Bonomi, los medios y el “caso Sanabria”

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Nº1910 - al de Marzo de 2017
por Daniel Gianelli
Daniel Gianelli

La semana pasada dos ministros, Eduardo Bonomi y Ernesto Murro, sugirieron, en clave de queja, que los medios no han dado todo el destaque que a su juicio merece el cierre del Cambio Nelson de Maldonado y la fuga del país de su principal, el dirigente y diputado suplente colorado Francisco Sanabria que dejó numerosos damnificados. Simultáneamente, dirigentes del Movimiento de Participación Popular (MPP) reclamaron la creación de una comisión parlamentaria para investigar los aportes efectuados por el Cambio Nelson y por Sanabria al Partido Colorado.

Los ministros pueden creer honestamente que los medios no hicieron una cobertura del hecho adecuada, o suficiente. Creer incluso, como lo hiciera Bonomi, que “hubo otros casos en los que se habló muchísimo más”. Y de allí a sospechar que “habrá intereses políticos para que eso suceda”.

Ahora bien, ¿tiene razón Bonomi? ¿los medios dieron una cobertura insuficiente al “caso Sanabria”? ¿Puede sospecharse que en algunos medios influyeron intereses políticos?

Habrá quienes por simpatías políticas compartirán el comentario del ministro del Interior. Así operan, acríticamente, ciertas “lealtades” políticas.

Pero lo hechos, los “porfiados hechos” como solía decir el líder histórico del Frente Amplio, Líber Seregni, no le dan la razón al ministro. La cobertura que dieron los canales de  televisión, las emisoras de radio y los medios escritos fue amplia. Incluso en aquellos medios que el oficialismo considera —y a los que periódicamente reprocha— están alineados con la oposición. 

Los medios no ocultaron información sobre las actividades marginales de la empresa (llevar a cabo actividades financieras para las que no estaba habilitada) ni se minimizó la situación. Tampoco se  ocultó el protagonismo del prófugo Sanabria, su vinculación política con el diputado Germán Cardoso y con el candidato presidencial y senador Pedro Bordaberry. Se difundieron imágenes de la pasada campaña electoral en la que el cambista prófugo aparecía junto a Cardoso y Bordaberry teniendo como fondo propaganda de la Lista 10.

Se informó incluso de aportes financieros en la campaña electoral del 2014, realizados en vida del ex senador Wilson Sanabria, padre de Francisco y principal del grupo económico familiar (tambo, cambio, inmobiliaria, rent a car). ¿Qué faltó?

Las declaraciones del controvertido ministro del Interior, centro de constantes críticas por toda la oposición por la situación de inseguridad pública que desde hace años enfrentamos los uruguayos, más que golpear a un alicaído Partido Colorado, más que a devolverle golpes a su último interpelante, el diputado Cardoso, llevan a pensar que su objetivo ha sido político: desviar la atención de los múltiples hechos negativos que desmerecen —debilitan, desacreditan la gestión del Frente Amplio en diferentes áreas de la administración pública y que ponen de manifiesto ineficiencia, incompetencia, descontrol y/o corrupción.

Ahora bien, resulta imposible no apreciar que hay una diferencia nada menor entre el “caso Sanabria” y esos otros “casos” aludidos por Bonomi, de los cuales “se habló muchísimo más”. Y sobre los cuales seguramente se seguirá hablando por un buen tiempo.

El ministro no explicitó cuáles eran esos otros casos, pero hay buenas razones para pensar que se estaba refiriendo a distintos episodios que golpean —y acorralanen varios frentes a jerarcas de la administración frenteamplista (Pluna, Ancap, Fondes, Regasificadora, negocios con Venezuela, el “título” del vicepresidente Sendic, la contratación de servicio de ambulancia a “correligionarios” a cargo de hospitales públicos, el pago de 100.000 dólares efectuado por Alur por un servicio facturado en pesos, etc.).

Hay claramente una diferencia entre el “caso Sanabria” y los hechos recién referidos que la declaración del ministro no tiene en cuenta. Una diferencia que no es nada menor. Y es que el cierre del Cambio Nelson es un hecho protagonizado por particulares en perjuicio de otros particulares, que está siendo investigado por las autoridades competentes.

Según lo trascendido hasta ahora, y salvo que en la investigación en curso surjan incumplimientos con la DGI o el BPS —maniobras de elusión o evasión—, la caída del Cambio Nelson y de otros negocios del “grupo Sanabria” no involucra recursos públicos, como sí ocurre en los otros casos sobre los que, según Bonomi, “se habló muchísimo más”.

Es obvio que el titular del Interior no ignora esta diferencia, que sabe —¡vaya si sabrá!— que en unos casos se afecta el patrimonio del Estado y en el otro no. O que, hasta el momento no. Y que, incluso en el caso de que haya un perjuicio para las finanzas públicas, sería insignificante comparado con las millonarias pérdidas de Ancap, del Fondes, o las inversiones a cuenta de una regasificadora cuya construcción fue paralizada y que ni siquiera se sabe si finalmente algún día se va a reanudar.

Son los sufridos contribuyentes, principalmente trabajadores y pasivos, quienes, a través del IRPF, del IASS, del IVA y de las tarifas de los servicios públicos, etc., cubren el enorme déficit de Ancap, las pérdidas del Fondes, el costo de la clausura de Pluna, por poner solo tres ejemplos en los que administradores frenteamplistas han dilapidado recursos públicos. Recursos volcados en proyectos faraónicos, ineficientes (Alur, cementeras), de los cuales se han aprovechado jerarcas, funcionarios públicos y empresas contratistas a cargo de correligionarios o amigos.

Precisamente porque desde la perspectiva de los perjuicios causados al erario público no son casos iguales, la cobertura de los medios para satisfacer el interés ciudadano no puede —no debe— ser igual.

No puede el ministro reclamar a los medios tratamientos similares cuando en ciertos casos está involucrado el interés general y en otros no. O, al menos, no en la misma proporción.

Los damnificados por el fraude del Cambio Nelson no son mayoritariamente personas que pudieran ignorar los riesgos que asumían al colocar su dinero a tasas muy superiores de las que podrían obtener en el mercado por otras inversiones.

El ministro pareció olvidar una máxima que suele invocar su fuerza política y el gobierno que integra: situaciones diferentes requieren siempre soluciones diferentes. También en el tratamiento que dan los medios.

El MPP tiene derecho a propiciar que el Parlamento investigue los aportes efectuados por el “grupo Sanabria” al Partido Colorado en la última campaña electoral. Es parte de la transparencia política que muchos ciudadanos les reclaman a los partidos.

Lo curioso —y contradictorio— es que, en cambio el MPP se opuso a que el Parlamento investigara las gestiones de intermediación que realizaron algunos de sus militantes en los negocios con Venezuela, logrados con el patrocinio de los gobiernos de ambos países.

Intermediaciones que han dejado millonarios beneficios a militantes del MPP. Y que se sospecha —tal como lo ha manifestado el diputado Gonzalo Mujica (ex MPP)—  de que ha sido la principal fuente de financiamiento de las actividades del movimiento que integra casualmente el ministro del Interior.