Es inviable tomar “moldes” de la actividad “urbana” para el campo

Si bien los productores, en general, defienden los avances legislativos en materia laboral, cuestionan el hecho de que son elaborados para las características de la vida en la ciudad. Señalan que, si bien implican mejoras, también suponen una dificultad para ser aplicados en el campo en la manera en que fueron planteados.

En la construcción, por ejemplo, se sabe que se empieza a trabajar a una hora y se termina a otra. Hay un plan de obras preestablecido. “En las tareas rurales la realidad no es constante durante todo el año”, insistió el directivo. Y agregó: es “difícil tener un control” sobre las horas que trabajan los funcionarios, las horas de entrada y de salida, sobre todo en las empresas grandes.

“Las ocho horas son un derecho”

Aguerre, en diálogo con Campo, enfatizó que “las ocho horas son un derecho (...) consagrado en todas partes del mundo”. “Se ha discutido mucho sobre si eso es compatible o no con la agricultura”, pero desde que se aprobó “no ha pasado nada”, dijo. “La enorme mayoría de las relaciones laborales entre empleador y empleado son muy buenas”, valoró. Además,  en la agricultura, cuando eso no sucede la “gente se va” a trabajar a otro rubro, debido a las posibilidades que existen en la actualidad, sostuvo.“Cuando hay que trabajar más de ocho horas es justo que se reconozca, por la vía de las horas extras o por acuerdos que muchas veces tiene el trabajador con el empleador”, subrayó. 

La ley que limita la jornada laboral a ocho horas en el campo “llegó 90 años después que a otros sectores”, señaló por su parte la representante del gobierno en las negociaciones tripartitas de los Consejos de Salarios, Andrea Badolati, durante la misma actividad. En el momento en que se aplicó esa ley, indicó, también se reguló el descanso intermedio y el descanso semanal. Fue e partir de este momento que se posibilitó contabilizar las horas extras, apuntó. Y dijo que “esta realidad ya está instalada”.

Para Gamarra, sin embargo, desde la ACA siempre se concibió al funcionario como una “parte fundamental” de la empresa y, antes de ser aprobada esta  ley, los arroceros aplicaban una metodología propia para reconocer las horas extras y la mayor dedicación, dijo Gamarra. La legislación es simplemente un “cambio de formas” para nosotros, apuntó. 

A su vez,  “la demanda del trabajador es por más salario, pero sin hacer énfasis en la productividad”, se quejó, y dijo que “por el lado de los empresarios se hace énfasis en más salario, pero con más productividad”. 

“Nos ha tocado ser nosotros quienes llevamos la voz cantante y nos preocupa la capacitación, la salud y la seguridad laboral”, incluso “un poco más de lo que nos ha sido demandado por los funcionarios”, aseguró. 

“A veces nos parece (...) que el Ministerio, la parte tripartita, mira más al funcionario y no reconoce tanto a lo que se expone en el sector nuestro”, criticó el dirigente. “Ahora, evidentemente, tienen menos posibilidades de defenderse que el sector de los empleados”, reconoció.

En el último año, el sector arrocero  ha enfrentado márgenes de ganancia “apretados”, como han indicado los productores en varias oportunidades. Sin embargo, “el tema de la mano de obra es lo que menos nos pesa”, aseguró Gamarra. 

Prevención de accidentes

La ley 19.196, aprobada en marzo, responsabiliza a los empresarios en caso de poner en riesgo la vida de un trabajador. Para Gamarra, no obstante, los productores arroceros ya velaban por la seguridad antes de esta nueva legislación. 

“Nosotros tenemos un manual de buenas prácticas agrícolas, que es ejemplo en Sudamérica y el mundo, sobre cómo manejar la producción, el medioambiente y los recursos humanos”, destacó. La acción de ACA se mantiene en sintonía con la que ha sido la actitud histórica del sector, que hace “énfasis importante” en la prevención de accidentes, dijo. Se aborda este tema como un hecho importante en sí mismo, no por el mero “cumplimiento de la ley”, insistió.