Foto: Javier Calvelo/ adhocFotos

BPS pagó US$ 60 millones a personas afectadas por la dictadura

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Nº1968 - al de Mayo de 2018

El Banco de Previsión Social (BPS) pagó unos US$ 60 millones a 5.700 personas que estaban amparadas en la ley que estableció una reparación económica para quienes fueron detenidos, despedidos por su actividad sindical o debieron abandonar el país debido a la persecución del gobierno militar durante la última dictadura.

Los datos, cerrados a diciembre del 2016, están incluidos en una respuesta del BPS a un pedido de informes que realizó el diputado colorado Conrado Rodríguez. “Se abrió la canilla al dar pensiones especiales, algunas de ellas que no tienen asidero y provocaron un agujero grande en el BPS”, dijo el legislador a Búsqueda.

En octubre de 2006, el Poder Legislativo aprobó una ley de pensión especial reparatoria para los trabajadores del sector privado afectados por la dictadura. Están comprendidas en la norma aquellas personas que por motivos “políticos, ideológicos o gremiales” debieron abandonar el país, estuvieron detenidos o en clandestinidad o fueron despedidos por su actividad sindical entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985.

El artículo octavo establece que las personas amparadas por la ley que no tuvieran causal de jubilación, contaran con 60 años de edad y un mínimo de 10 años de servicio tendrán derecho a una “jubilación especial” equivalente a cuatro Bases de Prestaciones y Contribuciones mensuales (al valor actual $ 15.392).

El artículo 11 indica que las personas que fueron detenidas y procesadas por la Justicia militar o civil, y que como consecuencia de ello sufrieron privación de libertad entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985, tendrán derecho a una pensión especial reparatoria equivalente a 8,5 BPC, es decir $ 32.708. No tienen derecho a esta prestación quienes ya tengan una jubilación, pensión, retiro o subsidio transitorio por incapacidad parcial. En caso de fallecer el beneficiario, recibirá la pensión alguno de sus familiares directos: cónyuge, concubino o hijos.

El artículo noveno de la ley también plantea que la pensión especial reparatoria la recibirán los familiares de la persona que haya fallecido cuando se trate de algunas de las tres hipótesis establecidas en el artículo primero de la norma; es decir, que debieron abandonar el país, fueron detenidos o estaban en clandestinidad o los despidieron por su actividad sindical entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985.

La ley plantea otras dos situaciones en las que cabría una reparación económica. Las personas comprendidas por la ley tendrán un “cómputo ficto de servicios, a los efectos jubilatorios, durante el período en que se hayan mantenido las situaciones como abandono del país, estuvieron detenidas o en la clandestinidad; y por el lapso que haya insumido el reingreso a una actividad formal hasta el 28 de febrero de 1985”. Por otro lado, a las personas comprendidas en la ley se les reconocerá, “durante el período de cómputo ficto de servicios, una asignación computable mensual” equivalente a 11 BPC, $ 42.328 al valor actual.

Por todas estas situaciones, el BPS pagó en 2016 unos US$ 60 millones.

El mayor egreso se da por la pensión especial reparatoria prevista en el artículo 11. En 2016 fueron US$ 31 millones para 2.152 personas. El gasto por este artículo ha crecido año a año desde 2007, cuando el egreso superó los US$ 7 millones y alcanzó a 1.352 personas.

En 2016 hubo 1.979 personas que recibieron jubilaciones por cómputo ficto. En este caso, el gasto fue de US$ 17.066.757. A ello se suman casi US$ 800.000 por el pago de 141 casos donde falleció la persona beneficiaria.

Por el concepto de jubilación especial (artículo octavo de la ley), en 2016 destinaron US$ 7.756.889 para 1.183 personas.

En los casos en que fueron los familiares del beneficiario los que recibieron la prestación, el BPS erogó US$ 2.635.000 (327 personas).

El diputado Rodríguez dijo que los gastos de 2016 son importantes, y señaló con preocupación que esto se da en momentos que el déficit del BPS ronda los US$ 689 millones.

El legislador dijo que desde el año 1985 se vienen dictando una cantidad de leyes de reparación y en 2006 “se amplió la gama de situaciones de personas que podían acceder a una reparación especial”. En total son cinco leyes reparatorias: dos durante el primer gobierno de Julio María Sanguinetti, dos durante la administración de Jorge Batlle y uno con Tabaré Vázquez.

Rodríguez advirtió que el artículo 11 permite que personas que cometieron delitos comunes puedan ser incluidos en la ley, ya que habla de aquellos que fueron procesados por la justicia civil. “Alguien que cometió un delito común puede venir y decir que lo hizo por razones políticas”, afirmó.

La decisión de quiénes son incorporados a este tipo de pensiones es tomada por una comisión especial que funciona en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Ese grupo está integrado por representantes de Trabajo, del BPS, del Ministerio de Economía, del PIT-CNT y uno en representación de organizaciones de expresos políticos, comisión reencuentro de los uruguayos y del Servicio Ecuménico para la Dignidad Humana.

Según la ley, los gastos que se generen por esta norma deben ser atendidos por Rentas Generales. Rodríguez preguntó si este extremo se había cumplido. En la respuesta del BPS surge que las sumas abonadas por jubilación especial (artículo octavo), pensión por sobrevivencia y por cómputo ficto no fueron compensadas por las remesas recibidas de Rentas Generales por concepto de Asistencia Financiera del Estado.

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