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Mientras el órgano rector del fútbol mundial se tambalea ante las acusaciones por fraude y conspiración que involucran a varios de sus dirigentes —el martes su presidente por los últimos 17 años, Jospeh Blatter, puso su cargo a disposición ante presuntas investigaciones que podrían implicarlo en hechos de corrupción—, la Justicia uruguaya indaga, a pedido de Estados Unidos, el alcance de los activos que el ex vicepresidente de la FIFA Eugenio Figueredo posee en el país.
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Luego de recibir un exhorto del Departamento de Justicia de Estados Unidos en el que solicita información sobre los activos de Figueredo en Uruguay, la Justicia local dispuso el bloqueo de las cuentas del dirigente, el embargo de los bienes a su nombre y levantó el secreto bancario de sus operaciones, informó el diario “El País” el sábado 30.
Según informaron a Búsqueda fuentes vinculadas a la investigación, la Justicia indaga ahora si el ex presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol compró propiedades y las puso a nombre de testaferros.
Las medidas de la Justicia uruguaya también alcanzan a las sociedades Datisa y Full Play, con sedes en Uruguay, propiedad de los argentinos Alejandro Burzaco y Hugo y Mariano Jinkis (también investigados por la Justicia de Estados Unidos), según informó “El País”. Las empresas son mencionadas en la acusación de la Fiscalía General norteamericana como parte de las operaciones del pago de sobornos. Datisa SA posee los derechos de televisación de los partidos de la Copa América y Full Play de los partidos de la Eliminatoria al próximo mundial de fútbol.
La acusación del Departamento de Justicia estadounidense también menciona a una empresa y a un banco uruguayos, a los que no identifica, a través de los cuales el ex secretario general de la Concacaf (Confederación de Asociaciones de Fútbol de América del Norte, Central y el Caribe), Chuck Blazer, habría recibido un giro de 200.000 dólares.
Blazer es uno de los dirigentes de la FIFA acusados de corrupción por la Justicia norteamericana, y fue quien colaboró con las investigaciones a cambio de una reducción de su pena.
Fuentes oficiales dijeron a Búsqueda que la Dirección General Impositiva (DGI) está investigando a las tres sociedades mencionadas en la denuncia del Departamento de Justicia estadounidense. “Se está actuando. Cuando hay denuncias públicas de situaciones irregularidades que involucran a contribuyentes, el criterio general se colaborar en la investigación”, explicaron.
En torno a este caso, es la Justicia la que “determina qué información se precisa”, añadieron. El trabajo de la DGI se apoya, entre otros elementos, en la información que posee de su propia base de datos. Eso permite reconstruir la historia de las sociedades en su relación con el fisco.
El portal Sudestada publicó ayer miércoles un informe en el que detalla las propiedades que Figueredo posee en el estado de California, en Estados Unidos. Según la investigación, “la familia Figueredo mantiene en su poder ampulosas residencias, cuyos valores sumados al del predio en que funciona la empresa de venta de piedras decorativas Sunburst Decorative Rock Inc. —también de su propiedad—, generan un monto de unos 4,8 millones de dólares”.
Además, indica que “los Figueredo han comprado y vendido otras casas de Los Ángeles por un total de 1,3 millones de dólares”. Informa que el ex vicepresidente de FIFA “aparece como comprador en alguna propiedad”, pero que “es su esposa la que figura en todas las transacciones inmobiliarias”.
Cargos.
Los nueve dirigentes de la FIFA acusados por la Justicia norteamericana enfrentan cargos de hasta 20 años de prisión por los delitos de fraude, conspiración, lavado de dinero y obstrucción de la Justicia, entre otros. Sobre Figueredo pesarían además diez años de prisión por fraude de naturalización (por haber mentido en la solicitud de la ciudadanía norteamericana) y podría tener su ciudadanía revocada.
