Por problemas en los cultivos, se venderán cuatro variedades diferentes; el Estado deberá comprar toda la producción a las empresas aun cuando no se venda en farmacias

La regulación de la marihuana, una idea que Mujica encajonó por años y que sobrevivió al desgano de Vázquez

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Nº1925 - al de Julio de 2017

No dejó pasar ni un día del nuevo gobierno. El 1º de marzo del 2010 Milton Romani, quien lideraba la Junta Nacional de Drogas hacía cinco años, elevó un memorando al nuevo presidente de la República con el título Liberalización o legalización de la marihuana. En el documento le decía que había que quebrar el “mercado ilícito” y que Uruguay podía “estar llamado a ser” un país que liderara “un movimiento de debate continental para humanizar y darles un sentido más constructivo a las políticas de drogas”. Su jefe nunca respondió al planteo.

Esa no sería la única oportunidad en la que el presidente José Mujica despreciaría propuestas para regular el mercado de cannabis antes de que, a la defensiva por reclamos populares por mayor seguridad, el gobierno del líder tupamaro anunciara a la opinión pública que propondría al Parlamento la legalización. En esa ocasión no fue Romani el que lo convenció sino el entonces ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, y no con conceptos de “humanizar” la política de drogas, sino de pegarle al bolsillo del narcotráfico aplicando las “leyes de la economía”, según surge del libro Marihuana oficial. Crónica de un experimento uruguayo, de los periodistas Christian Müller y Guillermo Draper, que saldrá a la venta el lunes 10.

Entre aquel anuncio que sorprendió al mundo a la inminente puesta en marcha de la venta de marihuana en farmacias este mes, la idea corrió varias veces el riesgo de no llevarse a la práctica. La incertidumbre quedó por completo despejada para varios integrantes del actual gobierno recién en enero cuando el presidente Tabaré Vázquez, interrogado por una periodista alemana, respondió que el cannabis se comenzaría a vender a mitad de año.

Las “leyes de la economía”.

El 11 de mayo del 2012 un joven entró a una pizzería de Montevideo para robar la recaudación de ese día y sin un motivo aparente le disparó en el pecho a uno de los trabajadores. Fue el primero de varios episodios violentos que llevaron a Mujica a crear un gabinete de seguridad ad hoc encargado de idear propuestas para combatir la delincuencia y mejorar la convivencia.

En una de las reuniones, Fernández Huidobro, hoy fallecido, propuso su idea de legalizar el cannabis. El exministro la resumió en dos documentos de tres carillas que presentó al gabinete. “Se necesitan dos”, se titulaba el primero y explicaba que como cualquier mercado, el narcotráfico solo podía sostenerse con base en una demanda dispuesta a pagar los precios que se fijaban. Por eso la política prohibicionista era un error, según el excompañero de armas de Mujica en el Movimiento de Liberación Nacional. “El remedio ha sido mucho peor que la enfermedad. Y ha sido un ejemplo más, rotundo, de lo que sucede cuando se intentan violar ciertas leyes de la economía”, escribió.

El segundo documento de Fernández Huidobro contenía cuestiones más operativas. Imaginaba un modelo de control estatal de la producción y comercialización, mientras que rechazaba el autocultivo para consumo personal porque lo consideraba “incontrolable y peligroso”.

Ese documento también desnudó el desconocimiento que tenían el ministro y el presidente sobre el consumo de la droga que querían regular. Fernández Huidobro propuso entonces que quienes compraran la droga estatal —con un tope mensual— después debían presentar “los filtros usados de los cigarrillos” para probar que los consumieron. Mujica repitió esa idea días después del anuncio en una entrevista en Brasil.

“Una causa justa”.

La idea de los viejos guerrilleros provocó un terremoto político en Uruguay. No generaba unanimidad en el gabinete y mucho menos en el Frente Amplio. Las organizaciones sociales no podían creer que el cultivo doméstico quedara afuera de la ley, mientras que la oposición consideraba que era todo una “cortina de humo” del presidente.

Las encuestas de la época mostraban que una clara mayoría de los uruguayos estaban en contra de la medida, por lo que el propio Mujica planteó públicamente que quizás había que detener la discusión. Pero la propuesta había desatado un proceso que muchas personas estaban dispuestas a defender, aunque eso implicara utilizar herramientas con las que a priori no estaban de acuerdo.

La organización Proderechos consiguió financiación para desarrollar una campaña de comunicación con el objetivo de mover un poco el fiel de la balanza de la opinión pública. Idearon una campaña que partía de la premisa de comparar la regulación del cannabis con otras normas históricas que hicieron de Uruguay un país pionero en leyes sociales: el sufragio femenino, la ley de divorcio, la de la jornada laboral de ocho horas. Comparaba esas medidas con otras más recientes, como la legalización del aborto y el matrimonio igualitario, hasta llegar al cannabis.

Pero cuando pusieron a prueba su idea mediante la técnica de focus group, el resultado fue un fracaso estrepitoso. Tras la cachetada, los militantes uruguayos decidieron dar mayor cabida a las sugerencias que les hicieron especialistas norteamericanos que habían trabajado en campañas de legalización en Estados Unidos y que manejaban mejor las estrategias de comunicación para vender los mensajes. Eran “las técnicas del mercado aplicadas a una causa justa”, resumió Martín Collazo, uno de los referentes de Proderechos.

El fusca.

