Foto: Ricardo Antúnez, adhocFotos

El nuevo proceso penal habilita que fiscales hagan acuerdos con la defensa para apurar las resoluciones

Más del 70% de los delitos se resolvieron antes de llegar a juicio

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Nº1956 - al de Febrero de 2018
escribe Victoria Fernández

“¿Entiende lo que está pasando? ¿Sabe que su defensa hizo un acuerdo por el cual usted admitió su responsabilidad en los hechos? ¿Sabe que si es inocente puede rechazar ese acuerdo e ir a un juicio para demostrarlo?”. El juez penal José Gómez quería asegurarse de que el hombre entendía lo que su defensa había acordado con la Fiscalía. Por eso, durante la audiencia celebrada a fines de 2017 se dirigió directamente a él, no a su abogada: “¿Puede explicármelo con sus palabras?”.

El hombre había sido detenido por un delito de hurto especialmente agravado, en grado de tentativa. Su caso habilitaba a la Fiscalía a buscar un acuerdo con la defensa para evitar ir a juicio. Si el sospechoso admite su responsabilidad, obtiene una pena menos severa y se va de la audiencia con una sentencia de condena, sabiendo qué día recuperará su libertad, en lugar de tener que esperar meses y hasta años en la cárcel hasta que su caso se resuelva. En la negociación, el fiscal puede ofrecer una disminución de la pena hasta en un tercio de la que sería aplicable al caso.

El “proceso abreviado” es una de las novedades del Código del Proceso Penal que comenzó a regir el 1º de noviembre de 2017. El nuevo modelo penal acusatorio, en el que los juicios son orales y públicos, necesita que un gran porcentaje de los casos se resuelvan a través de vías alternativas, para evitar saturar el sistema.

En ese sentido, las primeras cifras que se manejan en ámbitos judiciales son alentadoras: en el entorno del 60% de los delitos que se llevaron a la Justicia se resolvieron mediante procesos abreviados, informaron a Búsqueda varias fuentes consultadas. La cifra, aclararon, se trata de una estimación, dado que los números finales aún no han sido divulgados.

Por otra parte, si se suman otras vías alternativas al juicio, como la suspensión condicional del proceso —cuando el imputado cumple con condiciones, como devolver lo robado o disculparse con la víctima, se suspende el juicio—, la cifra supera el 70% y podría incluso alcanzar el 80%, de acuerdo con las estimaciones.

Esto implica que solo un 20% de los delitos que se judicializaron en los primeros meses de aplicación del código fueron llevados a juicio.

El subdirector de Servicios Administrativos del Poder Judicial, Marcelo Pesce, dijo a Búsqueda que los porcentajes son un “éxito”. “Demuestran que hay una gran alineación” con las vías alternativas, un aspecto clave para que el nuevo sistema dé buenos resultados.

“Antes de comenzar, manejábamos que si llegábamos al 30% de casos resueltos con procesos abreviados era un éxito. Y hoy se estima que estamos casi en el doble”, valoró.

El ingeniero dijo que la aspiración sería llegar a un 90% de casos resueltos por vías alternativas, aunque opinó que es una meta “difícil”.

El presidente de la Asociación de Magistrados y ministro de apelaciones en lo penal, Alberto Reyes, también opinó que los números son alentadores. “La idea de este modelo es que el grueso de los asuntos tengan una salida rápida”, explicó. “Si no es así, el sistema colapsa. No resiste”.

“En nuestro país ha habido reparos, en el sentido de que el proceso abreviado no se ‘trague’ todos los casos. Pero ese límite está puesto en el código, ya que los casos más serios se tienen que tramitar por el proceso común”, indicó.

El trámite abreviado solo aplica para los delitos que tienen una pena mínima no superior a seis años.

Los acuerdos “reportan utilidad a todos: se ahorran recursos, la defensa consigue alguna rebaja de la pena, el sistema se aligera. El único inconveniente que se discute en todos los países es que la Justicia no puede tramitar así todos los casos”, explicó.

No obstante, las objeciones al proceso abreviado han ido acallándose, evaluó. “Se habían planteado inicialmente algunas críticas, e incluso se manejó que podía ser inconstitucional”, pero la experiencia en otros países demuestra que “la apuesta a la salida abreviada ha sido positiva”.

Garantías.

El juez Gómez, a cargo de una de las sedes que trabajan con el código nuevo, evaluó que la cifra de salidas alternativas —entre procesos abreviados y suspensión condicional del proceso— supera el 70%, aunque aclaró que no es un dato con “rigor científico”. Gómez, que integra la comisión de implementación del código, dijo que “sin duda” se trata de cifras positivas. “A eso es a lo que aspirábamos todos los operadores. Implementar un sistema rápido, dentro del marco del debido proceso”, afirmó.

“Lo que no está yendo a abreviado son los juicios graves, las rapiñas con privación de libertad, los homicidios”, señaló.

Gómez explicó que el rol de los jueces es asegurarse que en el acuerdo entre la defensa y la Fiscalía se respetaron todas las garantías. “Lo primero que hacemos en la audiencia es obtener una confirmación por parte del imputado, y nos aseguramos de que su consentimiento fue libre y espontáneo. Y en un lenguaje muy llano, no jurídico, para que comprendan”, afirmó.

El magistrado contó que el sistema penal de Chile alcanza un 92% de soluciones a través de vías alternativas. “Es un nivel de excelencia”, opinó. No obstante, reconoció que “hay detractores de las vías alternativas”.

“Pueden surgir dudas sobre si se están dando al justiciable las garantías adecuadas. Pero yo creo que como lo estamos manejando nosotros no hay posibilidad de falta de garantías”, evaluó.

El fiscal penal Carlos Negro estima que los procesos abreviados y la suspensión condicional del proceso alcanzaron un 80% de los casos. Y lo esperable, opinó, es que los delitos que vayan a juicio sean “aun menos”.

“La gran desconfianza era si los operadores se iban a adaptar a usar este mecanismo”, dijo, por lo que consideró que las cifras son buenas noticias. “Donde hay acuerdo no hay conflicto, y si no hay conflicto, el Estado no se mete”, opinó.

El abogado y docente de Derecho Procesal Gabriel Valentín tiene una visión más crítica del asunto. A su juicio, el código uruguayo es “demasiado amplio” en cuanto al tipo de delitos que pueden tramitarse con el proceso abreviado. “Eso implica que la mayoría de los supuestos vayan a proceso abreviado”, evaluó, ya que “son muy pocos los delitos que tienen más de seis años de pena mínima”.

Por eso considera que “hay que mirar con atención” los números. “Hay que analizar cómo funcionó en la realidad, cóßmo se aplicó. Me parece que (60%) es un porcentaje muy alto. Puede ser una solución muy práctica, fácil de aplicar. Pero hay que tratar de controlar que las garantías mínimas se cumplan”, evaluó.

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