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Luego de que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) desestimara el reclamo de la jueza Mariana Mota por su traslado de un juzgado penal a uno civil, la magistrada informó que llevará su caso ante la Corte Interamericana, y afirmó que las causas por violaciones a los derechos humanos que investigaba quedaron paralizadas.
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La jueza que relevó a Mota en el juzgado penal de séptimo turno, Beatriz Larrieu, dijo a Búsqueda que eso no es cierto. “No es que los expedientes estén paralizados, sino que no se ha podido avanzar porque están en su mayoría en apelación o en casación ante la Corte”, afirmó.
“Lo que pasa con la mayoría de las causas es que la defensa pide la clausura del presumario por entender que los delitos prescribieron. Yo dicto una resolución diciendo que no prescribieron, y la defensa la apela”, explicó.
Mota era para varias organizaciones de derechos humanos una jueza emblemática en la investigación de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura (1973-1985). Su traslado al área civil generó enojo en estas organizaciones, que entendieron que con esa decisión se coartaba el trabajo de la magistrada.
Esta semana, luego de conocer la decisión del TCA, Mota dijo que cuando se fue del juzgado “había causas para decidirse” y “todavía no se han decidido”. “Hace más de dos años, y hasta hoy no se decidió ninguna. Habría una media docena de causas que se podrían haber decidido ya”, dijo, según informó el diario “La República”.
Larrieu sostuvo que si bien Mota habla de media docena de causas listas para resolverse, en realidad hay solo dos expedientes con pedidos de procesamiento por parte de la Fiscalía.
Expedientes.
Cuando Mota dejó el Juzgado, en febrero de 2013, había en la sede 43 expedientes referidos a violaciones de derechos humanos durante la dictadura, según un informe que elaboró Larrieu y al que accedió Búsqueda. De esas causas, 41 estaban en etapa de presumario y 2 en etapa de sumario, con tres personas procesadas.
A junio de 2015, hay 32 expedientes, de los cuales hay uno en etapa de sumario y el resto en presumario. Tres están ante la Corte por recursos de inconstitucionalidad presentados contra la ley Nº 18.831(que reestableció la pretensión punitiva del Estado para los crímenes ocurridos en la dictadura). Otros 18 se encuentran ante Tribunales de Apelaciones o ante la Corte alegando que el delito prescribió. Diez causas están en trámite ante el Juzgado, diligenciando pruebas solicitadas durante la instrucción.
Entre febrero de 2013 y junio de 2015, diez presumarios fueron archivados a solicitud del Ministerio Público por ausencia de elementos para continuar la investigación, y uno fue clausurado por la muerte del encausado.
Autoritario.
El martes 23 “El País” informó que el TCA desestimó el reclamo de la jueza Mota contra la Suprema Corte de Justicia por su traslado a una sede civil. Por tres votos contra dos, el TCA consideró que la invocación de “razones de servicio” por parte de la Corte es suficiente para justificar el acto administrativo.
El abogado de Mota, Antonio Rammauro, informó que llevarán el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Presentarlo ante la Comisión tiene la finalidad de mostrar el funcionamiento del Poder Judicial, donde hay normas que son autoritarias e irreflexivas, para que la Corte obligue al Estado a corregir el funcionamiento del Poder Judicial”, dijo a Búsqueda.
