Débitos, en todas partes. Foto: Mauricio Zina, adhocFOTOS

La “inclusión financiera” es “un camino de ida”, porque se probaron las ventajas de usar medios de pago electrónicos

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Nº2057 - al de 2020

Junto con el explosivo aumento de las tarjetas de débito en circulación —luego de que, incentivados por la devolución de algunos puntos de IVA, muchos uruguayos descubrieron que no solo permiten sacar plata del cajero—, también creció la infraestructura para su uso. Por detrás de eso está el negocio de las empresas que alquilan o venden los aparatos, conocidos por la sigla POS (del inglés point of sale), para registrar los pagos con esos instrumentos. Además, surgieron emisores de dinero electrónico, aunque eso está menos extendido.

En teoría, estos sectores podrían estar amenazados por artículos del proyecto de ley de urgente consideración elaborado por el gobierno electo que harían opcional el pago de remuneraciones y honorarios mediante acreditación en cuentas bancarias —y su uso mediante tarjetas de débito— o dinero electrónico, lo mismo que para las compraventas de autos, inmuebles u otras transacciones de alto valor. Sin embargo, empresarios de las redes de POS consultados por Búsqueda no tienen una visión apocalíptica: sostienen que la gente ya se habituó a las ventajas de abonar sus consumos mediante débito —la comodidad y menor riesgo por no llevar efectivo—, y también los comercios, en general, encontraron beneficios. Por eso creen que, al menos este capítulo de la inclusión, no tendrá una reversión.

La visión es similar desde los bancos, que en el marco de esta política, en los últimos años debieron ofrecer cuentas gratuitas a los asalariados (pero a muchos los conquistaron como clientes de otros productos por los que sí cobran). “No prevemos que afecten mayormente los niveles de bancarización y en especial en Itaú, por los segmentos a los que apuntamos”, dijo a Búsqueda su director de Banca Minorista y Marketing, Carlos Ham. Y estimó que “la no obligatoriedad va a aliviar algunas tensiones entre consumidores (al no estar obligados) y entre los integrantes del sistema financiero (pues no van a tener que invertir en negocios no rentables)”.

¿Repliegue?

Para Paul Beare, gerente de la red de POS Resonance Uruguay, la “inclusión financiera” impulsada por los gobiernos del Frente Amplio fue un proceso gradual que “aceleró mucho la adopción de pagos electrónicos en el país”, poniéndolo a tiro de las tendencias mundiales. Sin que sea obligatorio para los comercios aceptar ese tipo de instrumentos, se dio un aumento de la competencia en la infraestructura, con más opciones para cobrar y pagar, destacó. Reconoció que, en algunos lugares, sobre todo en las poblaciones chicas, ese crecimiento no fue tan grande y debieron darse “flexibilidades”.

¿Habrá un repliegue si se aprueba el proyecto haciendo opcional los medios electrónicos de pago? No, en opinión de Beare, aunque no descarta que el crecimiento sea más lento en el futuro. “No creo que muchos vuelvan al efectivo, que es más inseguro, costoso y menos controlable para los comercios y las personas. Todos han visto los beneficios; si los comercios conservan el POS es porque tienen una herramienta más que les genera oportunidades de negocio”.

De hecho, Resonance mantiene sus planes de seguir creciendo a un ritmo de 2.000 nuevos puntos de pago al año. “No hay algo que cause una retracción de la inversión que se ha hecho, tanto del sector financiero como de parte de las redes de infraestructura de pagos. Pensamos seguir invirtiendo y agregando más servicios a los sistemas, que es lo que nos piden los comercios: ‘Cómo me ayuda a controlar el stock, a tener factura electrónica’”.

Para ese ejecutivo, “lo ideal sería que esto no se convierta en un tema político, de ir para atrás o adelante”, señaló.

Dentro del entretejido relacionado con la “inclusión financiera” hay empresas que brindan soporte técnico a las redes de POS, pero según algunas fuentes se trata de un rubro menor en la globalidad de su negocio.

Para ANDA (Asociación Nacional de Afiliados), que tiene emitidas unas 40.000 tarjetas prepagas, los cambios planteados no afectarían su negocio, dijo su presidenta, Elisa Facio. A su juicio, la cultura de usar el instrumento en lugar de efectivo “es un camino de ida”.

Recordó que la estrategia de ANDA al incorporarse en 2016 como una institución emisora de dinero electrónico fue con el fin de acompañar a sus socios (más de 270.000) en el proceso de bancarización, pero sin el ánimo de dar tarjetas a “troche y moche” por considerarlo “muy riesgoso”. Reconoció que es un área en la institución a la que le cuesta “despegar” y que está “casi por alcanzar” el punto de equilibrio.

El gerente de Nuevos Negocios de Scanntech, Diego Slinger, señaló que no ven que los cambios propuestos por el futuro gobierno “alteren el ecosistema actual” en cuanto a los pagos.

