Foto: Nicolás Der Agopián.

Con poco dinero para repartir en la Rendición de Cuentas, dará más plazo al Poder Judicial para crear juzgados especializados y reducirá la intervención de la Fiscalía

El gobierno plantea postergar aplicación de la ley de género

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Nº1972 - al de Junio de 2018
escribe Victoria Fernández

El número creciente de femicidios y de denuncias de violencia doméstica empujaron al Parlamento a acelerar el año pasado la aprobación de una ambiciosa ley contra la violencia de género. Sin embargo, buena parte de lo que prevé la norma, que se votó en diciembre de 2017 con el apoyo de las organizaciones feministas, aún no pudo implementarse y, al parecer, no habrá recursos para que eso ocurra este año.

En los últimos días el Poder Ejecutivo, que está ajustando los últimos detalles del proyecto de Rendición de Cuentas que enviará al Parlamento, transmitió a la Corte que no habrá recursos para implementar la ley, dijeron a Búsqueda fuentes políticas y del ámbito judicial. Lo mismo comunicó a la Fiscalía, añadieron los informantes.

Ante la falta de dinero, el gobierno decidió otorgar un “plazo extra” de unos dos años para que el Poder Judicial lleve a la práctica la ley y así se lo planteó “informalmente” a los ministros de la Corte, precisaron.

Seguir peleando.

Ni bien se aprobó la Ley Integral contra la Violencia Basada en Género, desde el Poder Judicial se apresuraron a aclarar que no podían implementarla sin un presupuesto extra, ya que la norma crea juzgados especializados en violencia de género, que necesitan de cargos nuevos de jueces, defensores y funcionarios. De hecho, un primer estudio encomendado por la Suprema Corte de Justicia concluyó que se requeriría una inversión similar a la de la reciente reforma penal.

Ante la falta de recursos, el Poder Ejecutivo prevé incluir un artículo en la Rendición de Cuentas que otorgue más plazo a la Corte y así liberarla de la “urgencia” de crear esas sedes, con los gastos que ello conlleva. El ministro Jorge Chediak dijo a Búsqueda que no es un problema “solo de plazo”, y que aunque se postergue la implementación, sin recursos no es posible crear sedes nuevas.

Consultada por Búsqueda, la presidenta de la Corte, Elena Martínez, dijo que aún no hubo una comunicación oficial del Poder Ejecutivo sobre el tema, pero aclaró que el Poder Judicial “insistirá en que se otorguen recursos para implementar la ley”.

“Necesitamos juzgados nuevos, con todos los cargos que eso implica, y no nos vamos a dar por vencidos. Vamos a insistir con eso, en todas las instancias”, añadió.

Ante la falta de recursos, el Poder Ejecutivo prevé incluir un artículo en la Rendición de Cuentas que otorgue más plazo a la Corte y así liberarla de la “urgencia” de crear esas sedes, con los gastos que ello conlleva.

En el caso de la Fiscalía, la solución del gobierno ante la escasez de dinero es dejarla afuera de los procesos de protección, que son aquellos en los que, en un caso de presunta violencia doméstica, la Justicia dispone medidas cautelares para proteger a la víctima.

La ley establece que los fiscales intervengan en esos procesos, que luego en algunos casos derivan en expedientes penales. Es decir, la idea es que intervengan en el conflicto desde el inicio y no solo cuando el hecho termina en la Justicia penal.

Cumplir con esa tarea implica para la Fiscalía participar de unas 80.000 audiencias en el año, según las estimaciones de ese organismo. Por lo que pidió al gobierno unos $ 300 millones de presupuesto extra para hacerle frente.

“La respuesta del gobierno es que no hay recursos”, dijeron fuentes de la Fiscalía. Por tanto, acordaron que en la rendición se apruebe una modificación a la ley que deje fuera a los fiscales de intervenir en esos procesos.

“Es un retroceso en el cumplimiento de la ley de género”, comentó a Búsqueda una de las fuentes. Sin embargo, la “Fiscalía no se puede comprometer a cumplir si no tiene los recursos”.

A raíz de esto, la Fiscalía prevé transformar las seis sedes especializadas en violencia doméstica para que se especialicen en temas penales vinculados al género, como los delitos sexuales. Así, liberada de intervenir en los procesos de prevención, podrá reforzar su actuación en el área penal.

La Fiscalía prevé transformar las seis sedes especializadas en violencia doméstica para que se especialicen en temas penales vinculados al género, como los delitos sexuales.

Consultado sobre el tema, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, dijo a Búsqueda que, tal como afirmó cuando se aprobó la norma, si no hay recursos extra, su dependencia “no está en condiciones de cumplirla” y “no se va a comprometer a hacerlo” sin las condiciones que lo hagan posible.

Por otra parte, la Fiscalía aspiraba a obtener en la rendición unos $ 200 millones para refuerzo de personal, ya que los fiscales se han visto desbordados de trabajo desde que se aprobó el nuevo Código del Proceso Penal (CPP). 

Sin embargo, según las fuentes, el presupuesto que recibirá es “bastante inferior” al solicitado. Por lo tanto, de alrededor de los 120 cargos que aspiraba a crear, podrá incorporar entre 40 y 50.

Poco y “cualitativo”. 

El gobierno tiene previsto presentar este jueves 7 los lineamientos generales del proyecto a la bancada oficialista, una instancia que ya mantuvo con el PIT-CNT y las cámaras empresariales.

Los dirigentes del PIT-CNT salieron con poco de la reunión que mantuvieron el lunes en la Torre Ejecutiva. El enfoque había sido “cualitativo” y no les habían dado ningún número, declaró a la prensa el secretario general, Marcelo Abdala,

La postura del gobierno tampoco era alentadora para el movimiento sindical, que reclama recursos para distintas áreas. El ministro Danilo Astori les dijo que, ante un contexto internacional y regional complejo, no se afectará el déficit fiscal, no habrá nuevas cargas impositivas y se distribuirá el crecimiento económico para intentar cumplir los compromisos asumidos.

Ante la falta de recursos, el Poder Ejecutivo prevé incluir un artículo en la Rendición de Cuentas que otorgue más plazo a la Corte y así liberarla de la “urgencia” de crear esas sedes, con los gastos que ello conlleva.

“La reunión pasó a cuarto intermedio”, dijo Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, al informar en la conferencia que era la primera de varias reuniones y que en la próxima sí esperaban poder ver números.

El nuevo Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT analizó, el miércoles 6, la reunión y el panorama por delante. Fuentes que participaron en la reunión dijeron a Búsqueda que se valoró como “poco” lo obtenido, que será una rendición “menguada” y que no será “fácil” la discusión. 

Escéptico.

Tampoco los empresarios vieron números en su reunión con el gobierno. Se habló de cosas “ya sabidas”, dijo a Búsqueda el presidente de la gremial de industriales, Gabriel Murara.

Astori explicó que el 80% del gasto es rígido y que los “mínimos” aumentos que habrá serán en las áreas de educación, seguridad y sistema de cuidados, relató.

En la reunión, las autoridades también presentaron, de manera general, las medidas con las que esperan mejorar el nivel de empleo, vinculadas a cambios en la normativa de promoción de la inversión privada, subsidios para el programa de empleo juvenil, mayor desarrollo de las compras públicas con foco en las empresas de menor porte, entre otras.

Murara evaluó que la instancia de diálogo mantenida es un paso “diferente” al de años anteriores, aunque fue escéptico sobre su utilidad.

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