Jorge Meza. Foto: Nicolás Der Agopián

Para el representante de la FAO en Uruguay, el productor se siente “amenazado” ante exigencias ambientales e incomprendido por los habitantes de la ciudad

De una posición “antagónica” que dividía a ambientalistas de productivistas se logró una “fusión” y una “grata sorpresa”

7min
Nº2013 - al de Marzo de 2019
entrevista de María Paz Sartori

A una empresa le sobran alimentos próximos a vencerse que aún no ha comercializado y tampoco logrará hacerlo antes de la fecha. Los trámites para donar el alimento son más engorrosos que desechar la mercadería. Aunque podría ser aprovechado por quienes más lo necesitan y no pueden comprarlo, termina en el basurero. Esto suele ocurrir cuando los países no cuentan con legislación que ponga el foco en el tema de los desperdicios.

Pero este problema es además parte de un ciclo. La empresa desecha­ y los consumidores también lo hacen cuando compran alimentos que luego no consumen. Es un tema ético, económico y también ambiental, porque en la otra punta de la cadena está el productor que cultiva, cría o fabrica el alimento que se desperdicia, y para eso consume agua y nutrientes del suelo. Sin embargo, a veces la foto se ve por partes.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (conocida como FAO por sus siglas en inglés) está asesorando a Uruguay para abordar los problemas que existen en los distintos puntos de esta cadena. El tema no es exclusivo de Uruguay, ya que en la región enfrentan los mismos desafíos, dijo a Búsqueda Jorge Meza, representante de local de la FAO.

A continuación un resumen de la entrevista que mantuvo con Búsqueda durante su visita a Uruguay.

—Los temas ambientales no solían estar tan integrados con los productivos. Se veían como áreas compartimentadas. En los últimos años los países de la región han comenzado a cambiar y ajustar su legislación. ¿Cómo ve esta evolución?

—Ahora ambiente toca todos los temas y es mejor que sea así. Es parte de la construcción política de los países. Tienen gabinete social, económico y si bien no hay uno ambiental propiamente dicho, se lo configura como una tercer área de trabajo en el gobierno, lo que permea a las instituciones públicas y a la población. Romper esas barreas del encasillado es lo necesario. Recuerdo cuando trabajaba con la ministra de Ambiente de Ecuador y le decía que el ministerio tenía que desarrollar programas que vinculen lo ambiental con lo económico y lo social. En el caso contrario no había fortaleza. ¿Cómo puedes tener un programa ambiental sin tocar un sector? Imposible. No hay cómo. La misma generación de regulaciones y legislación tiene que tocar lo ambiental. No necesitas hacer una política ambiental per se, necesitas que el sector agrícola tenga una política ambiental, que el sector minero la tenga, y el petrolero.

—¿Cómo ve el avance de una legislación ambiental integrada a lo productivo?

—La parte legislativa ambiental nació en América Latina y el Caribe con una orientación sobre áreas protegidas, la conservación de la naturaleza. Fue influido por las convenciones internacionales con su mirada inicial. ¿Cómo protegemos el bosque? ¿Cómo protegemos la biodiversidad?

—Era una visión de nicho puntual sobre esa reserva o bosque.

—Exactamente, era una visión de nicho. Eso evolucionó en toda la región hacia una legislación que está más preocupada por incorporar estándares dentro de los otros sectores. En la región recibimos una grata sorpresa porque tuvimos un programa sobre políticas agroambientales en el cual comenzamos a indagar con los países de la región sobre la legislación y la institucionalidad en el tema de políticas agroambientales y encontramos una riqueza enorme. Es decir, que los países estaban preocupados por la temática. No podemos decir que había leyes específicas agroambientales pero sí elementos de una conceptualización agroambiental dentro de las políticas públicas del sector agropecuario. Sobre la base de eso tuvimos la oportunidad incluso de generar criterios e indicadores para el diseño y la evaluación de las políticas públicas desde una perspectiva agroambiental, una combinación orientada a la producción, enfocada hacia el desarrollo privado de negocios y en un bien común que es el ambiente.

—El privado es quien en definitiva tiene que ejercer el cuidado del ambiente ¿Es este el mayor desafío?

—Imagínate la fusión y el resultado de esto. Tienes un bien público que es el ambiente y es ejecutado principalmente por el Estado.

—Y quienes ejercen el cuidado son los privados.

—Exacto, y por eso es necesaria la combinación de política pública. Se ha evolucionado significativamente. Antes se generaba una posición antagónica, aquí están los ambientalistas y aquí están los productivistas. Hoy dentro de la institucionalidad nacional esa distinción es cada vez menor.

—En Uruguay se da que Ganadería defiende a los productores y desde el ministerio que se ocupa de lo ambiental se hace hincapié en el rol del agro en la contaminación. Hay diferencias internas.

—La expresión de la política pública también responde a momentos, situaciones y personas, pero en general ha cambiado sustancialmente. Son procesos de largo aliento, aproximaciones de comprensiones. Lo productivo tiene que acercarse a la comprensión de lo ambiental y lo ambiental a la comprensión de lo productivo.

