Sendic

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Nº1922 - al de Junio de 2017
por Daniel Gianelli
Daniel Gianelli

Raúl Sendic sigue en el candelero y no por sus ideas, sus propuestas o sus acciones de gobierno, sino más bien por hechos que le exponen a nuevos cuestionamientos públicos debido a casos que lindan con el abuso de poder. Y cuya defensa, lejos de aclarar las cosas, las oscurece.

Sendic califica de “canallada” la información difundida la semana pasada por Búsqueda. En su defensa el presidente del Frente Amplio (FA) Javier Miranda habla de “linchamiento”, la senadora Lucía Topolansky se muestra “azorada” y dice que “le pegaron, lo tiraron al suelo, le siguen pegando”. La senadora Constanza Moreira aludió a una permanente campaña de hostigamiento contra el vicepresidente. El diputado Felipe Carballo, que integra su grupo político, dijo que “hay un resentimiento” hacia “una persona que ha sido exitosa en su tarea”, “un rencor hacia la figura y hacia el trabajo que ha realizado”.  Pobre defensa, omite referirse a los hechos difundidos.

A diferencia de la cerrada defensa que la Mesa Política del FA hizo el año pasado sobre el título de licenciado, el silencio y la toma de distancia han prevalecido ahora ante el uso dado a la tarjeta corporativa de Ancap. Dice mucho al respecto la declaración del Partido Socialista al remarcar que “nuestra conducta en la función pública debe apegarse estrictamente a los valores que defendemos, a los intereses de las mayorías sociales y al programa que comprometimos con la ciudadanía”. Advierte además que “ser vacilantes o tener doble moral deslegitima y condena”.

Para Sendic la información publicada es un nuevo ataque personal por más de que algunas de sus compras (en tiendas de ropa, electrónica, librería, supermercados y mobiliario) no parecen encuadrar en lo reglamentado (“gastos imprevistos que surjan en misiones de trabajo”).

Dijo que se le “enchastró por $ 29.000” y que se presentará ante el Tribunal de Conducta del FA. Pero luego se supo que el monto de dichas compras supera los $ 500.000 y U$S 38.000.

Haber hecho un uso inadecuado de la tarjeta corporativa es, para el senador Pablo Mieres, “un hecho contrario a la ética e indigno de un jerarca público”. Y quizás por aquello de que “muerto el perro se acabó la rabia” propuso eliminar las tarjetas corporativas. Se equivoca, no elimina la rabia. Desde sus cargos oficiales, los gobernantes tienen múltiples oportunidades y formas de abusar del poder. Hacerlo o no depende de su conducta. Las tarjetas corporativas son solo un instrumento que habilita el abuso del poder.

Uruguay no ha tenido su mensalao ni su lava jato. Pero a esos niveles de corrupción se llega luego de haber realizado impunemente acciones, pequeñas o medianas, cuando los controles institucionales no existen, no se ejercen a tiempo, o no hay una fuerte reacción ciudadana.

Hechos de corrupción no son una novedad en el país. Existieron antes de la llegada del FA al gobierno. Pero la coalición llegó al poder gracias a la esperanza de muchos de sus votantes de reencausar y moralizar la vida pública.

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La izquierda suele referirse a los países nórdicos como ejemplo de sociedades democráticas que han conjugado el ejercicio de la libertad, el desarrollo económico con un sistema de bienestar que atenúa las desigualdades, y en el que los ciudadanos gozan de servicios públicos de calidad.

Citemos un par de ejemplos de ese mundo nórdico.

El primer capítulo de la excelente serie de la televisión danesa Borgen (Gobierno) muestra como durante una visita oficial a Londres, el primer ministro de Dinamarca debe interrumpir sus actividades para ir a una tienda a cubrir unas compras de su esposa. Lo hace con su tarjeta corporativa, pero instruye a un asistente a pagar dicho gasto con recursos propios. Para su fatalidad este fallece antes de poder hacerlo y el váucher llega a manos del líder del principal partido opositor que lo exhibe días antes de la elección durante un debate televisivo en el que participan los líderes de todos los partidos. La denuncia, presentada como expresión de abuso de poder, tiene un fuerte impacto en los electores y lleva a la derrota del gobernante partido conservador, favorito en lo previo.

Es ficción, por supuesto, pero en la vida real, en 1995, la viceprimer ministra sueca, Mona Sahlin, fue obligada a dimitir y quedó fuera de toda actividad pública durante una década por haber comprado con una tarjeta corporativa dos barras de Toblerone por U$S 35.

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La sucesión de episodios que involucran al vicepresidente de la República motiva otras reflexiones.

Quienes han prestado atención a las explicaciones que en su momento Raúl Sendic dio sobre las enormes pérdidas de Ancap entre 2011 y 2015 (U$S 800 millones), quienes escucharon sus confusas —y contradictorias— versiones sobre su inexistente título de licenciado, quienes en estos días le han escuchado hablar sobre sus compras con la referida tarjeta corporativa, se preguntan cómo fue posible que este personaje, ex miembro de la secta seispuntista,  haya tenido una carrera tan ascendente y veloz en los cuadros dirigentes frenteamplistas.

Sendic no se ha destacado por ser un buen orador, tampoco por su carisma personal ni por ser un hábil concertador político. Ni siquiera ha sido convincente al tratar de aclarar situaciones en las que luce directamente involucrado. Como administrador público tampoco logró destaque. Más bien todo lo contrario, aunque de ello recién se ha tenido noticia en los últimos dos años.

Entonces, si a la vista no se aprecian condiciones políticas relevantes que justifiquen tan meteórica carrera, ¿qué explica su promoción en una fuerza política que ha tenido una escasa renovación generacional en sus cuadros dirigentes?

¿Acaso su condición de “hijo de”? ¿Su mérito ha sido llevar un apellido que convoca a la nostalgia de quienes en su momento simpatizaron con la guerrilla tupamara y de quienes más recientemente han sido cautivados por la aventura armada de los 60 que generó una tragedia nacional? ¿Aventura que quienes no la vivieron solo conocen merced a un proceso de adulteración de la historia y por la explotación de la condición de víctimas por parte del bando derrotado?

Fue electo diputado en 1999 por el Movimiento 26 de Marzo, sector que abandonó poco después para conformar su propio grupo. En 2005 Tabaré Vázquez lo designó vicepresidente de Ancap, luego su presidente y finalmente ministro de Industria, Energía y Minería. En 2010 Mujica le puso al frente de Ancap, cargo que ocupó durante casi todo el período. En 2014, a sus 52 años y tras una excelente votación en la interna del FA, Vázquez lo propuso para completar la fórmula presidencial, integrando así al “Grupo de los Ocho”, conformado entre otros por el MPP y el PCU. Desde marzo de 2015 ejerce la Vicepresidencia de la República.

La prominencia del cargo, y su proyección política en la perspectiva de una inevitable renovación generacional en el FA, le dio una mayor exposición pública y, como consecuencia, quedó expuesto a un mayor escrutinio de sus acciones y sus dichos. Y la consecuencia de ello, más que una campaña de enchastre, de hostigamiento de la oposición y de “la prensa de derecha”, está a la vista y no le favorece.

Tanto no le favorece, que él mismo o aconsejado por su entorno, ha anunciado que no participará como candidato en la próxima contienda presidencial. Los golpes recibidos de la oposición y aun de sus correligionarios han tenido un efecto demoledor.