Engañapichanga

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Nº1930 - al de Agosto de 2017
por Claudio Paolillo
Claudio Paolillo

Durante mucho tiempo, la mayoría de los uruguayos hemos creído que la gratuidad de la universidad pública era una garantía para la igualdad de oportunidades en el punto de partida para los jóvenes del país que terminaban sus estudios en la educación media: pobres, ricos, clase media, todos estábamos protegidos por un sistema generoso que equilibraba las diferencias sociales y permitía que los hijos de una humilde y, eventualmente, iletrada lavandera uruguaya pudieran alternar, a la par y sin diferencias de ninguna especie, con los hijos de las familias más pudientes.

“La universidad pública y gratuita asegura, especialmente a los más desposeídos, la movilidad social necesaria para que el hijo de una familia pobre obtenga los conocimientos suficientes para progresar en la sociedad y no repetir con sus propios hijos una infancia llena de penurias y escaseces, impuestas por una economía dominada por un mercado inhumano y explotador”. Esa frase —y otras por el estilo— suele escucharse hasta hoy en los actos del PIT-CNT y de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), una institución dominada por dirigentes de tal radicalidad que acaban de reclamar la renuncia del canciller frenteamplista Rodolfo Nin Novoa por haberse sumado a la decisión del Mercosur en cuanto a la suspensión de la dictadura venezolana del bloque regional. Por supuesto, la FEUU no ha emitido un solo comunicado a raíz de los asesinatos de decenas de estudiantes a manos del régimen de Nicolás Maduro, dictador al cual la FEUU apoya.

Pero aquello de que la gratuidad iguala es un engañapichanga, un engañabobos y, peor, pura charlatanería sin sustento. Al revés: gracias a la gratuidad, la Universidad de la República reproduce y aumenta las desigualdades sociales a niveles alarmantes.

Veamos por qué.

En abril, el economista y doctor en Ciencias de la Educación, Claudio Rama, publicó una reveladora investigación bajo el título La reforma de la educación superior uruguaya. Allí, el investigador demuestra, con cifras oficiales, el carácter regresivo del sistema vigente.

Rama —que fue director del Instituto Internacional de la Unesco para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (Iesalc)— sostiene que en materia de reforma universitaria, Uruguay “está caminando sin rumbo” debido a “luchas políticas, viejos paradigmas y sistemas corporativizados”.

“La educación terciaria no crea igualdad de oportunidades ni iguales niveles de formación de capital humano sino que se constituye en un mecanismo de reproducción y de aumento de desigualdades sociales preexistentes”, dice Rama. Agrega, citando otras investigaciones, que se ha comprobado que la educación “es el factor que explica entre un cuarto y un tercio de la desigualdad social” y que “más años de estudios de calidad es más determinante como mecanismo para salir del círculo vicioso de la pobreza que la sola cantidad de años de estudio”.

En Uruguay, las desigualdades más marcadas en su educación superior “están dadas por el bajo acceso y peor egreso de los sectores de menos ingresos, de personas del interior, de personas con discapacidad e inclusive de hombres respecto a las mujeres”.

Entre 2006 y 2010, como se sabe, el país vivió un ciclo muy importante de expansión económica. Sin embargo, en el mismo período aumentó el abandono escolar. Según el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), los estudiantes fueron progresivamente expulsados por las estructuras educativas: lentamente hasta los 13 años de edad y más intensamente a los 15 (para los más pobres) y a los 18 (para los más ricos).

“Los datos oficiales muestran que los más pobres no acceden a la educación superior y que desde el 2006 tal situación se tornó más injusta”, informa Rama.

Pruebas al canto: en el año 2006, entre la población de 25 a 59 años del 20% más pobre, apenas el 2% accedía a la educación superior. En el 2010, ese guarismo había descendido a 1,4% (es decir, 30% menos). En cambio, entre el 20% más rico de la sociedad, en el 2006 un 55% cursaba estudios terciarios y en el 2010 lo hacía un 50,3%.

Adviértase la enorme diferencia: 2% de los más pobres y 55% de los más ricos iban a la universidad en el 2006; 1,4% y 50,3%, respectivamente, en el 2010. ¿Igualdad?

Rama manifiesta que el gasto universitario y terciario (1,05% del PBI o 588 millones de dólares) es “regresivo” porque “ha crecido mucho más que el incremento de la población de bajos ingresos” y “ha aumentado el beneficio de las transferencias a los sectores de mayores ingresos”. O sea que la gratuidad y los sucesivos aumentos presupuestales han beneficiado en forma más intensiva a los que ya tienen recursos. ¿Suena a broma? Pues no lo es.

Por si fuera poco, la reforma tributaria que, desde el año 2007, grava a los salarios, fue un desincentivo para la formación universitaria. “Si la educación superior no es un gasto sino una inversión, deberían exonerarse todos los gastos directos o indirectos que las familias tienen en educación superior”, evalúa el experto.

Además de la desigualdad según ingresos económicos, el sistema también discrimina según parámetros geográficos. En Uruguay, el 58% de los habitantes viven en el interior. Pero el 69% de los estudiantes universitarios residen en Montevideo.

“Durante años se supuso que la gratuidad y el acceso libre sin selección iban a producir automáticamente la equidad. (…) La realidad, sin embargo, muestra que a medida que aumentan los recorridos estudiantiles desde el preescolar hasta el postgrado, los estudiantes proceden en forma creciente de los sectores de mayores ingresos y de Montevideo e, inversamente, desertan aquellos provenientes de los menores quintiles de ingresos y del interior”, advierte Rama. Los desertores “son dominantemente hombres, de menores ingresos económicos, del interior, de los liceos públicos y de menores stocks de capital cultural en sus hogares”.

El investigador enumera la “enorme encrucijada” que enfrenta el Uruguay en el largo plazo: “Escaso mercado interno, estructura demográfica envejecida, alta corporativización de su vida social, fuerte peso del gasto público, alto burocratismo e ineficiencia estatal, baja productividad laboral, reducida tasa de crecimiento poblacional, alta concentración poblacional del territorio con enormes dinámicas centralistas en casi todos los ámbitos” y “alta regulación laboral”. La educación —y, en particular, la universitaria— es clave para afrontar “las dificultades de construir un país minúsculo en un entorno global altamente complejo, competitivo y basado en el conocimiento y la educación”.

Por si no quedó claro, en la universidad estatal los pobres financian la educación de los ricos. Esto, que viene de larga data, no es de izquierda ni de derecha. Simplemente está mal, es profundamente injusto y ensancha las grietas sociales. No lo ve el que no lo quiere ver. O porque es beneficiario de esta situación por pertenecer a alguna de las corporaciones que trancan el desarrollo del Uruguay.

Bien harían las agrupaciones estudiantiles en tratar de resolver este drama social uruguayo, en lugar de dedicar su tiempo a defender a dictaduras extranjeras.

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