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Mientras en el Poder Judicial cada vez hay menos esperanza de lograr un acuerdo con el gobierno por los aumentos salariales que exigen desde 2011, los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) resolvieron reclamar que los recursos que generan queden en sus arcas y no se vuelquen a Rentas Generales.
La propuesta, que se incluirá en el proyecto de ley de Presupuesto que prepara la SCJ, surge en medio del conflicto que tiene a los gremios judiciales enfrentados con el gobierno y luego de que este promulgara una ley que establece que el Poder Judicial debe pagar con sus propios fondos las condenas en su contra.
El jueves 18 en conferencia de prensa, el ministro de la Corte Ricardo Pérez Manrique anunció que se está analizando “la forma en cómo mejorar el nivel de recursos financieros del Poder Judicial, teniendo como meta el tema de la autonomía financiera”.
“Sabemos que para eso es necesario una reforma constitucional, pero puede haber otras vías”, afirmó. “Hoy el Poder Judicial genera una cantidad de recursos que van a Rentas Generales y una de las vías puede ser que esos recursos pasen a ser manejados por el Poder Judicial”, indicó.
Consultado por Búsqueda, Pérez Manrique explicó que “hay varias fuentes de recursos que generamos y van a Rentas Generales”.
“Son tasas y otros gravámenes que trataremos que se asignen como financiamiento legítimo” al Poder Judicial, indicó.
El ministro informó que la corporación está trabajando en calcular cuánto dinero representan estos recursos para incluir la propuesta en el proyecto de ley de Presupuesto que elabora el Poder Judicial.
Fondos.
Según informó a Búsqueda la directora de la división Planeamiento y Presupuesto del Poder Judicial, Luz Gonnet, uno de los conceptos que recauda la Justicia y que se vierte a Rentas Generales es el timbre de Registro de Testamento y Legalizaciones. Los ministros quieren que esa recaudación (que en 2014 fue de $40.654.463), quede en manos del Poder Judicial.
Otros recursos que la Justicia pretende retener son los que se recaudan por los servicios de Registro Civil que prestan en la mayoría de las ciudades del interior del país los Juzgados de Paz. El Poder Judicial financia los recursos humanos y materiales que requiere el servicio —casamientos, partidas de nacimiento, defunciones— pero lo recaudado por esas tasas va a Rentas Generales. Este reclamo ya fue planteado por la Justicia en presupuestos anteriores.
“Son grandes conceptos que hoy se los queda Rentas Generales”, explicó una fuente de la corporación. “Dada la situación en que estamos, de un presupuesto muy recortado, cualquier monto ayuda mucho”.
El presupuesto anual asignado al Poder Judicial es de $4.321.333.536 (unos U$S 150.000.000). De este monto, el 86% se destina a salarios, informó la contadora Gonnet.
“Ese crédito es insuficiente para cubrir el presupuesto de gastos previstos para el año 2015”, precisó, por lo que las cuentas del Poder Judicial tienen un déficit aproximado de $ 81.158.489. Ese monto “fue solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas por refuerzo de crédito y aún no ha sido asignado”, añadió.
Enganches.
El dinero ha sido una de las piedras en el zapato en la relación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, que desde hace años están enfrentados por un conflicto por aumentos salariales que reclaman los gremios judiciales.
Jueces, funcionarios judiciales, actuarios y defensores de oficio entienden que les corresponde cobrar un aumento a partir de la Ley de Presupuesto que entró en vigencia en 2011. Es que cuando en esa norma el gobierno equiparó el sueldo de los ministros de Estado con el de los legisladores, ocasionó una serie de inesperados “enganches” en los salarios del Poder Judicial.
Las autoridades no han dado señales de avanzar en una propuesta para los gremios judiciales, y desde esos ámbitos tienen “poca” o “ninguna expectativa” de que el problema se solucione en las negociaciones con el Poder Ejecutivo, dijeron a Búsqueda varias fuentes consultadas.
En los últimos meses los gremios se reunieron con el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, pero después no recibieron ninguna propuesta o comunicación del gobierno. Ante un panorama desalentador, los gremios apuestan a que el conflicto se dirima en la vía judicial.
“Hay incertidumbre y el tiempo sigue corriendo. No hemos recibido ninguna propuesta y lo único tangible que tenemos por ahora es la vía judicial”, dijo a Búsqueda el presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay, Ricardo Míguez. No obstante, afirmó, no van a “cortar” el diálogo. “Estamos dispuestos a escuchar una oferta”, dijo.
Los funcionarios judiciales y los actuarios tienen una sentencia de primera instancia a su favor, que condenó al gobierno a pagarles el 26% de aumento que reclaman. El Poder Ejecutivo apeló el fallo, por lo que se aguarda la decisión de segunda instancia.
Además, el gremio de los jueces también inició un juicio contra el Estado para cobrar el aumento de 21,6% que reclaman. Luego de varios meses en los que la demanda circuló por varios juzgados —los jueces declinaban competencia porque eran parte en el juicio— finalmente ingresó en un Juzgado de Familia, informó Míguez.
