El presidente del Frente Amplio manifestó: “Hoy está en juego la credibilidad de todo el sistema político” (La Diaria, 7/10/2017, pág. 3). Agregó que “(…) es importante reafirmar el valor de la política (...)”, y que “para lograrlo se necesitan mensajes claros desde la política hacia la sociedad, que permitan generar espacios de credibilidad (… )”. Y remató a modo de solución: “(…) de como se financien los partidos es la clave”.
En la misma página del órgano de prensa citado se da cuenta sobre la publicación de un decreto que regula el uso de viáticos, que obliga a todos los jerarcas con responsabilidad política del Poder Ejecutivo a rendir cuentas cuando viajan en misión oficial y reciben viáticos del Estado. Además se informa que un decreto del año 1992 ya regulaba las misiones oficiales y no prevé la rendición de cuentas, así como “disponer la devolución de los viáticos sobrantes”. Surge, no sin estupor, un cuestionamiento respecto a cuántas misiones oficiales durante años. Y nada supimos sobre el uso de los viáticos otorgados.
El prosecretario de Presidencia de la República señaló que “lo que se pretende es dar una señal política de austeridad, de transparencia y buenas prácticas. Una señal de celo en lo que a la cosa pública refiere”. Si bien la medida no deja de ser necesaria, entendemos que muy tarde se acordó el FA de la “otra forma de gobernar”; va la tercera administración. Tal vez el uso de las tarjetas corporativas, salpicado de corrupción, y en el que estuvo implicado el ex vicepresidente de la República, haya oficiado de disparador de estas medidas tomadas ahora, respecto al uso de los dineros públicos. También, de otras tiendas, se supo de conductas, en principio, éticamente reprobables: el affaire de Cambio Nelson; la Intendencia de Soriano y la compra de combustible en estaciones de servicio propiedad del Intendente; el accidente automovilístico protagonizado por un diputado por Tacuarembó conduciendo alcoholizado.
¿Cuánto sabemos, no sabemos, y deberíamos saber los ciudadanos? Por ejemplo, en el tema de la gestión de ASSE, que está en proceso de investigación y donde está en juego la salud pública, y el tema ambiental, el cual genera ascendente preocupación pues sigue cargado de incertidumbres. Aquí sí, da mérito para detenernos en él pues existen ya varios hechos denunciados y los ciudadanos —al menos para quien escribe— no tenemos certeza de lo que realmente ocurre.
Los agrotóxicos y su aplicación continúa generando grandes inconvenientes para los productores que ven afectados sus plantíos, caso de La Armonía en Canelones. Según muestras de un último estudio realizado por la Facultad de Química, fueron encontrados restos de endosulfán y DDT en el pozo de la escuela 10 de La Armonía. En octubre de 2005 se prohibió por decreto el uso y la importación de DDT y lo mismo se hizo con el endosulfán en 2012, por tratarse de químicos con efectos nocivos para la salud humana y los suelos. Ambos están catalogados como contaminantes orgánicos persistentes (COP), permanecen largo tiempo en el suelo y forman parte de la lista del Convenio de Estocolmo de sustancias a eliminarse. Uruguay forma parte del Convenio desde 2004 (Brecha, 13/10/2017, pág. 34).
También (Brecha, 27/10/2017, pág. 25) por los agrotóxicos, entre otros perjuicios, para el paraje canario François Margat, donde nace el agua potable para gran parte del territorio nacional, fue solicitado por vecinos que se lo declare área protegida. Margat se encuentra entre las ciudades de Canelones y Santa Lucía, en torno al arroyo Canelón Chico. El biólogo José Langone, que trabaja en la planta potabilizadora de OSE en Aguas Corrientes, advirtió que el arroyo Canelón Chico está “severamente impactado, su calidad de agua es pésima”, y “… la calidad del agua es fundamental para mantener una potabilización dentro de los márgenes seguros”; y que “es un hecho mirando la tarifa de OSE”; “… el costo ambiental lo está pagando el usuario, cuando lo tendría que estar pagando quien contamina”.
Hasta aquí, y ante lo expuesto, la ciudadanía debería saber en qué grado se encuentra afectada nuestra calidad de vida y, por qué no, en qué grado está comprometida nuestra propia existencia. Los cuestionamientos al manejo del tema ambiental no se muestran infundados ni responden a una conveniencia partidaria.
