Fachada de al Udelar. Foto: Nicolás Der Agopián

Disputa universitaria genera acusación sobre una “Camporita” de “patoteros” oficialistas que integran el gobierno de Vázquez

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Nº1865 - al de Mayo de 2016
escribe Juan Pittaluga

Son jóvenes, profesionales universitarios, de izquierda y adherentes al partido de gobierno. Hacen énfasis en las actividades voluntarias barriales y están muy activos en las redes sociales. Presentan un sostén de militancia y también de gestión para el oficialismo, pues ocupan puestos en la administración.

En esa definición caben los integrantes de La Cámpora, la organización política argentina que más influencia tuvo en el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En esa definición también cabe el Frente Estudiantil Zelmar Michelini (Frezelmi), una agrupación de estudiantes y egresados de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, denominados por ciertos grupos de la institución como “La Camporita” por su similitud con la organización argentina.

Pero lejos de ser un elogio, el apodo se da por una connotación negativa: dentro de la Facultad esos grupos consideran que Frezelmi ha imitado no solo las características positivas de La Cámpora, sino otras más cuestionadas, como su agresividad para manifestarse políticamente.

La disputa política en Derecho, con Frezelmi como uno de sus protagonistas, lleva ya casi diez años. Pero en las últimas semanas el conflicto se agudizó por la cercanía de las elecciones universitarias, realizadas en todo Uruguay ayer miércoles para elegir a los miembros estudiantiles, egresados y docentes de la Asamblea General del Claustro de la Universidad y de la Asamblea General del Claustro de cada Facultad, y a los miembros estudiantiles del Consejo de cada Facultad.

El 27 de abril, un comunicado de Presidencia anunció que el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) renovó un convenio con el Centro de Estudiantes de Derecho (CED), dirigido por integrantes de Frezelmi. El acuerdo ofrece en locales del Mides atención y orientación jurídica gratuita a personas en situación de vulnerabilidad social, que tienen la posibilidad de asesorarse en casos de reclamos de pensiones alimenticias, adopciones, tenencias, denuncias por violencia doméstica y partidas de nacimientos, entre otros temas.

Pocos días antes del anuncio, la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, recibió un pedido de informes del diputado del Partido Nacional Pablo Iturralde. El legislador consultó sobre el detalle de los contratos entre el Mides y las asociaciones civiles, fundaciones y sindicatos entre 2010 y 2015. Iturralde explicó que realizaba la consulta porque recibió “denuncias” acerca de los “excesos cometidos por el Mides en el ejercicio” de la facultad excepcional que le da el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf).

El convenio entre el Mides y el CED se celebró por primera vez en 2011, permitiendo que hoy haya 18 consultorios jurídicos en todo el país y unas 10.000 consultas estimadas para este año. Son coordinadas y trabajan en ellas abogados egresados de la Universidad, acompañados por estudiantes. Todos ellos acceden por concurso. Entre 2011 y 2015 los convenios significaron una transferencia de dinero de $ 13.349.076 desde la cartera de gobierno al Centro de Estudiantes. De esa cifra se pagaron los salarios de coordinadores y abogados, viáticos, materiales de trabajo y materiales gráficos.

La falta de documentos que demuestren en qué se usaron esos fondos llamó la atención, entre otras cosas, de Matías Calero y Roberto Soria, dos estudiantes independientes de la carrera de Derecho que escribieron una carta abierta para “realizar planteamientos atinentes al orden estudiantil” previo a las elecciones. En la carta definen el convenio con el Mides como de “importante gravedad” pues los estudiantes no recibieron “ningún tipo de rendición de cuentas por la gestión del CED en lo relativo al dinero”.

También hubo quejas desde la Corriente Gremial Universitaria (CGU), agrupación de estudiantes y egresados vinculada al Partido Nacional y opositora a Frezelmi en la Facultad de Derecho, cuyos integrantes sospechan que parte del dinero ingresado a través del Mides, destinado para materiales gráficos, es utilizado por el CED con “fines propagandísticos a la interna de la Facultad”.

