El Banco República cerró la cuenta de una empresa vinculada al tema. Foto: Nicolás Der Agopián.

Venta de marihuana corre “riesgo” por decisión de los bancos

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Nº1930 - al de Agosto de 2017

La alegría les duró poco a las autoridades. La venta de marihuana en farmacias, que demoró más de tres años en ponerse en marcha, comenzó el 19 de julio con resultados más favorables a los esperados: el cannabis se agotó en varios puntos de venta y los clientes entrevistados por los medios de comunicación expresaron su satisfacción con el producto. Los inscriptos en el registro para comprar se duplicaron en semanas y más de una decena de nuevas farmacias se acercaron al gobierno para sumarse al sistema.

Todo cambió en cuestión de días. La decisión de un banco de no trabajar con empresas que operan en el rubro de la marihuana y las dudas de los restantes integrantes del sistema financiero uruguayo ponen “en riesgo” la continuidad de la venta de cannabis en farmacias, dijeron a Búsqueda fuentes del gobierno. 

La semana pasada, El Observador informó que el español Santander cerró la cuenta de una de las 16 farmacias que se inscribieron como punto de venta de marihuana. El brasileño Itaú también analiza qué hacer con estos casos, y según informaron a Búsqueda, están “estudiando” los pasos a dar junto con su casa matriz. A fines del año pasado varios bancos se habían negado a abrir cuentas a los proyectos que surgían para explotar las posibilidades comerciales que brinda la ley de regularización del cannabis.

La “pelota ahora está en la cancha del sistema bancario público”, dijo un jerarca del gobierno. Mientras el Banco Central estudia alternativas en coordinación con la Junta Nacional de Drogas, las miradas están puestas en el Banco República (BROU).

Y los antecedentes no son buenos. La primera cuenta que el banco estatal había otorgado a una firma vinculada al cannabis duró apenas dos semanas. Según informaron fuentes del gobierno, el banco estatal mantuvo la operativa de Sobley S.A. hasta que Búsqueda dio la noticia, el 15 de junio, de la existencia de esa cuenta. Un día después la institución decidió cerrarla, esgrimiendo razones vinculadas a las corresponsalías que mantienen con agentes del exterior para los que la producción de cannabis o cáñamo constituye un delito o está vinculada con el narcotráfico.

Sobley es la razón social de Cannapur, una firma uruguaya que tiene entre sus directores al activista Juan Vaz y que busca estandarizar un extracto de cáñamo para su uso medicinal. La empresa fue una de las que accedieron a un apoyo del Proyecto de Internacionalización de la Especialización Productiva del Ministerio de Industria, que realiza convocatorias a nuevos emprendimientos en el área de la biotecnología. Recibió unos US$ 60.000 que iban a trasladarse a esa cuenta en el BROU. Desde Cannapur prefirieron no realizar declaraciones sobre el tema.

Los proyectos vinculados a la regularización del mercado de la marihuana han encontrado dificultades para canalizar sus ingresos a través del sistema financiero uruguayo. Varios growshops del país —que venden implementos para plantar marihuana así como parafernalia para su consumo— realizan transacciones a través de cuentas personales de sus directores que se asocian con la actividad comercial que llevan adelante. Pero hasta ahora los bancos de la plaza local (compuesta por sucursales de firmas privadas internacionales con la excepción del BROU, el Banco Nación Argentina y el Bandes) se rehúsan a tener operativa con sociedades cuyo rubro de explotación sea el cannabis, ya que les complicaría o impediría operar con corresponsales del exterior.

Pablo Durán, asesor legal del Centro de Farmacias, declaró el viernes 4 al programa Inicio de Jornada de Radio Carve que la situación es “absolutamente injusta” y que tomarán medidas para revertirla. El dueño de la farmacia Pitágoras, una de las cuatro habilitadas en Montevideo, que trabajaba con Santander, anunció al gobierno que se baja de la venta en farmacias hasta que le encuentren una solución al problema financiero.

Una alternativa que manejan las autoridades es que las farmacias sigan un camino similar al de los growshops y utilicen cuentas personales, explicaron los informantes.

La situación no es exclusiva de Uruguay. En Estados Unidos (EE.UU.), donde varios estados permiten la plantación y el consumo de cannabis, las primeras empresas que dispensaron la droga se veían obligadas a contratar a exmilitares y agentes de seguridad para resguardar los galpones donde tenían sus ingresos en efectivo. Hasta hoy el gobierno federal no ha cambiado la normativa que indica que la producción y venta de marihuana es una actividad ilegal.

No obstante, la red contra los delitos financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. reportó que para marzo de este año eran 368 los bancos que operaban con empresas vinculadas a la marihuana. A esto se le sumaban unas 50 cooperativas financieras. El organismo aún obliga a las instituciones a reportar este tipo de cuentas, aunque ya no las fuerza a cerrarles la operativa.

“Incertidumbre”.

La señal negativa dada por el sistema financiero fue captada también por las farmacias que estaban interesadas en sumarse al expendio de marihuana, dijeron fuentes que están al tanto de las negociaciones. “Es una incertidumbre que las frena”, explicó uno de los consultados.

Esto supone un problema para el gobierno porque los puntos de venta habilitados —16 en todo el país— resultan insuficientes para cubrir la demanda creciente.

En los cuatro locales habilitados en Montevideo la marihuana se agotó, en cada ocasión, poco después de su reposición. Eso se debe, en parte, a que el stock máximo que pueden tener las farmacias es de dos kilos. Hasta el lunes 7 había 11.508 personas inscriptas en el registro que les habilita a comprar 40 gramos por mes, con un tope semanal de 10 gramos.

En los primeros 20 días se vendió marihuana legal por $ 2,5 millones. De ese total, las farmacias se quedaron con el 27% como ganancia.

Las autoridades analizan ahora cómo aumentar la periodicidad de distribución de cannabis a los puntos de venta y también estudian la posibilidad de que las farmacias puedan recibir más de dos kilos por entrega.

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