Desapariciones, trata y whiskerías

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Nº2038 - al de Septiembre de 2019
por Pau Delgado Iglesias

Ves el titular pero seguís de largo, no te detenés: el tema no entra en tu campo de atención, no te interpela, no te queda sonando. Priorizás las noticias económicas, las deportivas, las de campaña electoral; quedan atrás las invisibles, las que a nadie le importan, las que la prensa casi no menciona.

Quedan atrás Sandra Cortazzo, Milagros Cuello Baladán, Alison Iribarne, Ayelén Álvarez y otras tantas mujeres, niñas y adolescentes que día tras día desaparecen, impunemente, en plena democracia.

Pando, Barros Blancos, Villa García, zonas turísticas o zonas de frontera: los barrios se repiten, los contextos son similares. La pobreza es un denominador común de las mujeres desaparecidas, porque cuanto mayor es la pobreza, menor es el acceso a la Justicia y por lo tanto más difícil que se investigue. Los expedientes se mantienen inmóviles, abiertos por años, sin que casi nadie se pregunte dónde están. En muchos casos sus familias las siguen buscando, aunque de vez en cuando reciben extorsiones y hasta amenazas de muerte, “sustos” para que se cansen de buscar. Mientras tanto, el Estado no ofrece a estas familias protección de ningún tipo.

Desde finales de 2017, un grupo de mujeres busca visibilizar las desapariciones de niñas y mujeres en Uruguay. Para eso formaron la coordinación ¿Dónde están nuestras gurisas?, que trabaja estableciendo contacto con las familias de desaparecidas y las acompaña en el proceso de búsqueda. Llevan adelante una página de Facebook que mantienen actualizada con información relevante. Elaboraron una guía digital para denunciar las desapariciones, donde sugieren no esperar 24 horas para realizar la denuncia (como aconseja la Policía), e informan que puede presentarse en cualquier comisaría o en la Fiscalía General de la Nación. Aclaran que a la Policía le corresponde entregar un comprobante de denuncia con un número identificador, que es lo que va a permitir luego seguir el caso.

En la presentación de su página de Facebook, explican: “Ante el silencio de las autoridades, la Policía y la prensa salimos a la calle a denunciar cada caso, visibilizando las trabas legales que impiden a las familias el acceso a la Justicia, así como la connivencia del Estado con las redes de trata”. Es que la trata de personas es el gran tema subyacente en los casos de desaparición. Y aunque no siempre se puede asegurar una relación directa, en algunos casos las investigaciones policiales permiten determinar que la víctima está, o estuvo, en una red de trata y explotación sexual. Según Andrea Tuana, de la ONG El Paso, se puede afirmar que varias desapariciones están relacionadas con redes de trata. Sin embargo, la Justicia sigue sin actuar: hay casos abiertos con personas indagadas que aún no han sido llevadas al juzgado.

Uruguay es un país de origen, tránsito y destino de trata de personas. En julio del año pasado el Parlamento aprobó la Ley N° 19.643 de Prevención y Combate de la Trata de Personas, pero no se le ha adjudicado presupuesto. A escala global, se sabe que 72% de las personas víctimas de trata son niñas y mujeres: la mayoría de estas viven en condiciones de vulnerabilidad social y económica.

Aunque se pretenda pensar en la trata como un fenómeno lejano, resulta claro que no lo es. De hecho, las víctimas de trata con fines de explotación sexual muchas veces conviven en los mismos establecimientos que las mujeres “legalmente prostituidas”. Así, quizás, algunas de esas caras que, como congeladas en el tiempo, figuran en la página del Ministerio del Interior como “personas ausentes”, puedan encontrarse entre los pasillos de algún prostíbulo de Maldonado o una whiskería de Montevideo. Víctimas de los proxenetas, de los consumidores, del Estado, de la Justicia. Víctimas de una sociedad que prioriza otros temas, una sociedad que les da la espalda; por pobres, por mujeres.

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