La idea de Mujica era que la marihuana se plantara en un predio militar para que estuviera segura. Por eso, un día que jugaba la selección uruguaya, el presidente se subió a uno de sus Volkswagen celestes y junto con su esposa, la senadora Lucía Topolansky, decidió probar si su idea era viable. “A la altura de la zona rural de Toledo, no muy lejos de Montevideo, se internaron en un campo  militar y llegaron hasta las cercanías del cuartel sin que nadie los interceptara. Cuando comprobó las condiciones del lugar, el mandatario se olvidó de la idea”, cuenta el libro. “Estos están más regalados que nosotros”, pensó Mujica.

Mientras, en la interna del Frente Amplio luchaban por sumar a todos sus legisladores al proyecto. El último en ceder, apenas días antes de que se votara en el Parlamento, fue el diputado Darío Pérez, quien dijo a los autores que se arrepiente de haber dado el brazo a torcer y que considera que fue traicionado.

Con los votos del oficialismo, el Parlamento aprobó el 10 de diciembre del 2013 la ley que habilitó el cultivo doméstico, los clubes de consumidores y la venta de marihuana en farmacias.

“Mascarón de proa” del fracaso. 

La administración Mujica estaba llegando a su fin y el candidato a las elecciones del 2014 era Tabaré Vázquez, quien ya había planteado dudas respecto de la regulación. Ante esto, integrantes del gobierno saliente pisaron el acelerador con el objetivo de dejar todo lo más atado posible antes del 1º de marzo del 2015 para que una marcha atrás fuera imposible.

Los registros de los clubes y de autocultivadores comenzaron a funcionar, pero la tercera vía de acceso, la más compleja y que abarcaría a más consumidores, se demoraba. El gobierno de Mujica no lograba cerrar el proceso para adjudicar las licencias a las empresas que se encargarían de plantar y cosechar la marihuana. Calzada quiso hacerlo durante la transición de un mandato a otro, pero Romani, que asumiría otra vez al frente de la JND en marzo, lo detuvo.

La llegada de Vázquez a la presidencia supuso una “desmarihuanización” de la agenda de la Junta. Tanto que el propio Romani creyó que aparecían demasiadas trabas al asunto y llegó a pensar que lo habían puesto de “mascarón de proa” para derribar la ley. En la segunda reunión de la Junta, en 2015, Romani cuestionó la voluntad política del gobierno para llevar adelante la reforma. El prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, intervino porque no podía permitir que se dudara de las intenciones del gobierno.

Roballo finalmente anunció en octubre del 2015 a las dos empresas seleccionadas para la producción de dos toneladas anuales y argumentó que la venta iba a demorar al menos unos ocho meses. A medida que el tiempo pasaba y las autoridades guardaban silencio sobre el proceso, resurgieron las dudas acerca de las intenciones reales del gobierno.

Uno de los momentos más duros para quienes trabajaban en la propuesta fue cuando Vázquez, en una entrevista durante su gira en España, dijo a El País el 3 de diciembre que la distribución en farmacias comenzaría en 2017. El anuncio generó desconcierto, ya que todos los que estaban trabajando habían fijado el 20 de diciembre como fecha para anunciar plazos concretos para abrir el registro y comenzar a vender.

Después de esa incertidumbre, Vázquez marcó el ritmo de tareas otra vez con declaraciones a la prensa en el extranjero. “Yo creo que en el correr de este año, sobre mitad de año, vamos a estar en condiciones de aplicar en su totalidad la ley”, declaró el 7 de febrero ante la insistencia de una periodista de la Deutsche Welle.

El anuncio del mandatario, celebrado por los técnicos del gobierno, provocó que se acelerara el trabajo entre el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) y el Ministerio de Salud Pública, que todavía no había otorgado los certificados sanitarios a la marihuana oficial.

El Ircca se apresta en los próximos días a anunciar la fecha de comienzo de la venta. Las empresas recibieron dos variedades elegidas por el gobierno que tenían nivel psicoactivo bajo o muy bajo. Las autoridades tienen otras tres variedades con mayor nivel de tetrahidrocannabinol (THC) y evaluarán si es oportuno venderlas en el futuro.

Pero en las farmacias, de acuerdo con el libro, los consumidores se encontrarán con cuatro y no dos variedades en oferta. Es que cuando cultivaron las plantas y las “autoridades estudiaron sus perfiles genéticos, encontraron que en vez de dos tipos había cuatro, a causa de variaciones no deseadas que se dieron por algunas diferencias en las condiciones de cultivo, y que las personas a cargo esperan que no vuelvan a ocurrir”. Así, en los puntos de venta habrá variedades “alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2”, que llegan hasta un máximo de 4% de THC.

Si bien el contrato no lo especifica, en el gobierno y las empresas hay acuerdo en que si la producción es de calidad, el Ircca debe pagar por las dos toneladas aunque después no se vendan en las farmacias. Las autoridades confían en que eso no va a suceder y que, por el contrario, más pronto que tarde deberá aumentar el número de licencias.

El miércoles 5, autoridades del gobierno informaron al Centro de Farmacias que hay 16 centros que firmaron el contrato que los habilita a vender y otros 20, incluida la cadena San Roque, en proceso de acordar.

El Centro de Farmacias quedó “bien impresionado” con el envase que contendrá la droga por su sobriedad, dijeron a Búsqueda voceros de la institución. El gobierno les informó que se venderá, en principio, de a cinco gramos en envases cuya trazabilidad está asegurada.

Una de las pocas personas que probaron la marihuana oficial dijo a los autores del libro que la droga es suave. “Dormís como un bebé”, resumió.

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