El nuevo proceso penal y la Constitución

No sé si lo anterior es cierto, pero, si ocurrió, debió haberse evitado. El artículo 11 de la Constitución requiere para que se pueda proceder a un allanamiento con orden del juez competente, por lo que es imposible (contrario a derecho) que esta medida sea dispuesta por un fiscal. Asimismo, el artículo 15 prevé la posibilidad de que un sujeto sea arrestado: a) in flagranti delito o b) habiendo semiplena prueba y por orden del juez competente. El arresto, fuera del caso de flagrancia, es decisión exclusiva de un juez.

Adviértase además que estas exigencias constitucionales no son caprichosas, sino que responden a criterios garantistas muy claros, conforme a las normas internacionales.