Estados Unidos vuelve a advertir a Uruguay que no cumple con estándares mínimos para combatir la trata de personas

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Nº 2082 - 30 de Julio al 5 de Agosto de 2020

En un contexto de críticas cruzadas entre la Justicia y organizaciones sociales, falta de recursos humanos y económicos, y víctimas desprotegidas desde el punto de vista legal y de la seguridad, un informe de Estados Unidos señala a Uruguay por no cumplir con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas, que afecta principalmente a mujeres y niñas. La definición mantiene al país en la categoría 2, aquella integrada por gobiernos que no alcanzan ciertas exigencias necesarias en la materia, pero continúan realizando “esfuerzos significativos” para completarlas.

“Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no identificaron a las víctimas de manera proactiva y sistemática, y el gobierno no tuvo servicios adecuados para las víctimas ni proporcionó acceso constante a refugios”, afirma el reporte Tráfico de Personas (TIP, por su acrónimo en inglés), publicado a fines de junio por el Departamento de Estado de Estados Unidos. El documento agrega que algunas víctimas “se negaron a participar en juicios contra sus traficantes debido a las dudas sobre la capacidad del gobierno para garantizar su seguridad”. Respecto a las condenas por tráfico de personas, destaca que en 2019 aumentaron, pero que “los esfuerzos para enjuiciar a los traficantes siguen siendo insuficientes” y las sentencias “deberían implicar penas de prisión significativas”.

Estos puntos son causa de debate a nivel nacional. En la Fiscalía General de la Nación consideran que el bajo número de investigaciones se debe a las pocas denuncias que reciben y cuestionan a las ONG que trabajan en el apoyo de las víctimas por no llevar los casos a la Justicia, mientras desde la sociedad civil replican que su prioridad está puesta en la protección de las mujeres y apuntan a la falta de acciones por parte de fiscales y policías para detectar a los responsables.

Las discrepancias fueron discutidas en el Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y la Explotación de Personas, un ámbito creado por la Ley Nº 19.643 de 2018 para coordinar las acciones del Estado en el tema. “No podemos decir que tenemos 600 casos de trata, porque no hay 600 casos. Porque para que haya un caso de trata debe haber una investigación que lleve adelante la Fiscalía”, afirmó el fiscal de Corte Jorge Díaz respecto a los números que manejan algunas organizaciones.

Andrea Tuana, directora de la asociación civil El Paso, mostró su preocupación de que la Fiscalía “genere una suerte de tensión entre las ONG y el sistema de Justicia, porque no es la realidad”. El miércoles 29, en la diaria, Tuana añadió que en materia de persecución del delito hacen falta “investigaciones proactivas, que no necesariamente dependan de los testimonios de las víctimas, sino que puedan ser acciones encubiertas, que empiecen a perseguir y a hacer líneas de investigación a través de datos, información y lo que puedan recabar”.

Consentimiento inicial en la prostitución

Ya en su vigésima edición, el informe TIP es la principal herramienta diplomática del gobierno de Estados Unidos para involucrar a gobiernos extranjeros en el combate a la trata de personas, con un análisis que incluye cinco categorías de posicionamiento en la materia para casi 200 países. Fue lanzado en ocasión del Día Mundial contra la Trata de Personas, celebrado por las Naciones Unidas cada 30 de julio.

Además de hacer hincapié en la seguridad de las víctimas —mientras participan en juicios y mientras los refugios a los que acuden están cerrados durante el día— el informe llama a Uruguay a reforzar la Ley Nº 19.643, que tiene por objeto la prevención, persecución y sanción de la trata y la explotación de personas, así como la atención, protección y reparación de las víctimas. Estados Unidos refiere en específico a la necesidad de que jueces y fiscales sean capacitados “sobre la irrelevancia del consentimiento inicial en la prostitución y sobre la coerción no física”, en línea con una posición internacional que establece que todo consentimiento inicial queda anulado si es fomentado por engaño, coacción o abuso de poder.

Otro de los focos del reporte está puesto en las mujeres extranjeras que son explotadas sexualmente por organizaciones criminales. En Uruguay las víctimas del exterior provienen principalmente de Cuba, República Dominicana, Haití y, en menor medida, de países sudamericanos como Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay. En ese sentido, el Departamento de Estado pide a las autoridades locales que examinen “de manera proactiva” a los trabajadores extranjeros para detectar indicadores de tráfico, incluso mediante inspecciones a bordo de embarcaciones con bandera extranjera atracadas en aguas uruguayas.

Las actividades de barcos extranjeros, especialmente los pesqueros, son continuamente cuestionadas por Estados Unidos en diversos informes que ha publicado en los últimos años. Sostiene que los trabajadores extranjeros —tanto mujeres como hombres— a bordo de estos buques están sujetos a abusos que incluyen trabajo forzoso, salarios no pagados, identificación personal confiscada y castigos físicos, con un posible promedio desde 2013 de un miembro de tripulación muerto por mes en buques pesqueros con banderas de China y Taiwán atracados en aguas uruguayas. Para contrarrestar esas situaciones, el reporte TIP aconseja al gobierno uruguayo “considerar” legislación que requiera que los buques pesqueros extranjeros se registren en el país y cumplan con las leyes laborales uruguayas.

Información Nacional
2020-07-30T00:00:00