El exdirigente de la FIFA es uno de los cuatro procesados que presentaron recursos

Eugenio Figueredo pidió a la Justicia que cierre su caso porque la nueva ley de lavado de activos extinguió su delito

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Nº1964 - al de Abril de 2018
escribe Victoria Fernández
Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS

La nueva Ley Integral contra el Lavado de Activos, aprobada a impulso del Poder Ejecutivo para mejorar los controles al blanqueo, tuvo una consecuencia inesperada. La norma Nº 19.574, promulgada en enero, recopiló toda la legislación vinculada al tema en un único texto. Además, creó nuevos delitos vinculados al lavado de capitales y aumentó la cantidad de sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas.

Sin embargo, un detalle en la redacción de su último artículo abrió la puerta para que personas que fueron procesadas por lavado de activos reclamen su libertad. Es que los legisladores dispusieron que se deroguen las leyes anteriores relacionadas al tema, ya que quedaron sustituidas por la nueva norma. Y algunos abogados entienden que la palabra “derógase” —en lugar del término “sustitúyase”— permite interpretar que todos los delitos de lavado de activos que se juzgaron con las leyes anteriores dejaron de existir.

El primero en detectar la oportunidad fue el penalista Gustavo Salle. Según publicó El Observador en una nota del 28 de marzo, el abogado pidió que se anulara el procesamiento por lavado de activos de un cliente debido a que entendía que el delito había sido derogado. El fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco, y la jueza Beatriz Larrieu rechazaron el planteo. Salle apeló y el caso será analizado por un tribunal de segunda instancia.

Pero Salle no fue el único y el número podría seguir en aumento: en las últimas semanas otros tres procesados por lavado se sumaron al reclamo, entre ellos, el exdirigente de la FIFA Eugenio Figueredo. Según informaron a Búsqueda fuentes judiciales, en los tres casos se argumentó que la Ley 19.574 derogó el delito por el cual fueron procesados y se pidió la “cesación” de los procedimientos.

Figueredo fue procesado por estafa y lavado de activos en diciembre de 2015. En abril de 2016 obtuvo la prisión domiciliaria por razones de salud y a fines de 2017 la Justicia le concedió la libertad provisional. El juicio contra el exdirigente aún está en marcha debido a que resta la acusación del fiscal y la posterior decisión de la jueza Dolores Sánchez.

Si la Justicia accediera e hiciera caer el proceso contra el exdirigente, este recuperaría todos los bienes valuados en varios millones de dólares.

Aunque Pacheco ya fijó una posición contraria al reclamo generado por la Ley 19.574, la jueza Sánchez aún no se expidió. Si la Justicia accediera e hiciera caer el proceso contra el exdirigente, este recuperaría todos los bienes que entregó a la Justicia, valuados en varios millones de dólares.

También el empresario y sindicalista argentino Marcelo Balcedo, detenido en enero y acusado del delito de lavado de activos, evalúa sumarse al reclamo, según dijo a Búsqueda uno de sus abogados defensores, Juan Andrés Sarries. “Se cometió un error bastante grave. Se extinguió un delito y la gente debería ser liberada”, afirmó.

Debate.

Académicos y legisladores se enredaron en una polémica respecto a las consecuencias de la redacción de la ley. El abogado Andrés Ojeda fue de los primeros en iniciar el debate cuando trató el tema en el informativo de VTV. “La palabra ‘derógase’ lo que hace es derogar todos los delitos que existían en materia de lavado y los vuelve a relegislar y agrega nuevos. Eso reporta un montón de consecuencias graves e importantes”, dijo.

Para la jueza Larrieu, sin embargo, no se trata de la derogación de un delito. Según declaró a El Observador, la nueva ley “lo que hace es sustituir un artículo viejo por uno nuevo, exactamente igual”. “Obviamente que a los defensores les conviene la postura de que se derogó, porque si se entendiera derogado, caen todos los delitos cometidos hasta ahora. Pero esa no es la idea de la ley”, añadió.

La diputada nacionalista Graciela Bianchi, que trabajó en el proyecto de ley defendió la redacción y dijo que no se trató de un “error”, aunque propuso hacer una ley interpretativa para despejar dudas.

El diputado frenteamplista Alfredo Asti dijo que el cuestionamiento no es más que “una chicana jurídica” y Pablo Mieres, del Partido Independiente, destacó que jueces y fiscales no sigan “el juego” de los que buscan la libertad de los procesados. El colorado Ope Pasquet opinó que la discusión “debió evitarse” con una “mejor técnica legislativa”.

En una mesa redonda realizada ayer en la Universidad Católica ante una nutrida concurrencia, que incluyó a los fiscales Pacheco y Enrique Rodríguez, especializado en Delitos Económicos, se debatió el alcance del término “derógase”.

También el empresario y sindicalista argentino Marcelo Balcedo, detenido en enero y acusado del delito de lavado de activos, evalúa sumarse al reclamo.

El catedrático Martín Risso dijo que de no existir el artículo en cuestión, la derogación hubiera tenido lugar igualmente pero de manera “tácita y parcial”, es decir, sin efectos retroactivos sobre juicios en trámite. Sin embargo, señaló que al derogar un delito penal se borra la legislación anterior. Risso reconoció que fue consultado por el Parlamento sobre el tema y que no advirtió el problema: “Se cometió un error”.

A su turno, el penalista Gastón Chaves dijo que el tema es discutible y que “hay argumentos para las dos partes”. Opinó que como los delitos se derogaron en la misma ley que creó los nuevos, “es lo mismo que una sustitución”, por lo que no sería retroactivo.

El último expositor, Diego Gamarra, propuso una solución original al problema que generó el apoyo unánime de los disertantes. A su modo de ver, “si existió una derogación, esta es inconstitucional por ser contraria al interés general y al principio de igualdad”. Gamarra fundamentó su argumentación en que una ley que por una parte pena de forma más severa el lavado de activos no puede al mismo tiempo dejar sin efecto todas las causas que estén a estudio de los tribunales, dado que entre otras cosas ello sería “completamente arbitrario” y supondría un “tratamiento totalmente desigual” con las personas que sean encarceladas por los mismos delitos.

Risso evaluó que la idea era “muy interesante” y anticipó que quizás “sea la solución” a un problema con consecuencias potencialmente muy graves.

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