Sobre el escritorio del fiscal Juan Gómez reposan una cantidad de expedientes y papeles en los que está trabajando. Entre las pilas de hojas destaca el libro “Principio de congruencia y regla Iura novit curia” del procesalista Gabriel Valentín, que por las marcas que posee fue leído por el representante del Ministerio Público en las últimas horas.
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Es que después de que el Tribunal de Apelaciones de Primer Turno revocó por mayoría el procesamiento del ex presidente del Banco República Fernando Calloia en el marco del caso Pluna, el fiscal Gómez sumó otra tarea a su apretada agenda: preparar un recurso de casación contra esa decisión. Y para eso debe rebatir los argumentos del Tribunal que, en lo medular, considera que se violó el “principio de congruencia”, por lo que Calloia sufrió “indefensión”.
A juicio de Gómez, es “saludable” que la Suprema Corte de Justicia dirima este tema y dé “garantías” a todas las partes y en especial a la población. No obstante lamenta que debido a la decisión del Tribunal de Apelaciones, adoptada el lunes 13, el caso Pluna haya quedado por el momento congelado.
“Si tomara el teléfono y me dirigiera a la señora juez” para que “en nombre del interés general” disponga “la libertad inmediata” de un “conspicuo” delincuente, estaría cometiendo “un delito”, afirma sin titubear el fiscal del caso Pluna. A ese ejemplo recurre el representante del Ministerio Público para describir por qué cree que el ex ministro de Economía Fernando Lorenzo y Calloia incurrieron en el delito de “abuso de funciones” cuando hablaron por teléfono para que la desconocida empresa Cosmo pudiera tramitar el aval requerido para la subasta de los aviones de Pluna ante el banco estatal.
—¿Cómo tomó la sentencia del tribunal que revocó el procesamiento de Calloia?
—La tomé con mucho respeto pero sintiendo que no era lo que esperaba.
—El tribunal afirma que se violó el principio de congruencia y que Calloia estuvo sometido a una “indefención procesal”. ¿Qué opinión le merecen esto?
—No comparto ninguna de las dos consideraciones. El principio de congruencia, si vamos al Código del Proceso Penal, está previsto únicamente en el artículo 246 y expresamente prevé que el juez no puede ir más allá de la pena solicitada por el fiscal. Quiero señalar con mucha tranquilidad, que estructuré una solicitud de enjuiciamiento por un delito de abuso innominado de funciones y la señora juez dispuso un enjuiciamiento por un delito de abuso innominado de funciones, por lo pronto no veo discordancia entre lo solicitado y lo resuelto por la sede.
Por otra parte, las garantías en el proceso no están consagradas exclusivamente para una de las partes, sino para las dos: para la defensa y el imputado y para el Ministerio Público que representa a la sociedad. Que alguien me diga que el indagado en el caso sufrió alguna indefensión, con todo el respeto digo que de ninguna manera, porque siempre declaró en presencia de sus abogados, los testigos fueron revisados e interrogados por sus letrados patrocinantes, éstos presentaron pruebas y se diligenció toda la prueba.
—¿El hecho de que la sentencia del Tribunal haya salido con una discordia lo siente como un respaldo a su trabajo?
—Tengo un profundo respeto por la forma de trabajar del doctor Torres y desde luego comparto cada una de sus afirmaciones. Pero no me quiero amparar en el trabajo de Torres, simplemente digo que, por condición humana, reconozco su sensibilidad en un tema en el que coincidimos plenamente como hombres de derecho. El hecho de que no coincida con la forma de ver el derecho en este caso con los doctores Reyes y Vomero, en ningún caso supone un desconocimiento a sus personalidades o capacidades, es la discordancia propia del sistema.
—Luego de la sentencia del Tribunal, se comentó en distintos ámbitos que el procesamiento de Calloia y Lorenzo se inscribió en la llamada “judicialización de la política”. ¿Qué responde a esa crítica?
