La Justicia de Uruguay comienza a perseguir fuera de fronteras a organizaciones internacionales que proveen a los narcos locales

Además habían tomado precauciones. Aunque la droga iba dirigida al mercado uruguayo, para reducir los riesgos la entrega se había realizado en Livramento. El delito, en definitiva, no lo habían cometido en territorio uruguayo, y como no serían ellos quienes se encargarían de distribuir la droga en el país, quedaban fuera del alcance de la Justicia local. O eso suponían. Esta vez, sin embargo, no fue así.

Resuelto a adoptar una “postura firme” frente al fenómeno de la delincuencia internacional, el fiscal Gómez recurrió a esa norma para juzgar a los extranjeros y asegura que esa será “la línea” que seguirá su Fiscalía de ahora en adelante.

“Consideramos que, si bien la entrega de la droga se hizo en territorio extranjero, el delito constituía un perjuicio para el país por la incidencia negativa para la sociedad que implica el consumo de estas sustancias, desde los perjuicios en la salud hasta la economía”, explicó Gómez. “El tejido social sufre las consecuencias. No solo perjudican al que consume la droga sino al entorno social. Además, es uno de los disparadores más claros de actividades delictivas como el hurto y la rapiña, que tienen la finalidad de conseguir fondos para atender esa adicción”.

Por lo tanto, si bien “son ciudadanos extranjeros que cometen un delito en el extranjero, consideramos que las consecuencias de ese delito se van a concretar en el país”, dijo Gómez.

“Postura firme”.

Los tres paraguayos, uno de ellos el jefe del grupo criminal, fueron detenidos el 25 de abril en Rivera. El mismo día fueron detenidos cinco uruguayos. El fiscal pidió el procesamiento con prisión de los uruguayos por el delito de introducción e importación de estupefacientes, y de los paraguayos por el delito de distribución. Además, solicitó el procesamiento de una uruguaya por el delito de asistencia. La jueza Adriana de los Santos accedió al pedido y procesó con prisión a todos los involucrados.

En el pedido de procesamiento, el fiscal argumentó que la situación de los ciudadanos paraguayos debía analizarse de acuerdo con lo previsto en el numeral 6 del artículo 10, ya que “no existe duda que fueron los proveedores de la sustancia incautada, no son reclamados por la jurisdicción de otro país, y los actos cumplidos lesionan con claridad también indiscutible al Estado uruguayo, cuando emerge acreditado que la droga ingresada era destinada a la comercialización” en Uruguay.

De esta forma la Fiscalía de Gómez encontró la manera de ampliar su alcance en la persecución al tráfico de drogas. “Es de los primeros casos en que tenemos la posibilidad de detener y juzgar a todos los involucrados que participaron en un operativo de tráfico de drogas”, explicó el fiscal a Búsqueda.

Esto “significa adoptar una postura firme frente al fenómeno de la delincuencia internacional”, aseguró.

Es que el caso de los paraguayos no es un hecho aislado. En los últimos tiempos, la Justicia especializada en Crimen Organizado detectó una forma de operar de los traficantes de droga que consiste en realizar la entrega de los estupefacientes en otro país del que se va a comercializar. “Es una forma de minimizar los riesgos”, explicó Gómez. “Para los paraguayos es más seguro pactar la entrega en un lugar ajeno al grupo criminal uruguayo”, indicó.

Esta vez los delincuentes paraguayos facilitaron el trabajo de la Justicia porque cruzaron a almorzar al lado uruguayo, y entonces pudieron ser detenidos por la Policía. No obstante, Gómez dijo que bajo esta nueva interpretación del Código Penal, la Justicia podrá incluso pedir la extradición de los extranjeros que delincan en perjuicio de Uruguay para juzgarlos en el país.