“¿Hasta cuándo vamos a seguir rescindiendo nuestra soberanía?” para complacer los requisitos de la OCDE, se preguntó la socia directora de Impuestos de la consultora EY

“El sector privado no aguanta más” impuestos; no hay “donde rascar”

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Nº1947 - al de Diciembre de 2017
Martha Roca

Aunque Uruguay está siguiendo en materia de transparencia fiscal los estándares internacionales adecuando sus normas a los lineamientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) “parece que nunca llegamos a estar tranquilos”, afirmó a Búsqueda la socia directora de Impuestos de la consultora EY, Martha Roca. Dijo que los cambios tributarios para algunos sectores como el software y el régimen de zonas francas que comenzarán a regir el año próximo “tienen nombre y apellido”, porque son modificaciones tendientes a salir del listado de “prácticas nocivas” que el foro de países desarrollados estableció con el objetivo de evitar que se erosione la base tributable entre los países. “¿Hasta cuándo vamos a seguir rescindiendo nuestra soberanía? (…) ¿Qué vendrá después?”, se quejó Roca.

La ejecutiva opinó que la ley de inversiones y el régimen de zona franca siguen siendo atractivos para los inversores, pero consideró que la carga tributaria de Uruguay “llegó a su límite”.

“Creo que el sector privado ya no aguanta más. Si repasás impuesto por impuesto, han ido al tope de todo, no hay lugar donde rascar más”, ilustró.

“Tenemos un fisco cuya eficiencia en recaudar es de un país desarrollado, pero quizás los servicios que recibimos no son de primer mundo”, alegó Roca.

A continuación, una síntesis de la entrevista.

—¿Qué cambios impositivos relevantes comenzarán a regir el año próximo?

—En el 2018 los cambios que se vienen —contenidos en la Ley de Rendición de Cuentas— buscan regular las plataformas informáticas, la economía digital, los beneficios para la biotecnología y el software. Hasta ahora los que desarrollaban software estaban exonerados en su actividad para la exportación y ahora van a estarlo en una proporción que tiene que ver con cuánto gastan en el país para su desarrollo. A su vez, empiezan a estar exonerados los que hagan software y soportes lógicos para uso local. Tanto el cambio para el software como lo que es el proyecto de ley de zonas francas —con media sanción— tienen nombre y apellido. En el caso de zonas francas hay cambios trascendentes, porque hasta el momento un usuario le podía prestar a otro dentro de la zona o hacia el exterior, pero ahora podrían prestar servicios a territorio no franco, siempre que el cliente sea contribuyente del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE). ¿Cuál es el motivo? Todo tiene su origen en la relación de Uruguay con la OCDE. Antes de 2007 Uruguay estaba en la lista negra de la organización y hubo un gran sacrificio y preocupación en salir de ahí, con una batería de medidas: la reforma tributaria en sí, que derogó el régimen de las Safis, se crearon conceptos internacionales que en la normativa local no existían como los precios de transferencia, el establecimiento permanente. Se creó el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Se hicieron cambios en las acciones de las sociedades al portador, que se registran en el Banco Central, y se extendió para las nominativas que antes de junio de 2018 se deberán registrar.

Se firmaron los convenios de intercambio de información tributaria y para evitar la doble imposición con países relevantes como Argentina y Brasil, y ya son más de treinta.

Ahora somos cooperantes y logramos estar en el foro global de la transparencia, porque se consideró que Uruguay había cumplido mayormente. Además, Uruguay firmó  el acuerdo multilateral por el cual a partir de 2018 va a entrar en el intercambio automático de información financiera de los residentes de aquellos países con los que tiene convenio. Se derogó el secreto bancario.

—Pero con esos cambios Uruguay dejó de ser considerado paraíso fiscal, ¿cree que no valió la pena?