—Con casi 40 años de enfrentar situaciones humanas en todas las épocas, jamás he permitido que intereses que no sean los estrictamente de derecho incidan en la consideración de ningún tema. Si alguien cree que lo que solicité fue motivado por algún elemento de favorecer o perjudicar a alguien, está en un grosero error. Si alguien cree que quise incidir en situaciones que respeto pero que no me corresponden, está equivocado. La política es completamente ajena a la actividad de los magistrados. Dentro de todas las limitaciones que tenemos, lo único que hacemos es votar como cualquier ciudadano. No me verá usted opinar de política en ninguna circunstancia y nadie puede atribuir con razones morales suficientes, intencionalidades en el accionar de los operadores de justicia.
—¿Le llamó la atención que la sentencia del Tribunal haya salido a tan pocos días de las elecciones nacionales?
—Como siempre, pienso bien. No he controlado el expediente, pero supongo que los plazos urgían al Tribunal a adoptar la decisión en los tiempos que lo hizo. Yo no puedo andar sospechando de intencionalidades. Si las descarto en mi actuación, no soy quien para atribuir a alguien intencionalidades aviesas. Respeto la decisión del Tribunal, si bien manifiesto mi firme discordia con ella.
—Usted va a presentar un recurso de casación. ¿Le parece saludable que termine laudando la Suprema Corte?
—Sí, porque creo que es una forma de dar las máximas garantías a todas las partes y, por ende, a la sociedad. Es bueno permitir que el órgano de justicia por excelencia del país, como es la Suprema Corte de Justicia, se pronuncie sobre aspectos que para mí van bastante más allá del caso concreto. Cuando sostenemos la incongruencia de la posición de un fiscal y de una juez —desde luego no fue el ánimo de los ministros que conformaron la mayoría del Tribunal—, se puede estar poniendo en tela de juicio el funcionamiento de todo el sistema judicial.
—¿Cómo sigue la investigación del caso Pluna?
—Esta decisión no es el mejor escenario para trabajar con tranquilidad. Pero habremos de superarlo...
—¿La investigación queda entonces congelada por ahora?
—Hay elementos que inevitablemente se pueden ver afectados por esta decisión. Había prueba ya fijada de antemano y se ha perdido la oportunidad de profundizar en una discusión y consultar todos los elementos posibles. Con el transcurso del tiempo veremos cómo continuará la investigación. Mientras esté acá intentaré cumplir mi función con el mayor apego a la ley.
—¿Cabe la posibilidad de que el famoso aval otorgado por el Banco República a Cosmo haya sido una conducta desprolija pero no un delito penal?
—En opinión de tres operadores del sistema, no. Tanto para la señora juez, el señor ministro Torres y para mí, nos encontramos frente a conductas aparentemente delictivas y hábiles para disponer un auto de procesamiento que no supone una condena, no decae el principio de inocencia. Otros tres operadores, que me merecen el mayor de los respetos, sostienen lo contrario. Sería bueno que se hubiera culminado con el debate de ideas argumentos, y es lo que procuramos cuando resolvemos llevar el caso a la Suprema Corte de Justicia.
—Con los elementos que tiene a la vista hoy, ¿volvería a pedir el procesamiento de Calloia y Lorenzo?
—No tenga ninguna duda. Si yo mañana tomara el teléfono (lo señala) y me dirigiera a la señora juez —que me perdone porque me merece el máximo respeto— y le dijera: ‘Recuerda tal procesado que es el más peligroso y connotado delincuente, en nombre del interés general ahora mismo usted disponga la libertad inmediata de esa persona’. Si yo hiciera eso, estaría cometiendo un acto absolutamente incompatible con mi función, estaría violentando las reglas de derecho y, por tanto, estaría cometiendo un acto arbitrario y estaría incurriendo en un delito. Eso es lo que me dice el sentido común y yo lo parangono con esta situación. Para mí, el interés nacional siempre es proteger el Estado de derecho, es probable que este servidor público esté equivocado, pero no tengo otra forma de ver las cosas.