Slinger dijo que sí les “preocupa” que el proyecto no establezca “regulación alguna respecto a la apertura de la adquirencia”, donde existe un “monopolio privado de adquirentes, donde las tarjetas de crédito y débito Visa son adquiridas por Visanet, y las de MasterCard por First Data. Scanntech está listo para desempeñar ese rol de adquirente de MasterCard desde diciembre de 2018”, lo que quebraría con ese monopolio mejorando la eficiencia del sistema de pagos.

Inclusión polémica

Hace más eficientes los pagos; pone al alcance de los servicios bancarios a sectores que antes no llegaban; permite fiscalizar mejor las transacciones económicas —desalentando la evasión y el lavado de activos—; y saca dinero de la calle. Por todo eso, según Danilo Astori, el plan de “inclusión financiera” que impulsó su ministerio constituye “una de las mayores transformaciones estructurales” hechas por el país, una “causa nacional” que, según él, iría a “enamorar” a la gente. Frente a eso, ahora el gobierno electo anunció que pretende ir marcha atrás derogando el corazón de esa reforma: la obligatoriedad de pagar salarios a través de cuentas bancarias o de dinero electrónico, pero también de las transacciones por altos montos, como la compraventa de un auto o un inmueble.

Ese último punto fue una sorpresa que trajo el proyecto de ley de urgente consideración conocido la semana pasada; durante la campaña electoral, el candidato presidencial blanco, Luis Lacalle Pou, había prometido establecer como posibilidad, y no ya como algo forzoso, el pago vía bancaria pero de los sueldos. Donde dice “deberá”, el texto indica que “podrá” usarse el pago mediante acreditación en instituciones de intermediación financiera o en instrumentos de dinero virtual; el Poder Ejecutivo definirá un cronograma para que los empleadores se adapten a ese cambio, si se aprueba.

La reacción desde el actual oficialismo fue crítica —dar marcha atrás con la “inclusión financiera” es un “retroceso enorme en materia de transparencia” y va “a contrapelo de adonde va el mundo”, dijo en Búsqueda el director de ese programa del Ministerio de Economía (MEF), Martín Vallcorba (Nº 2.056)— y preocupó también a empresas que en los últimos años nacieron o crecieron de la mano de la bancarización obligatoria.

El futuro secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, dijo el martes 28 en Canal 12 que el gobierno saliente “se enamoró del instrumento” y perdió de vista el “objetivo”. Y agregó: “Estoy en contra de la obligatoriedad, no de la inclusión financiera”.

El polémico plan de inclusión se aplicó de manera gradual y terminó por producir cambios significativos en la forma en que los uruguayos hacen sus transacciones.

Por un lado, aunque muchas ya lo hacían, exigió a las empresas que paguen a sus trabajadores con medios electrónicos, dándoles a los asalariados la opción de elegir el banco en que recibir el dinero a través de una tarjeta de débito asociada. Se dejó afuera de ese requisito al medio rural y las personas ocupadas en localidades de menos de 2.000 habitantes, así como los del servicio doméstico cuyo empleador sea un pasivo.

Hoy también los alquileres deben abonarse mediante acreditación en cuenta, y por la misma vía el Estado debe pagar a sus proveedores. Además, está prohibido el uso de dinero en efectivo para operaciones de montos elevados (más de 40.000 unidades indexadas —UI— a la inflación), si bien se admitieron las Letras de Cambio en el caso de los inmuebles y los cheques diferidos para los vehículos, así como la entrega de efectivo por concepto de señas por hasta 8.000 UI.

Consultado por Búsqueda, el presidente de la Cámara Inmobiliaria, Wilder Ananikian, se manifestó satisfecho con la flexibilización propuesta por el gobierno electo. “Deroga todo... Es por lo que hemos luchado con los escribanos, abogados, promotores, rematadores, que no sea obligatorio y que no haya montos arbitrarios de US$ 4.000 y que todo sea bancarizado. Sobre todo porque no hay tantos cajeros en el interior y en zonas rurales”. Estimó que la medida pueda “impulsar” los negocios.

En el informe de transición entregado al futuro gobierno, el MEF detalló con números la profundidad de la reforma.

En cuanto a la universalización en el acceso a servicios financieros, a partir de la exigencia del pago de remuneraciones a través de medios electrónicos, en los últimos cinco años se emitieron 1,3 millones de instrumentos de dinero electrónico (IDE) y 850.000 nuevas tarjetas de débito, lo que supone que casi un millón de personas accedieron a una cuenta o IDE gratuito (40% de la población de 15 años o más). Además, en 2017 unas 31.000 empresas (28.000 micro) habían podido empezar a utilizar esos servicios. A esto se suma más de 10.000 cuentas gratuitas abiertas por el Banco República durante 2018 a micro y pequeñas empresas.

La infraestructura de pagos electrónicos se incrementó. La cantidad de comercios con terminales POS aumentó y a junio de 2019 había unos 69.000 de esos equipos en todo el país (5,3 veces más que en 2011).

Un índice construido por el Banco Central expone el cambio en el sistema de pagos uruguayo. El uso de instrumentos electrónicos —tarjetas de débito o de crédito con un único pago— en relación con los mecanismos tradicionales (retiros de efectivo en cajeros y cheques) pasó de ocho en el primer semestre de 2010 a 46 en enero-junio de 2019, el último dato informado.

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