Mamá UTE

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Nº1906 - al de Febrero de 2017

El gobierno está tratando de tapar el agujero fiscal que generó por sus propias decisiones en los últimos años, aumentando la carga impositiva sobre los ciudadanos (incumpliendo así una promesa electoral), endeudándose más y más, y subiendo groseramente las tarifas de los servicios públicos con el objetivo de “hacer caja”. Nada de bajar el gasto del Estado, que es descomunal.

No hay que esperar otra cosa: este gobierno no aliviará nada la presión fiscal sobre la gente y le seguirá metiendo la mano en los bolsillos, argumentando que no lo hace. O sea, mintiendo.

En la última edición de Búsqueda, dos artículos separados por siete páginas tienen mucho que ver entre sí. El de la página 17 es revelador acerca de cómo operan las empresas públicas para recaudar dinero que acaba en Rentas Generales.

La fábrica emblemática de Juan Lacaze (Colonia), Fanapel, cerró. Una de las principales causas de ese desenlace fue el alto costo de la energía eléctrica. Antes de fundirse, Fanapel había llegado a un acuerdo con una empresa privada que produce energía eléctrica mediante molinos de viento. La empresa se llama Ventus; tiene 12 parques eólicos operativos en Uruguay y una capacidad de generación de 86 megavatios.

Hay leyes y regulaciones en el país que permiten que empresas privadas vendan energía a otras empresas privadas. Una condición para que eso ocurra es que la que genera energía tenga un porcentaje de potencia firme como respaldo ante la eventualidad de que no haya viento. Ventus puso como garantía, en su acuerdo con Fanapel, un generador térmico de biomasa, propiedad de la fábrica. El convenio entre Fanapel y Ventus obtuvo el visto bueno de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua. Pero, como suele suceder en el Estado uruguayo, se trancó en el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Y el presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, salió a remachar el trancazo.

“Hace muchos años que existe el marco regulatorio y los privados pueden venderse energía entre privados; simplemente no lo han hecho porque UTE ha sido más eficiente”, dijo en el programa “En Perspectiva”, con un talante un poco soberbio porque olvida que la pretendida “eficiencia” de la empresa estatal tiene mucho que ver con las tarifas disparatadamente altas que cobra a empresas y ciudadanos. Casaravilla agregó: “por supuesto que para poder vender en el mercado uno tiene que tener una potencia firme, tiene que poder garantizar el servicio; no vale estar proveyéndose de un contrato y después, cuando falla ese contrato, ir a pedirle a mamá UTE que le solucione el problema”.

Ante esas declaraciones, Francis Raquet, director de Ventus, dijo que su empresa “está en condiciones de vender energía a cualquier gran consumidor a precios más competitivos que UTE”.

No se precisa mucho para eso: “mamá UTE” ha generado una sobreoferta energética de entre 350 y 500 megavatios, pero eso no se refleja en lo que les cobra a sus usuarios. Un estudio de SEG Ingeniería demostró que Uruguay tiene la tarifa más cara, tanto a nivel residencial como industrial, si se lo compara con Argentina, Brasil y Chile.

Recuerden estas cifras: mientras UTE genera o compra energía a 16 dólares el megavatio por hora para usuarios industriales, se las vende a 124 dólares; y si es para usuarios residenciales, la compra a 70 dólares y nos las vende a 267 dólares. Es más: el propio Casaravilla admitió en el portal digital de la Presidencia de la República que entre 2013 y 2016 el costo bajó de 80 a 50 dólares pero en el mismo período las tarifas no solo no se abarataron, sino que subieron igual que la inflación. ¡Así hasta la cementera de ANCAP es “eficiente”!

Siete páginas más adelante, en la misma edición de Búsqueda, el presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), Washington Corallo, protestó con razón por los muy elevados costos que el Estado impone a las empresas.

Además de Fanapel, dijo, “hay muchas empresas que nos llaman permanentemente, que dicen que no tienen manera de seguir y que están haciendo el esfuerzo para aguantar un par de meses más”.

“Con el dólar como está y con los costos subiendo, Uruguay no está siendo competitivo y cada vez nos va a costar más mantener la presencia (para vender) en los mercados. Las empresas exportadoras (…) no pueden decirle a sus clientes ‘el gobierno nos aplicó una tarifa y la vamos a trasladar’ al precio del producto”, expresó.

Corallo dijo luego algo tan obvio que es inexplicable no lo comprendan los gobernantes, sobre todo teniendo en cuenta los viajes del presidente que le permiten apreciar otras realidades. Muchos de los países con los que Uruguay compite tiene costos menores, “sobre todo los que nos traslada el Estado y tenemos que tomar”.

Los padres tienen el deber de proteger y acompañar a sus hijos durante su crecimiento. “Mamá UTE”, así como “mamá ANCAP”, “mamá Antel”, “mamá OSE”, “mamá AFE” y otras “mamás” y “papás” que pululan en el dinosáurico “gran papá Estado” del Uruguay, han demostrado ser madres y padres desaprensivos, autoritarios y malas influencias para sus “hijos”. Los castigan, los explotan y los esclavizan. No los dejan crecer y tampoco los dejan vivir. Les niegan su derecho a ser libres.

Esas madres y padres deberían perder la patria potestad.