—La FAO promueve el trabajo en conciencia agropecuaria que en Uruguay también fomenta el gobierno y apunta a acercar el campo a la ciudad. ¿Cuál es el objetivo de fondo?

—Se busca un resultado de transformación. Tenemos una cadena productiva y alimentaria que va desde el campo hasta el consumidor. Muchas veces el consumidor apunta a que el problema de las emisiones (o de otros temas ambientales) está en la agricultura, en el campo. No se siente responsable de esa situación pero consume (lo que viene de allí). Está demasiado alejado en la otra punta y no consigue ver en esa cadena su responsabilidad dentro del sistema alimentario. Necesitamos aproximar esas visiones. El productor necesita producir alimentos sin contaminar, cuidando el ambiente, aspectos sociales y su rentabilidad y además le ponen exigencias como reducir emisiones o cumplir estándares. Se siente amenazado. Es importante ver las causas y consecuencias y que el consumidor entienda muy bien sus demandas. Le va a dar a la agricultura la posibilidad de acceder a la discusión pública sobre cómo desarrollar su negocio dentro de un balance que le permita vivir adecuadamente.

—Ha concurrido al Parlamento y trabaja para que se apruebe una Ley Marco de Derecho a la Alimentación. ¿Cuál es la importancia de que Uruguay cuente con una ley de este tipo y pase a formar parte del club de ocho países que en la región transitan este camino?

—Acá hay algo interesante. La FAO tenía un primer mandato que era reducir el hambre en el mundo. El segundo es reducir la pobreza rural y el tercero es hacer un uso sostenible de recursos naturales. La conferencia regional de la FAO se reunió hace unos ocho años y resolvió que reducir el hambre en el mundo no es suficiente y que el esfuerzo tiene que ser acabar con el hambre. Eso abrió espacios mucho más fuertes de cooperación. Acabar con el hambre implica poner en juego esfuerzos políticos fuertes. En nuestra región desde 1990 hasta 2015 se venía reduciendo sustancialmente la pobreza por un esfuerzo de los programas nacionales de desarrollo. Pero la comprensión de que el tema del hambre y la pobreza no es solo del Poder Ejecutivo cayó cuando te das cuenta que uno de los grandes problemas es la falta de legislación que permita al Ejecutivo actuar. El problema no es tanto productivo sino político, de alcanzar el acceso a los alimentos, unir el Ejecutivo con el Legislativo.

Ahora incluso la discusión va por cuál es la responsabilidad del Poder Judicial en hacer efectivo ese derecho. La cooperación de FAO se enfoca en crear la legislación básica para atender el problema del hambre en Uruguay y la región y también la obesidad y el sobrepeso. Pasamos de una situación alta de subalimentación a una situación alta de obesidad y sobrepeso. La ley de seguridad alimentaria tiene que dar cuenta de las dos cosas, de las dos puntas. Además, ratifica un derecho importante que es la exigibilidad del la seguridad alimentaria nutricional. Se puede exigir al Estado judicialmente a que lo restituya.

—Los desechos de los alimentos es otro tema que preocupa a la FAO. ¿Cómo están atacando el problema?

—La FAO hizo un análisis en el cual verificó que alrededor del 30% de los alimentos se desperdician, un tercio de la producción. En los países productores ocurre en el momento de cosecha, poscosecha y transporte. En los países con alto nivel de desarrollo el desperdicio es directo del alimento. Los países que no son altamente desarrollados desperdician en una punta, en la producción y los desarrollados en la otra, en el consumo. A veces hay hábitos de gente que si no come un alimento un día al otro lo desecha. Con ese 30% sería suficiente para cubrir la cantidad de personas que están en subalimentación. Es una cuestión ética, hay gente que está muriendo en otro lado y tu lo estás botando. En tu comunidad puedes racionalizar el consumo, evitar desperdicios y tal vez con eso generar precios más justos de los alimentos si todos consumen dentro de su rango y no acumulan para después desperdiciar. También hay un tema ambiental. Para producir los alimentos que desperdicias, ¿cuánta agua necesitas? ¿Cuántos nutrientes necesitas restituir al suelo? Es lo que hablamos al principio, de conciencia agropecuaria. El hecho de que tú desperdicies alimentos simplemente porque no los quieres consumir, es un hábito que tiene su consecuencia. Tal vez no eres consciente de que estás contaminando suelo, aire y agua al botarlo. Esa es la comprensión que tenemos dentro de la FAO, que necesitamos reducir pérdidas y desperdicios de alimentos por una perspectiva ética, moral y también por un tema económico, social y ambiental.

Tenemos algunos programas en países como Uruguay. Estamos asesorando para generar legislación sobre reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos. Es importante trabajar en el área legal porque en algunos países que venden alimentos prefieren descartarlos antes que hacer una donación. Desde la perspectiva fiscal para hacer una donación tiene que hacer una serie de procedimientos administrativos que les complica y no tienen ningún incentivo para donarlo. Por lo tanto, es más simple desechar. Ese tipo de cosas son las que abordamos en esta discusión: cómo reducir los desperdicios y también facilitar que ese alimento circule en un contexto local. Hay necesidad de trabajar en esto en la región.

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