Asimismo, hay otro tema: se aprobó la ley de riego. Académicos de la Facultad de Ciencias y organizaciones como Redes Amigos de la Tierra y la Comisión del Agua y la Vida advirtieron, cuando el proyecto de ley se estaba discutiendo, que la iniciativa viola el artículo 47 de la Constitución de la República porque habilita la mercantilización del agua. La senadora Carol Aviaga, la única legisladora que votó en contra de la iniciativa, cuestionó que no se tuviera en cuenta la opinión de científicos de la Facultad de Ciencias de la Udelar sobre los efectos en materia ambiental.
El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca negó, en su momento, que la iniciativa pudiera tener consecuencias serias en materia medioambiental y consideró el proyecto clave para “aumentar la producción y competitividad del sector agrícola”, según consta en la exposición de motivos ( La Diaria, 16/10/2017, pág. 2).
En la edición del 18 de octubre de 2017 (pág.4) del mismo diario, se da cuenta de que el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente realizó una presentación de políticas para proteger el medioambiente de actividades agropecuarias. El director nacional de Medio Ambiente explicó una serie de políticas que impulsa su cartera para disminuir el impacto de la producción agropecuaria sobre el ambiente y, entre otras precisiones, señaló que el deterioro de la calidad del agua es una de las consecuencias de la actividad agropecuaria. Asimismo, indicó que, desde hace unos años el Ministerio concluyó que la “no consideración de aspectos ambientales terminará afectando la actividad productiva”.
Aparte de estas posturas, que suman incertidumbre, es de prestar atención a lo ocurrido en un encuentro realizado en un Comité de Base del Frente Amplio. Allí, técnicos cuestionaron la aprobación de la ley de riego y alertaron que esa fuerza política se distancia del ambientalismo ( La Diaria, 6/11/2017, pág.4). Sale una ley sin consenso y técnicamente cuestionada en la propia fuerza política que la impulsó; por qué, entonces, su urgente aprobación, a qué responde, alienta una duda ciudadana, sin dudas válida. Es necesaria y pertinente una fundamentada explicación.
También sobre el tema en cuestión, el biólogo Andrés Carvajales lamentó declaraciones de una jerarca del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en las que consideró que científicos de la Udelar, críticos de la ley, tienen una visión “muy de derecha, muy conservadora”. Como ciudadano, me resulta un argumento muy pobre mezclar ideología en un tema tan delicado, que hace a la salud de la población. Además, viniendo estas argumentaciones de tiendas gubernamentales. En la misma instancia, otros dos técnicos (Blum y Carámbula) cuestionaron: quiénes fueron escuchados en el proceso parlamentario de la ley; que la academia no ha sido partícipe; tampoco la sociedad civil; ni los productores familiares. Además señalaron que: la “unidad del FA se garantiza con la discusión y el debate, no con la imposición”; y que: “Estamos perdiendo la referencia de con quiénes tenemos que pensar el modelo de desarrollo del país”. Para reflexionar y pensar con preocupación: si esto sucede entre pares, qué podemos esperar el común de los ciudadanos. Otra incertidumbre más.
Ahora bien, a nuestro criterio, un sistema político, incluido el gobierno, que se desacredita por conductas éticamente reprobables, debería apelar a la autocrítica, tomar medidas ejemplarizantes y soslayar el aspecto electoral. De lo contrario, va perdiendo autenticidad y valoración frente a la ciudadanía y esta va siendo ganada por el más grande de los desamparos. Habría que prestarle mayúscula atención a lo expresado, oportunamente, por el Cr. Ricardo Gil Iribarne, presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (apodada Junta Anticorrupción), en el sentido que los partidos uruguayos, a la luz de lo sucedido en Brasil, deberían estar “mucho más preocupados” por tener un buen sistema de prevención, porque se corre el riesgo de que la sociedad piense que “todo da lo mismo”.
Para despejar incertidumbres que generan dudas, acompañadas del miedo por no saber, que nos asaltan a la mayoría de los ciudadanos, la responsabilidad y obligación mayores pasa por las autoridades del gobierno. Allí están, porque allí los pusimos los ciudadanos, y el gobierno se otorga para que tenga poder para servir, no para aprovecharse de él. Entendemos y estamos convencidos, como ciudadanos, que esta sí es la clave para que el sistema político tenga permanente credibilidad. Sabemos, por dura experiencia, que a la democracia, sistema perfectible, no es aconsejable perderla.
Carlos A. Nilson
CI 1.157.940-4
