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El Estado, por medio de cualquiera de sus instituciones, lleva adelante proyectos del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) que benefician a nuestro país. El organismo internacional mencionado corre con los costos/gastos de dichos proyectos, para lo cual se necesita contratar personal especializado.
A mí se me contrata para el cargo de administrativa, debiendo cumplir funciones de secretaria bilingüe, en una oficina de la Dirección Nacional de Medio Ambiente. Son contratos que dependen de renovación anual. Fui contratada en 1999 y trabajé hasta el año 2010 (11 años), año en que me jubilé. El sueldo uno lo percibe debiendo establecerse como empresa unipersonal, emitiendo facturas mensuales a nombre de la institución estatal, por el monto determinado en el contrato, el cual se firma directamente con el PNUD.
El contrato especifica que dicho organismo no se hará cargo de los aportes jubilatorios correspondientes, ni de aguinaldos, salarios vacacionales u otros beneficios. Por lo tanto, una secretaria debe aportar para su jubilación. En mi caso un monto ficto mínimo al BPS, ya que quizás deba mencionar que el pago mensual del PNUD no era un monto que pudiera cubrir los reales aportes personales/patronales del trabajador. Acepté esta modalidad de contratación, ya que tenía entonces 55 años, por lo cual me sería muy difícil conseguir otro trabajo y necesitaba el sueldo.
Mi pregunta es: En vista de que al organismo internacional no le corresponde hacerse cargo de las prestaciones y beneficios que reciben los trabajadores en este país… ¿No debería la institución estatal hacerse cargo de los beneficios antes mencionados, a los cuales todos los trabajadores tienen derecho?
Los trabajadores administrativos contratados bajo estas condiciones en el marco de estos proyectos, estamos directamente regalando parte de nuestro futuro bienestar como jubilados.
De esta historia surge otro capítulo: En medio de esos 11 años, los últimos de mi carrera laboral, yo tuve la convicción de que debía hacer algo al respecto de mi futura jubilación. Presenté ante el Directorio del BPS toda la información (contratos, copias de facturas, etc.) para que se estudiara mi caso.
El Directorio del BPS, finalmente, luego de que se llevara a cabo el estudio correspondiente, falló en mi favor, alegando mi condición de dependiente y subordinada, y pocos meses después de jubilarme, se reformó retroactivamente mi jubilación, de acuerdo a lo resuelto.
Para ser breve, pasé a cobrar mi jubilación recalculada —y justa, a mi entender— durante mis primeros seis años de jubilada. En mayo de 2016, sin previo aviso (por una sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la cual nunca tuve conocimiento), el nuevo Directorio del BPS rebajó mi jubilación a la mitad.
En este segundo capítulo, yo entiendo que muchos pensarán que era lo que legalmente correspondía, ya que yo había trabajado bajo contratos firmados por mí, y conociendo cuáles eran las condiciones. Eso lo comprendo, a pesar de lo que planteo anteriormente, sobre la injusta falta de equidad que supone trabajar en una oficina estatal, a través de contratos PNUD, y a pesar de que el BPS había tomado una resolución que me respaldaba con respecto a mis derechos como trabajadora dependiente y subordinada.
Lo que no comprendo es que pueda suceder algo así, que luego de cobrar un ingreso jubilatorio durante seis años, cuando yo ya tenía una vida armada de acuerdo a mis posibilidades económicas, de un día para el otro, sin ninguna notificación previa, mis “derechos adquiridos” vuelan de un plumazo y yo tuve que conseguir dinero prestado para pagar deudas contraídas con anterioridad, y ajustarme a una situación que me resultaba —y me sigue resultando— muy difícil de mantener con este nuevo ingreso.
Publico esto porque hoy día estoy enfrentando momentos muy difíciles, que se deben a las consecuencias de algo injusto, de lo cual no pude defenderme y considero necesario compartirlo, divulgarlo, para establecer, de alguna manera, un ámbito de justicia.
