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Menos de dos meses después de que el comandante en jefe de la Armada, Ricardo Giambruno, presentara una denuncia por presunta corrupción en esa fuerza, la Justicia de crimen organizado considera que tiene un caso sólido para procesar a algunos oficiales por una maniobra de más de $ 6 millones.
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De hecho, según fuentes cercanas a la investigación que consultó Búsqueda, el fiscal de crimen organizado Juan Gómez pretende que el caso “explote” —como se dice en la jerga— en la tarde de hoy jueves.
Es que la investigación llevada hasta ahora a nivel policial por el oficial del caso, Gustavo Mariosa, concluyó que el caso está “comprobado” y “cerrado”, añadieron las fuentes.
A diferencia de los juzgados penales comunes, las sedes de crimen organizado trabajan con una modalidad distinta en el que cada caso es seguido por un oficial que dirige un equipo y reporta, de manera continua, los avances al fiscal y juez.
Según las fuentes, en esta oportunidad se trata de una maniobra con la “caja chica” del servicio de Hacienda y Contabilidad de la fuerza, que era manejado por al menos dos capitanes y un alférez que comparecerán como indagados junto con otros oficiales.
Los oficiales implicados en la maniobra fueron anteriormente arrestados a rigor como sanción administrativa, informó el diario “El Observador”. Ese matutino agregó que algunos de los oficiales estuvieron también involucrados en otras actividades que ya fueron investigadas por el juzgado de crimen organizado cuando la magistrada era Graciela Gatti.
El comandante Giambruno, explicaron los informantes, quiso diferenciarse de sus colegas y transmitir una “clara señal” de que no se tolerarán actos de corrupción, por lo que personalmente se puso al hombro este tema y radicó la denuncia penal.
Esta investigación se suma a la causa de corrupción de compras ficticias en la Armada que en el pasado determinó el procesamiento con prisión del ex comandante en jefe Juan Fernández Maggio y de otros tres altos oficiales de la fuerza de mar. En ese caso, la Justicia probó que se hizo una compra ficticia al exterior de al menos dos grúas y un banco de prueba para motores, mientras el dinero “fresco” era utilizado en otros rubros.
Además de ese caso, el juez Néstor Valetti tiene pendiente de resolver desde hace más de un año un pedido de procesamiento que hizo la ex fiscal de crimen organizado Mónica Ferrero contra el ex comandante en jefe Hugo Viglietti y más de una decena de personas entre oficiales y proveedores.
Esa causa se vio demorada porque algunos de los implicados presentaron diversos recursos, lo que implica que el trámite se paralice ya que todos los involucrados están en el mismo expediente. Además, luego de haber puesto los “autos para resolución” —lo que implica que debe resolver en un plazo máximo de 45 días— el juez Valetti advirtió que a algunos de los indagados no se les había realizado la audiencia prevista en el artículo 126 del Código del Proceso Penal. Esa instancia es fundamental porque es la última oportunidad de defensa que tienen los imputados con sus defensores antes de que el juez se expida. Si ese requisito no se cumple, todo el procedimiento puede ser anulado por indefensión, señalaron los informantes.