El conflicto en la institución viene desde hace tiempo. En marzo de 2014 un grupo de docentes de izquierda, en desacuerdo con la gestión de la entonces decana Dora Bagdassarián, impulsó la candidatura del actual decano Gonzalo Uriarte. Habían apoyado a Bagdassarián en su primera gestión (2006-2010), pero decidieron abrirse tras su segundo decanato. Para lograr que Uriarte fuera votado, el grupo debió conseguir el apoyo de la CGU, y ambos quedaron enfrentados con Frezelmi, que proponía un continuismo a Bagdassarián con Juan Raso Delgue como candidato.

La situación profundizó diferencias políticas e ideológicas que se habían generado desde 2010. Produjo un fuerte intercambio entre ambos bandos de críticas e insultos en las redes sociales y en los propios ámbitos de la institución, que con intervalos, se mantienen hasta hoy.

“Me vino a increpar y me dijo que era un lumpen, que era un muerto, que no existo. Que él no cree en la democracia directa”, informó Soria a Búsqueda que le dijo un integrante de Frezelmi el viernes 29, luego de enterarse del contenido de su carta. Según el estudiante, debido a actitudes como esa Frezelmi se ha ganado el apodo de “La Camporita”.

Las fuentes de CGU consultadas confirmaron que distintas personas así denominan a la agrupación, despectivamente, porque “son patoteros”, “tienen métodos agresivos” y muchos de sus integrantes ocupan cargos en el gobierno de Tabaré Vázquez.

Entre ellos está Juan Pablo Pío, desde el 1º de marzo asesor letrado de la Prosecretaría de la Presidencia de la República. Abogado y máster en derecho administrativo, Pío ocupa tres cargos en la Universidad: es coordinador del programa de consultorios jurídicos del Mides, es consejero por el orden de egresados en la Facultad de Derecho y es miembro de la Junta Directiva Honoraria de la Fundación de Cultura Universitaria. Fue además candidato en las elecciones de ayer miércoles, como parte de la lista de egresados de Frezelmi para ocupar el Claustro de la Universidad.

“Esto nos lleva a incurrir de nuevo en preguntas, ya perplejos, dada la gravedad que acarrean: ¿son compatibles los cargos que desempeña actualmente el Dr. Pío?, ¿no implican un par de intereses en conflicto?”, apunta la carta de Calero y Soria. El martes 3, en una asamblea de estudiantes convocada por ellos dos y a la que asistieron cerca de 50 personas, se resolvió exigir “la renuncia inmediata del Dr. Juan Pablo Pío de sus cargos; así como de cualquier cargo que desempeñe asociado a la Facultad de Derecho”.

Pío no es el único integrante de Frezelmi criticado por independientes y opositores por tener puestos tanto en la Facultad como en organismos del Estado. Nicolás Brener y Martín Esposto, también candidatos por la lista de egresados de Frezelmi al Claustro de la Universidad en las elecciones de ayer miércoles, trabajan en ASSE: el primero en la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y el segundo como secretario letrado del Directorio. Por su parte Florencia Ualde, candidata por la lista de egresados de Frezelmi al Claustro de Derecho, es asesora del Ministerio de Industria, Energía y Minería.

En Frezelmi, sin embargo, aseguran que “no existe absolutamente ninguna incompatibilidad en ocupar un cargo del Estado y otro en la Universidad” y que “no hay ningún impedimento” en tener un puesto en el Estado cuando se accedió a él legítimamente. “Si fuera por eso, la CGU estaría en graves problemas, porque casi todos sus miembros son asesores de parlamentarios”, indicó un dirigente de Frezelmi a Búsqueda.

Desde la agrupación negaron además, que sea cierto que se los compare con La Cámpora. Lo calificaron como “una maniobra burda y barata” de la CGU y del decano Uriarte. “Nadie nos llama así, es un disparate, una mentira. Ellos dicen que sí porque tienen miedo de poner sus nombres y decirnos corruptos, ya que saben que eso implicaría demostrarlo luego en un juzgado”, afirmó otro dirigente. “Todo sobre el convenio del Mides está auditado. Hay rendiciones de cuentas. El Ministerio conoce todo al detalle y quienes lo critican también, pero dicen que no como parte de esta maniobra”, concluyó.

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