La idea de eliminar o al menos erosionar el secreto bancario estuvo sobre la mesa en el primer gobierno del Frente Amplio. Pero decidió no incluirla en la ley de reforma tributaria de 2007 para evitar amplificar la discusión política que, asumía, ya de por sí traería la decisión de reinstalar el impuesto a la renta personal incluyendo las ganancias de capital.

Sin embargo, entre los integrantes de aquel equipo económico, que luego siguieron en otros cargos en la administración de José Mujica, siempre existió la convicción filosófica de que ese era un camino inevitable y necesario. Lo mismo que tener un tratado de intercambio de información tributaria con Argentina que, con impacto moderado en la inversión de ese origen en el país, acaba de cumplir cinco años en aplicación.

En ese quinquenio, desde el 7 de febrero de 2013 —cuando cobró vigencia— a los primeros días de febrero de 2018, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) argentina cursó 262 pedidos de datos a Uruguay. Por su parte, la Dirección General Impositiva (DGI) hizo dos solicitudes, según estadísticas proporcionadas a Búsqueda por la oficina recaudadora uruguaya.

Si bien Argentina se mantiene como el principal demandante de información entre los más de 30 países con los que Uruguay tiene tratados de intercambio de datos bancarios y fiscales, el flujo de pedidos se ha ido reduciendo tras la salida de los Kirchner del poder y luego del “blanqueo” de capitales promovido por la administración de Mauricio Macri. En 2017 fueron 22, de un total de 40 recibidos por la DGI ese año, informó El País el 20 de enero pasado.

Con el blanqueo que incitó a muchos argentinos a declarar sus activos en el exterior, ahora la AFIP ya cuenta con más información, por lo que no le es tan necesario apelar al tratado, interpretó una fuente de la DGI consultada por Búsqueda. Desde la administración tributaria argentina no respondieron a los intentos de contactar a sus jerarcas.

Cuál será el accionar de la AFIP en adelante dependerá, en parte, de la impronta que le dé su nuevo titular, Leandro Cuccioli, quien tomará el cargo en abril tras la renuncia de Alberto Abad. Tras conocerse la noticia del relevo, el viernes 2, medios de prensa argentinos hicieron notar que Cuccioli tiene la mayor parte de su patrimonio en activos en el exterior, donde realizó parte de su carrera vinculado al negocio de las finanzas. Ante la Oficina Anticorrupción —en su calidad de secretario de Servicios Financieros del Ministerio de Finanzas— declaró, entre otros bienes, un terreno de 100 metros cuadrados en Punta del Diablo, Rocha, con un valor de 890.145 pesos argentinos (unos US$ 42.800).

La opacidad como “valor”.

La negociación por parte de Uruguay de un creciente número de acuerdos de intercambio de datos se precipitó tras las presiones surgidas desde el Grupo de los 20 países más desarrollados para combatir la opacidad tributaria, necesitados de alimentar la caja de sus gobierno en medio de la crisis económica global que estalló en 2008 en Estados Unidos. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con sus listados señalando a jurisdicciones poco colaborativas con la transparencia fiscal, cercaron a Uruguay. Así, el primer gobierno de Vázquez y el de Mujica fueron firmando tratados con varios países, a la vez que tomaron medidas de flexibilización del secreto bancario y de transparencia respecto a los dueños de las sociedades comerciales.

En la negociación del acuerdo con Argentina estuvieron en primera línea los asesores del Ministerio de Economía Jorge Polgar (hoy presidente del Banco República) y Gabriel Papa, junto a Guillermo Nieves, abogado de la DGI. Lo firmaron el 24 de abril de 2012 el entonces ministro Fernando Lorenzo y el director de la AFIP, Ricardo Echegaray, quien viajó hasta la estancia presidencial de Anchorena en Colonia para también estrechar la mano del mandatario uruguayo.

El texto se acordó sin mayor problema. Y si bien se le dio una redacción distinta a la estándar de estos tratados que pautan el proceso de solicitud e intercambio de información bancaria que ayuda a las administraciones tributarias a perseguir evasores, su contenido fue básicamente el mismo. “Resultó mucho más difícil remar contra la idea generalizada en el sistema político —más de los colorados que los blancos— y entre muchos actores económicos en cuanto a que la opacidad era algo muy valioso para Uruguay”, dijo a Búsqueda una fuente que participó en todo ese proceso.

