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El informe sobre el estado de la libertad de prensa en Uruguay, aprobado por la SIP, destaca que se “mantuvo el clima de libertad de prensa” y pone el énfasis en la postergación que tuvo la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
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“La bancada de senadores del Frente Amplio aplazó la aprobación de ese proyecto conocido como ley de medios, para después de las elecciones del 26 de octubre. Las críticas formuladas por la oposición y las dudas jurídicas planteadas por el expresidente y actual candidato Tabaré Vázquez, así como por el presidente José Mujica, determinaron su aplazamiento”, señala el documento.
“La comisión del Senado que estudió el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, y al que se le habían incorporado modificaciones, elevó la iniciativa al plenario el 11 de julio, pero los legisladores del oficialista Frente Amplio resolvieron, por ajustada mayoría, postergar su consideración hasta después de las elecciones nacionales. De haber sido votada por el Senado con su nueva redacción, las diferencias en los proyectos aprobados por una y otra Cámara hubieran requerido la convocatoria a Asamblea General, lo que entraba en conflicto con la campaña electoral. Además se incorporaban normas sobre publicidad gratuita, con un criterio que favorecía al partido de gobierno”, agrega el informe. Precisa que la presidente del Frente Amplio, Mónica Xavier, dijo que “existe el compromiso de aprobar la ley en este periodo legislativo” que terminará en febrero de 2015.
Por otra parte, el documento advierte el caso del fotógrafo de “El País”, Gerardo Pérez (con 28 años en el medio), a quien detuvieron el 10 de mayo, dejándolo en una seccional policial incomunicado por cuatro horas por procurar la escena de un accidente en el que murió un niño.
“Pérez afirmó que fue tratado como ‘un preso común’. ‘Me sacaron los cordones de los zapatos, el reloj y una cadena. Nadie me dio una explicación de nada’. Los efectivos interrogaron al fotógrafo y se negaron a entregarle copia de sus declaraciones. El diario presentó denuncia ante la Justicia, que abrió un sumario. Hasta el momento no hay novedades”, resalta el informe.
Por último, menciona la aprobación por unanimidad del nuevo Código del Proceso Penal, “que cambia el modelo penal de inquisitivo a acusatorio, en el que la investigación está dirigida por la Fiscalía”.
“El juez pasa a ser un tercero imparcial que llama a audiencia, escucha al fiscal, al indagado, a la víctima y luego resuelve, en audiencias orales. Si bien está previsto que comience a regir a partir de febrero de 2017, y falta aún el voto de la Cámara de Representantes, existe un punto polémico para la prensa. Establece que esta ‘debe preservar el buen nombre e integridad de las víctimas, testigos e imputados, bajo la responsabilidad de daños y perjuicios. Toda persona sobre la cual se haya informado tiene derecho a que se publique gratuitamente en notas de similares características su sobreseimiento, absolución o clausura del proceso’”, concluye.