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    Experto de Unicef dijo que hay una “tendencia autoritaria” hacia jóvenes que delinquen, y generó críticas de Bordaberry

    La intervención de un representante de Unicef en una comisión del Senado señalando que en América Latina hay una “tendencia autoritaria” que afecta a los adolescentes que cometen delitos generó la reacción del legislador colorado Pedro Bordaberry, que le pidió al experto que no descalifique propuestas como la de bajar la edad de imputabilidad o aumentar las penas.

    El martes 8, una delegación de Unicef fue recibida por la Comisión de Constitución del Senado, que tiene a estudio modificaciones al Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA) para acompasar la norma con el nuevo Código del Proceso Penal que entrará en vigencia en noviembre.

    El principal planteo lo realizó el abogado argentino Emilio García Méndez. Ante los legisladores, el representante de Unicef dijo que en América Latina desde hace “bastante tiempo” hay una “involución” o “tendencia autoritaria” que afecta a los adolescentes que cometen delitos. En tal sentido puso como ejemplo el aumento de penas para los delitos graves y las campañas por la baja de la edad de imputabilidad.

    A esto se suma, dijo, una nueva tendencia que es la “disminución de las garantías” para los jóvenes. El experto sostuvo que los sistemas de responsabilidad penal juvenil están en una “encrucijada”.

    “O los utilizamos como se debe, es decir, como una respuesta seria y legítima del Estado frente a los delitos graves que cometen los menores de edad (…) o usamos los sistemas penales —y aquí me parece que está el peligro— como una especie de política social reforzada para los adolescentes pobres de las periferias urbanas”.

    Bordaberry pidió la palabra para consultar a García Méndez si había dicho que hay un “avance autoritario cuando se propone la baja de la edad de imputabilidad, aumentar las penas o disminuir las garantías”.

    García Méndez reiteró los argumentos planteados, a lo que Bordaberry primero le preguntó si era “argentino”, para luego sostener que en “Uruguay normalmente en los intercambios de opiniones” se mantiene “determinado respeto”. “Y cuando llega alguien no decimos que quien propone algo está en una involución autoritaria, sino que piensa distinto y, quizás, tiene fundamentos de otro tipo, proponga lo que proponga. Tenemos una forma de vida y de relacionamiento distintos que no parten de la calificación o descalificación previa de autoritario de las propuestas”, aseguró Bordaberry, quien en la última elección encabezó la campaña para bajar la edad de imputabilidad.

    El senador dijo que cuando plantea medidas como bajar la edad de imputabilidad o que los adolescentes que delinquen deban estar un tiempo mínimo presos, no solo piensa en “sancionar al menor” de edad. “Estamos pensando en el tiempo mínimo que necesita un menor que mata o viola para ser reeducado. Porque aquí un menor que comete estos delitos, en algún momento ha estado tres meses privado de libertad”.

    “Nosotros pensamos que ese tiempo privado de libertad no es suficiente para reeducar al menor, para trabajar con alguien que cometió esa inconducta, pero no para sancionarlo sino para poder reeducarlo y reinsertarlo en la sociedad”, agregó el legislador. Además, Bordaberry dijo que con estas medidas también piensa en las víctimas. Por eso sostuvo que no cree que estos planteos sean autoritarios.

    García Méndez respondió que lamentaba que Bordaberry lo hubiese “malinterpretado”, ya que “en ningún momento” hizo referencia a su persona.

    Además, el experto planteó que “sería aconsejable” pensar en derogar la Ley 19.055, que establece que la privación de libertad como medida cautelar será preceptiva hasta el dictado de la sentencia definitiva, y que la prisión no será inferior a los 12 meses cuando el adolescente cometa delitos graves. El planteo de Unicef no tiene el respaldo de la mayoría de los partidos.

    Es que en la sesión de la comisión no prosperó una propuesta de la senadora oficialista Constanza Moreira (Casa Grande), que buscaba que la privación de libertad como medida cautelar para los delitos graves no pudiera exceder los 90 días. El resto del oficialismo y la oposición decidieron aprobar un texto en el que no se pone ningún plazo para las medidas cautelares de prisión.

    Información Nacional
    2017-08-10T00:00:00