Junta Anticorrupción quedó dividida al resolver el archivo de investigación sobre misiones oficiales de Miguel Ángel Toma
El exsecretario de la Presidencia sumó a sus últimos viajes a una funcionaria de la secretaría antilavado, que él contrató poco antes, y le atribuyó tareas en el exterior que su jefe desconocía, como indagar la “ruta de dineros” del Plan Cóndor
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El 29 de noviembre del año pasado, el entonces vicepresidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Daniel Borrelli, recibió un correo electrónico de un desconocido. “Yo lo conocí a usted en el Ministerio, pero ahora estoy en otro destino y no quiero arriesgarme a que se sepa mi nombre y me corten la carrera”, comenzaba el mail firmado por Santín y enviado desde una casilla Protonmail, un servico de correos electrónicos cifrados.
“En Presidencia están pasando cosas muy raras y sé que usted no está de acuerdo con esas cosas porque además de ministro a sido juez” (sic), advertía el denunciante. Pedía, en particular, que averiguara sobre “viajes y misiones oficiales”. Y precisaba: “Averigue quien fue a Roma por el juicio contra los militares y cuanto cobraron y va a ver lo que le digo. Hay gente que fue a pasear” (sic).
La denominada Junta Anticorrupción abrió una investigación días después ante una “denuncia por presuntas irregularidades en misiones oficiales” en Presidencia.
El desenlace, sin embargo, dividió a los integrantes de la Jutep. Para el entonces titular del organismo, Ricardo Gil, las respuestas que brindó el secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, dejaron espacio a dudas que debieron ser evacuadas, pero no se hizo, surge del expediente que obtuvo Búsqueda con un pedido de acceso a la información.
La explicación
El 18 de diciembre, la Jutep envió al director general de Presidencia, Diego Pastorín, una nota en la que le pidió información sobre las misiones oficiales entre 2018 y 2019 relacionadas con el juicio que se desarrollaba en Roma a exmilitares acusados de violar los derechos humanos durante la dictadura. La junta también quería las rendiciones de cuentas de esos viajes y, “si los hubiera, copia de los informes sobre el desarrollo de la misión presentados por los funcionarios designados”.
La respuesta de Pastorín, fechada el 2 de enero y recibida por la Jutep el 7 de enero, incluyó una explicación de Toma de su trabajo en el marco del juicio en Roma.
El informe del entonces secretario de la Presidencia detallaba que “el equipo que encara la defensa del Estado uruguayo ante la Justicia italiana” estaba integrado por el propio Toma, por un escribano que “oficia como técnico de contralor de toda la documentación que se aporta a la autoridades italianas” y por una contadora de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) que “oficia de Asesor en Daños Civiles, derivados de delitos penales; y además investiga la ruta de dineros que podrían estar financiando a los investigados, en el marco del Plan Cóndor, fruto del Terrorismo de Estado que sufrió nuestro país, según las instrucciones de la Secretaría de Presidencia”.
Pese a que no le preguntan específicamente por ella, Toma se detuvo en el trabajo de la contadora de la Senaclaft Giuliana Pérez Muñiz.
Destacó que la funcionaria se dio cuenta de que cuando Italia condenó con penas “pecuniarias” a los exmilitares no incluyó entre los damnificados a Uruguay. Y explicó que, gracias a que Pérez Muñiz vio eso, el Estado iba a presentar un recurso de casación “en esa porción de la sentencia” para conseguir un resarcimiento económico.
En otro pasaje, Toma dijo que la última misión oficial a Roma en la que también participó Pérez Muñiz significó “el comienzo de la investigación, en los últimos casos, de la ruta de dineros que pudieran llegar a Roma para financiar actividades de los represores del Plan Cóndor”.
La Jutep no accedió a más datos sobre esas tareas. “Los informes derivados de cada misión, por la extrema sensibilidad de los mismos, son efectuados al señor presidente en exclusividad”, explicó Toma.
Foto: Nicolás Der Agopián / Búsqueda
Satisfactoria y no tanto.
La respuesta de Presidencia fue discutida por las autoridades de la Jutep el 9 de enero, cuando Gil estaba de licencia. Con los votos de Borrelli y la vocal Matilde Rodríguez (Partido Nacional), el organismo consideró satisfactorias las respuestas y archivó el caso.
En la sesión, a cuya acta accedió Búsqueda a través de una solicitud de información, el directorio evaluó que estaba todo aclarado y no era necesario pedir más información.
“Vuestra contestación se tuvo por satisfactoria en todos sus términos”, dice la nota que envió la Jutep, firmada por Borrelli, a Presidencia.
En la sesión del 22 de enero, Gil pidió dejar constancia en actas sobre su discrepancia con la resolución de la Jutep. “Respetando la decisión adoptada en su ausencia, entiende que se debió solicitar a Presidencia de la República información no incluida en la respuesta recibida y requerir opinión de la Asesoría Letrada de la Junta”, resume el acta.
Sin datos
El rol de Pérez Muñiz en las misiones oficiales a Roma engendró dudas en la Presidencia de la República en el período pasado.
Consultado por Búsqueda, el entonces titular de la Senaclaft, Daniel Espinosa, dijo que su oficina “no colaboró en la investigación de ningún presunto delito económico vinculado al Plan Cóndor”. Y agregó: “La funcionaria integró la delegación por resolución expresa de la Presidencia, que nos fue comunicada una vez que la designación había sido aprobada”.
Búsqueda también consultó a tres personas vinculadas al caso que se tramita en Roma y ninguna estaba al tanto de investigaciones sobre la “ruta del dinero” ni sobre un recurso de casación del Estado.
El programa radial Así nos va informó el miércoles 16 parte de la controversia relacionada con Toma. En su nota informó que Pérez Muñiz se recibió de contadora en 2018.
Varias fuentes dijeron a Búsqueda que su llegada a la Senaclaft, mediante un contrato temporal, fue resuelta por Toma, quien además es amigo personal del padre de la funcionaria. Pérez Muñiz asumió el cargo en abril de 2019, según publicó en su perfil de LinkedIn. Antes había trabajado un año como contadora en BASF y dos años como auxiliar contable en el estudio Posadas, Posadas & Vecino.
Si bien Toma escribió en su respuesta a la consulta de la Jutep que el equipo vinculado al Plan Cóndor estaba integrado por tres personas, las primeras cuatro veces viajó solo a Roma. Recién en las dos últimas, en julio y diciembre del 2019, estuvo acompañado por Pérez Muñiz, según datos de la Presidencia a los que accedió Búsqueda mediante otro pedido de acceso a la información.
Pérez Muñiz viajó en otras misiones oficiales lideradas por Toma. En tres ocasiones lo acompañó a Washington D.C. en el marco del juicio entablado por la minera Aratirí contra el Estado uruguayo. Esos viajes no fueron analizados por la Jutep porque no eran parte de la denuncia inicial.
karen@magnolio.uy
Pablo de María 1015
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