El presidente de la Junta Anticorrupción no está de acuerdo con la propuesta del oficialismo; Lorenzo y Calloia quedarían absueltos en el “caso Pluna”, si se aprueba

El Frente Amplio promueve derogar el delito de abuso de funciones y se basa en un proyecto de hace diez años de Sanguinetti

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Nº1913 - al de Abril de 2017
Foto: Presidencia.

Los argumentos que manejó hace diez años el entonces senador Julio María Sanguinetti al proponer un proyecto de ley que derogaba el delito de abuso de funciones fueron la base para que, esta semana, el Frente Amplio volviera a presentar en el Parlamento una iniciativa que elimine un artículo del Código Penal por el que han sido procesados jerarcas de varios gobiernos.

Los últimos casos más conocidos son los del ex ministro de Economía, Fernando Lorenzo y el ex presidente del Banco República, Fernando Calloia. Ambos fueron procesados en abril de 2014 por el delito de abuso de funciones en el “caso Pluna” y ahora el juez de la causa debe definir si hace lugar al pedido de condena planteado por la Fiscalía. Si el Parlamento aprueba la propuesta y elimina el delito, los dos quedarían absueltos.

El artículo 162 del Código Penal se refiere al abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley. El texto establece que el “funcionario público que con abuso de su cargo, cometiere u ordenare cualquier acto arbitrario en perjuicio de la Administración o de los particulares, que no se hallare especialmente previsto en las disposiciones del Código o de las leyes especiales, será castigado con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría, inhabilitación especial de dos a cuatro años y multa” que va de las 10 a las 3.000 Unidades Reajustables.

El miércoles 5, a instancias de los senadores del Frente Amplio se presentó un proyecto de ley para derogar ese artículo. La iniciativa contó además con la firma de respaldo de dos senadores del Partido Nacional Jorge Saravia y Guillermo Besozzi.

La propuesta no tiene el apoyo de los senadores del Partido Colorado. José Amorín dijo que dado que hay casos en trámite “claramente no es el momento” de plantear esta iniciativa.

Pedro Bordaberry, en tanto, dijo a Búsqueda que es “un error” derogar el artículo. Uno de los fundamentos es que “sería inconstitucional”, más allá de que existen “pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia acerca de la constitucionalidad” del artículo, comentó.

También señaló que hay un “tema de oportunidad” porque “se pretende derogar un delito cuando existen notorios políticos, ex ministros de Economía, ex presidentes del Banco de la República, cuyas condenas están a estudio del Poder Judicial por este mismo delito. Además, este es uno de los posibles delitos que fueron denunciados en el caso de Ancap que ya lleva un año de tramitación y en el que se van a realizar audiencias judiciales muy pronto; no sería coherente hacer la denuncia y promover la derogación del delito denunciado”.

Bordaberry dijo además que es un “pésimo mensaje a la sociedad”. “En momentos en que existen denuncias muy graves en la Justicia uruguaya, en momentos en que la región enfrenta un vendaval de acciones judiciales contra políticos —el “Lava Jato”, causas contra los Kirchner, tirada de bolsos por arriba de muros en conventos—, el mensaje es derogar el delito. Creemos que en lugar de derogar el delito de abuso de funciones lo que se debe hacer es aprobar dos proyectos que presentamos hace dos años y ni siquiera se ponen en el orden del día de la Comisión correspondiente: el que tipifica el delito de enriquecimiento ilícito (reclamo, además de la Junta de Transparencia y Ética Pública y obligación que Uruguay asumió y que esta incumpliendo, en tratados internacionales) y la no prescripción de los delitos de corrupción”.

El legislador recordó que cuando le tocó ocupar varios Ministerios durante la administración de Jorge Batlle, nunca sintió que el 162 del Código Penal fuera una “espada de Damocles” en su cabeza, sino que fue una “exigencia a actuar de la mejor forma”.

El senador dijo que discrepa con la visión de Sanguinetti, quien en abril de 2007 presentó un proyecto para derogar el delito.

Precisamente, los fundamentos que esgrimió el ex presidente cuando presentó el proyecto de ley son la base de la exposición de motivos del texto que presentó esta semana el Frente Amplio.

Sanguinetti planteó la derogación del artículo porque “limita severamente la actividad de los administradores” y “promueve la consideración por la Justicia penal de temas que son estrictamente políticos y que merecen el tratamiento de tales”. “El mantener una suerte de delito comodín, en el que se puede incurrir sin saberlo, es un agravio a un ordenamiento jurídico inspirado en los grandes principios liberales y también una amenaza contra la separación de poderes”, sostenía en 2007 el entonces senador colorado.

Que no se derogue.

Consultado por Búsqueda, el presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (conocida también como Junta Anticorrupción), Ricardo Gil, dijo que no está de acuerdo con la propuesta del oficialismo. “Capaz que hay que ajustar la redacción” del delito pero “no derogarlo”, dijo. Remover el abuso de funciones del Código Penal “va a implicar que queden sin castigo comportamientos no contemplados en otros delitos”, añadió.

Gil aclaró que las actuales autoridades de la Jutep, que asumieron a comienzos de febrero, no fueron consultadas por los redactores del proyecto y que la opinión que brindó a Búsqueda es a título personal y no en representación del organismo.