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Leo en la última edición de Búsqueda que el presidente de AFE fue denunciado por acoso laboral por parte de un abogado a quien —por esa razón— no le renovaron el contrato. En buen romance, lo echaron por haber denunciado al presidente del Directorio, Miguel Vaczy (Partido Nacional).
Este señor Vaczy es presidente de AFE y de Self. Agradezco al periodista que explica con claridad que nos encontramos ante un bipresidente. No es para cualquiera ser presidente de dos empresas del tamaño y volumen de negocios de estas dos empresas, que tienen en común que ambas subsisten por el subsidio del Estado.
También se resolvió contratar a un importante estudio de abogados para defender al pobre bipresidente. No sea cosa que se vaya a sentir desamparado. Es decir que todos nosotros vamos a pagarle la defensa a este ignoto señor de nombre Miguel Vaczy en un tema donde lo único que se va a discutir es si ha hecho abuso de poder acosando al abogado de la empresa.
Y, si faltaba algo, el propio bipresidente Miguel Vaczy dio su voto para que el Directorio tuviera mayoría para que la empresa le pague el abogado. ¿No estamos ante un delito?
Buscando en Internet, encuentro una nota de prensa en la que se cuenta que en el pasado gobierno del FA el Tribunal de Cuentas observó el gasto de Ancap en abogados para defender a gerentes de una denuncia penal. Parece que antes también pasaban estas cosas.
El hecho fue que un gerente de Ancap denunció penalmente a otros tres gerentes en una denuncia que llegó a incluir a integrantes del Directorio de Ancap.
En ese momento el presidente de esa importante empresa pública era Raúl Sendic. Ni más ni menos.
Buena dupla: Sendic y el bipresidente Vaczy.
Estos asuntos tienen una vertiente ética, legal y política.
Desde el punto de vista ético es inadmisible que se paguen abogados con dineros públicos para defender a gerentes, presidentes y bipresidentes por temas que hacen a la conducta personal. Un asunto penal y uno de acoso laboral son esencialmente personales. Es más, una denuncia de acoso laboral puede terminar en sede penal. Es común que ello suceda.
Desde el punto de vista de la legalidad, el Tribunal de Cuentas fue claro cuando expresó que “La responsabilidad penal es necesariamente de carácter personal, por lo que asignar fondos públicos para la defensa se encuentra reñido con elementales principios de buena administración y de lógica que, como disciplina, informa al derecho”. Es decir que el TCR objetó la legalidad del gasto. Además, se estaría desconociendo el Código de Ética de la Función Pública, como asevera el representante colorado.
¿Adivinen qué le pasó al gerente de Ancap que hizo la denuncia? El Tribunal de lo Contencioso Administrativo indicó que Ancap actuó con “desviación de poder” al apartar del cargo al gerente que se animó a denunciar a tres gerentes y al Directorio de Ancap. Lo apartaron del cargo por denunciar. Por si quedaban dudas, también el TCA deja en claro que se buscó separarlo del cargo para “acallarlo”.
¿Y qué pasó en Self ? El abogado de Self tuvo peor suerte que el gerente de Ancap porque directamente “no le renovaron el contrato”, eufemismo utilizado para no decir que lo despidieron. En este punto, el bipresidente Vaczy se esmeró en aclarar que no había despido. No sea que haya que pagarle a quien se animó a denunciarlo.
Desde el punto de vista político, la oposición de entonces que hoy nos gobierna objetó lo realizado en ese momento en Ancap cuando gobernaba el FA.
