Estación Central. Foto: Creative Commons

El gobierno incluyó un artículo en la Rendición de Cuentas para recuperar la Estación Central antes del final del juicio

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Nº1925 - al de Julio de 2017

La Estación Central General Artigas iba a ser reconvertida en un shopping, cuatro torres de apartamentos y un hotel cinco estrellas. Sería un emprendimiento millonario que revitalizaría una zona de la ciudad que había perdido su encanto. Pero todo salió mal. Quince años después de que se adjudicara la licitación para llevar adelante el proyecto, el único resultado concreto es un enfrentamiento judicial que parece interminable entre el empresario Federico Barboni y el Estado uruguayo.

La Intendencia de Montevideo solicitó ayuda al Poder Ejecutivo para destrabar la situación y concretar de una vez alguno de los proyectos que se acumulan en sus escritorios y que prometen un futuro mejor al viejo edificio, construido en 1897 y declarado Monumento Histórico Nacional en 1975.

Fue así que el Poder Ejecutivo redactó el artículo 268 del proyecto de Rendición de Cuentas que deberá ser votado por el Parlamento. Ese artículo establece que “en cualquier estado de la causa, aún sin ser parte, el Estado, las personas de Derecho Público no Estatal, o las entidades de cualquier naturaleza que sean propiedad del Estado, podrán solicitar al Tribunal que entiende en el asunto de que se trate, sea contencioso o voluntario, la entrega inmediata de los bienes de que sea titular el peticionante, siempre que la pretensión ejercitada en el proceso principal no refiera a la tenencia a cualquier título o a la reivindicación de los mismos”.

Para solicitar que se le entregue ese bien, el Estado deberá presentar una “petición fundada exclusivamente en la titularidad de los bienes” que reclama. Si no se los entrega en tres días, dice el artículo, “podrá promover la ejecución forzada de la obligación”. Y agrega que “las resoluciones que recaigan, no admitirán recurso alguno, salvo las que nieguen la entrega”.

El último párrafo del artículo establece que “la sentencia definitiva determinará las responsabilidades que puedan derivarse de este procedimiento así como los daños y perjuicios que se ocasionen”.

Consultado por Búsqueda, el ministro de Transporte, Víctor Rossi, dijo que el artículo es un instrumento que “el Estado tiene que tener”. Aseguró que el tema va más allá de la estación de trenes, porque hay “muchos predios” en situación similar en Montevideo.

Las fuentes consultadas por Búsqueda que conocen la génesis del artículo dijeron que si se aprueba en su redacción actual, el artículo 268 permitiría que el Estado recupere la vieja Estación Central antes de que termine el litigio con el empresario.

El artículo, sin embargo, no impide que el juicio siga su curso y que el demandante haga el reclamo correspondiente al Estado, indicó a Búsqueda una fuente de la Intendencia. La idea es “recuperar” el predio, no evitar el accionar de la Justicia ni lo que ella disponga, agregó.

“Es terrible”.

El artículo 268 podría ser una solución para la estación de trenes, pero su constitucionalidad es objeto de controversia.

En diálogo con Búsqueda, Adrián Gutiérrez, especialista en Derecho Administrativo e integrante del Departamento Jurídico de Baker Tilly, cuestionó que en el proyecto de Rendición de Cuentas se incluyeran artículos que no están relacionados con cuestiones presupuestales.

La Constitución prohíbe incluir en la rendición de cuentas y en el presupuesto “disposiciones cuya vigencia exceda el mandato de gobierno”, explicó Gutiérrez, aunque reconoció que es una práctica común de todos los gobiernos. Criticó, en particular, que algunos artículos que se incluyeron en el proyecto que envió el gobierno al Parlamento quieran “intentar solucionar cuestiones del momento”.

El artículo 15 de la propuesta, por ejemplo, establece que el Poder Ejecutivo puede no pagar esas sentencias o laudos cuando ello afecte la atención de los servicios a su cargo. Si se aprueba, el gobierno podría evitar pagar un fallo que lo obliga a laudar un reclamo por salarios que iniciaron los funcionarios judiciales.

Gutiérrez dijo que el artículo 268 “es terrible”. Cuestionó que fija un “proceso especial para el Estado” y señaló, a modo de ejemplo, que es el único que puede apelar si la Justicia rechaza su pedido de hacerse del bien. “Es casi como una medida cautelar” especial para el Estado, añadió. “Esto es tan en favor del Estado que una persona privada no puede ejercitar ese derecho”.

Gutiérrez insistió en que el artículo 268 “es grave”. Se trataría de “otra norma más que desequilibra la balanza a favor del Estado frente a los particulares”.