—Ese es el tema, si valió la pena… Porque estar en la lista gris implicaba dejar de ser un país atractivo para invertir, lo que se supone afectaría también el comercio, se encarecería y dejaría de ser competitivo. Esa era la amenaza. Y el gobierno uruguayo no quiere estar en esa lista, es un tema que se lo ha puesto en el orden del día. Lo que uno ve es que estamos haciendo toda una serie de esfuerzos para cumplir con la transparencia, pero parece que nunca llegamos a estar tranquilos.  Porque cumplimos con todo, quedamos abanderados, hicimos hasta más y ahora la OCDE está trabajando en un proyecto que se llama BEPS (por la sigla en inglés de Base Erotion & Profit Shifting) que busca evitar que a través de operaciones entre los diferentes países se erosione la base tributable. Lo busca a través de 15 medidas que tratan de diferentes temas para evitar las prácticas nocivas que van a favor de la erosión fiscal.

En esas prácticas nocivas cayó Uruguay en siete categorías y están bajo la lupa el régimen de zonas francas, el de software, el de biotecnología, el régimen de centros de servicios compartidos. Y a raíz de eso, antes del 31 de diciembre de 2017 los países que están en ese listado —que son muchísimos— si no toman algún tipo de medida vuelven a estar amenazados con estar en la lista gris. ¿Hasta cuándo vamos a seguir rescindiendo nuestra soberanía? Los cambios de ahora en el régimen de software y biotecnología y de zonas francas son todos tendientes a salir de ese listado de prácticas nocivas. Ahí está la explicación. ¿Qué vendrá después?

—¿El sistema tributario sigue cumpliendo el objetivo de simplicidad bajo el cual fue reformado hace 10 años?

—Absolutamente no. Hoy el sistema es mucho más complejo de lo que era antes de la reforma, se abusó de la figura de agente de retención y tuvo muchos parches con normas que cambiaron. La DGI ha sido muy eficiente en la recaudación con la política del miedo que ha instaurado a través de las inspecciones. Ha hecho una labor muy buena en lo que es el efecto susto a través de controles extensivos, el envío de notificaciones al barrer donde le dice a la empresa que tiene un porcentaje de probabilidad de ser inspeccionada, etcétera. Entonces, tenemos un fisco cuya eficiencia en recaudar es de un país desarrollado, pero quizás los servicios que recibimos no son de primer mundo.

Además, hay un gran debe, que es la carta de derechos del contribuyente. Porque hoy si tenés una inspección de la DGI no sabés cuándo termina, eso le da bastante poder a la Impositiva e incertidumbre a la empresa.

—¿Qué análisis hacen los inversores de la estructura impositiva uruguaya?

 —La ley de inversiones es de los beneficios tributarios que van quedando, si bien se restringieron en 2012. El régimen igual sigue siendo atractivo, junto con el de zona franca. Lo que quiere el inversor es retorno por su capital, no podemos ser tan líricos de pensar diferente, la ecuación del impuesto es uno de los aspectos más importantes que mira el inversor.

—¿Y qué dice sobre el nivel de carga impositiva en un contexto de menor rentabilidad y dinamismo económico?

—Que debería haber una adaptación de los impuestos. La carga tributaria es muy grande en Uruguay, llegó a su límite, creo que el sector privado ya no aguanta más. Si repasás impuesto por impuesto, han ido al tope de todo, no hay lugar donde rascar más. Se tiene que venir un cambio, porque estamos dejando de ser competitivos como país. Tenemos unas contribuciones a la seguridad social altísimas.

Muchas veces cuando atendemos inversores y comparan entre Costa Rica, Panamá o Uruguay dicen que el costo tributario de Uruguay es muy grande; incluso en zona franca —que está exonerada de impuestos— perdemos por la carga laboral. Y con las normas del trabajo, el mundo tiende a flexibilizar y Uruguay está en las antípodas. Eso también es un tema que, si no se encara, nos va a sacar del juego, porque el empresario siente que no es el dueño de tomar las decisiones.

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