Gobierno, empresarios y trabajadores firmaron un preacuerdo para controlar la actividad. Foto: Nicolás Der Agopián.

Sugieren también aplicar a los “cargadores” la figura de “responsabilidad subsidiaria” por “hacer robar en su beneficio”

Transportistas piden al Estado que controle la informalidad en el sector, que supera los US$ 350 millones anuales de evasión

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Nº1947 - al de Diciembre de 2017
escribe Martín Mocoroa

Un grupo de empresarios del transporte de carga aprovechó varias discusiones económicas del año para poner sobre la mesa un grave problema de su sector, que tiene como centro la omisión de los organismos estatales en la fiscalización. Ayer, miércoles 6, durante una sesión de la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados, recordaron —a partir de estimaciones de prensa— que el nuevo tributo a los juegos de azar y el ajuste en la tasa consular implicarían una recaudación anual de US$ 112 millones. A esas medidas discutidas de la última Rendición de Cuentas sumaron el proyecto de ley de los cincuentones que divide al gobierno por sus costos, a los que calcularon en unos US$ 75 millones anuales.

En paralelo, contaron a los legisladores que, con la carga que recorre el país por las carreteras, el Estado deja de recaudar cientos de millones cada año por la evasión. A mediados de este año, el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT estimó la defraudación en unos US$ 500 millones anuales. La delegación de la Asociación de Propietarios de Vehículos de Carga (APVC) que visitó la comisión la ubicó entre los US$ 350 y los US$ 450 millones en función de estudios privados.

”Las discusiones que tuvieron este año, estarían resueltas si esto se hubiera controlado como se tenía que controlar”, dijo Ernesto Toledo, vicepresidente de la asociación durante la sesión.

La APVC es una organización con 111 años de historia, que reúne a unas 100 empresas transportistas. Se fundó en 1906 y por ese entonces agrupaba a los dueños de las carretas. La visita a la Cámara de Diputados fue un intento más de la organización por encontrar un camino para combatir la evasión. Durante el mes de noviembre la APVC envió documentos por escrito a las autoridades de la Dirección General Impositiva (DGI), del Banco de Previsión Social (BPS), el Ministerio de Trabajo y la Administración Nacional de Puertos (ANP).

Esos textos los presentaron también ayer a la comisión. Allí afirman que están atravesando “la peor situación de informalidad e incumplimiento de las normas”. APVC sostiene que aunque existen los “instrumentos normativos” y un “importante caudal de información” para la fiscalización, hay “una alarmante ausencia de controles de los organismos competentes”.

La organización dice vivir el fenómeno en carne propia. “A diario vemos empresas que se ven obligadas al incumplimiento y empresas que por no hacerlo se achican o cesan su actividad”, cuentan.

Irregularidades.

Una de las expresiones más comunes de la informalidad es el incumplimiento de los laudos salariales, a través de mecanismos como el pago por porcentaje del flete en lugar de por jornal.

“Por desconocimiento o impericia, los organismos de control no encuentran mérito para sancionar esta habitual informalidad”, apunta APVC.

La defraudación en lo salarial se complementa con la subdeclaración en el BPS y la evasión del IRPF. La asociación denuncia también irregularidades en el descuento del IVA del gasoil. Otro fenómeno frecuente es el de los “clones”. Se trata de trabajadores que supuestamente están en seguro de paro o seguro por enfermedad, pero en realidad siguen trabajando y reparten ese dinero con el empleador.

En el documento, la organización enumera los instrumentos con los que cuenta el Estado para poder detectar estas maniobras: las balanzas en las rutas, los peajes, el registro de ingresos y salidas del puerto que lleva la ANP, los registros de ingresos y salidas de las zonas francas, los registros de los pasos de frontera, los sistemas de control satelital de vehículos que la mayoría de las empresas tienen contratado y a los que la DGI puede recurrir legalmente, las inspecciones técnicas que el Ministerio de Transporte realiza a los camiones.

“Esta información está hoy en las oficinas de quienes deben controlar. ¿Por qué no la utilizan?”, cuestiona.

APVC le atribuye además responsabilidad a los “cargadores”. Según dice, “a través de su posición dominante” esas empresas presionan para bajar los precios de los fletes.

“Hacen robar para su beneficio”, afirman en el texto, y reclaman que se aplique “la norma de responsabilidad subsidiaria” de la ley de tercerizaciones.

Preacuerdo con objeciones.

El combate a la informalidad es también una prioridad para el Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines (Sutcra). De hecho, en el último Consejo de Salarios postergaron sus reivindicaciones salariales para priorizar otras como la aplicación de un sistema que permita controlar el horario de trabajo.

En Uruguay hay unos 10.5000 camioneros y su salario promedio supera los $ 30.000 líquidos. La mayoría hacen jornadas de 12 horas diarias, pero pueden llegar hasta las 18 (Búsqueda Nº 1.928).

Juan Dorado, secretario de prensa del Sutcra, informó a Búsqueda que hace dos semanas lograron firmar un preacuerdo con la Intergremial de Transporte Profesional de Carga Terrestre y el Ministerio de Trabajo para combatir la informalidad.

La solución implica, en primer lugar, aplicar la Guía de Carga del Ministerio de Transporte. A través de un sistema se asocia cada carga a un origen, un vehículo, un chofer, un recorrido y un destino, lo que limitaría la evasión.

Por otro lado, se colocaría un dispositivo en los camiones para que los trabajadores marquen el inicio y el final de su jornada. Eso, a la vez, se complementará con control satelital del vehículo. “Si el camión está andando y no tiene ningún chofer asociado, hay una irregularidad”, ejemplificó Dorado.

Pese a que cree que el sistema sería “bastante eficiente”, Dorado contó que el Sutcra tiene una “objeción importante” con el preacuerdo alcanzado: la ausencia de un plazo. Las partes siguen negociando con el objetivo de llegar a firmar antes de fin de año el documento definitivo.

“Tenemos una experiencia de incumplimientos histórica. Un plazo firmado por el Poder Ejecutivo es una garantía. Firmar sin un plazo es como firmar algo que no existe”, afirmó Dorado.

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