En diciembre de 2011 Lorenzo defendió la decisión del gobierno de plegarse a la ola de cooperación internacional contra la evasión, cuando acompañó al canciller Luis Almagro en una interpelación en el Parlamento. “La opacidad, los regímenes cerrados, la falta de flexibilidad en el secreto bancario y otro conjunto de normativas, lo único que hacen es alejarnos de la posibilidad de desarrollar genuinamente una base competitiva sólida en materia de servicios financieros”, sostuvo.

Las autoridades económicas del período de Mujica descartaban que pudiera haber una corrida de depósitos de argentinos de la plaza uruguaya o ventas masivas de propiedades en Punta del Este o Colonia ante el temor de una embestida de la AFIP apoyada en el tratado. Con su entrada en vigor, en los bancos, los escritorios bursátiles y las inmobiliarias se recibieron muchas llamadas de clientes preocupados. Hubo algunos movimientos de capitales —incluso dinero transferido a cofres de seguridad que escapan al alcance del acuerdo—, pero fue relativamente poco significativo. En el sistema financiero local hay actualmente depositados unos US$ 2.800 millones de argentinos y otros no residentes, unos US$ 870 millones menos que cinco años atrás, según estadísticas del Banco Central.

En el mercado inmobiliario se dio cierta retracción de la inversión, también por el contexto recesivo que atravesó la economía argentina. El acuerdo “sigue siendo malo” para la actividad del sector, evaluó el presidente de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya, Wilder Ananikian.

“Los argentinos se fueron hace años, con la firma” del tratado, aseguró. Ahora los operadores están “esperando que regresen”, pero ante la mayor confianza que generó el gobierno de Macri, y los controles y altos costos en Uruguay, “no están mirando mucho” al país, dijo a Búsqueda.

Flujo automático

Los tratados como el vigente con Argentina prevén que las administraciones tributarias pidan datos para indagar casos puntuales de contribuyentes sospechosos de evasión. Pero cierta información empezará a ser circulada con más fluidez, desde setiembre próximo para Uruguay, a partir de un acuerdo para el intercambio automático, sin necesidad de una solicitud específica. Su implementación está prevista en una ley y un decreto de 2017, exigiendo reportar junto al nombre del titular de la cuenta, el monto de los saldos al 31 de diciembre de cada año si supera los US$ 250.000, así como los promedios anuales para todo tipo de cuentas, salvo las exceptuadas por la norma (menores a unos US$ 20.000). Abarca a toda persona física, jurídica o entidad residente en Uruguay o en un país que mantenga una cuenta en una institución financiera obligada a informar (bancos, gestores de inversión, aseguradoras en lo que hace a rentas vitalicias).

El reporte automático de información sobre cuentas bancarias se procesará con 63 jurisdicciones, aunque —en función del interés de las partes— Uruguay acordó con 12 que solo recibirá o enviará datos (Barbados, Belice, Bermuda, Islas Caimán, Curaçao, Chipre, Líbano, Irlanda, Montserrat, Nauru, Rumania y Santa Lucía).

Este mes, la DGI tendrá pronta la aplicación que usarán los bancos y las otras entidades obligadas a reportar la información. Hasta el 30 de junio esas instituciones tienen plazo para presentar los datos, y luego habrá un tiempo para que, tras un control de calidad, hagan correcciones a eventuales errores o inconsistencias. Durante agosto la Impositiva hará la validación de las información y la adecuará al formato de presentación que exige la OCDE, para después proceder a remitirla entre el 1º y el 30 de setiembre.

Para la DGI, la información que empezará a recibir este año de modo automático será útil para realizar sus análisis de riesgo de impago del IRPF, IRAE y el Impuesto al Patrimonio.

Para Guzmán Ramírez, abogado del estudio Bergstein y docente de la Universidad ORT, el acuerdo con Argentina fue un “símbolo del déficit democrático que sufre el país”, ya que el Parlamento lo aprobó pese a que el “Estado uruguayo no tenía interés”. Consultado por Búsqueda, interpretó que la baja proporción de pedidos de datos cursados por Uruguay “demuestra que ha sido útil para Argentina”.

En su opinión, ese flujo de información se mantendrá inalterado una vez que se ponga en práctica el intercambio automático debido a que casi tres cuartas partes de los depósitos que extranjeros tienen en bancos uruguayos pertenecen precisamente a argentinos.

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