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En la edición de Búsqueda Nº 1.945, pág. 4, Daniel Gianelli —en su columna titulada Fomentando el desconcierto —hace referencia a las declaraciones que el presidente Vázquez formuló a la prensa en México sobre la seguridad social y su impacto en el sector fiscal. Allí advirtió que si rápidamente no toman medidas el sistema se encamina hacia su colapso. Ese riesgo lo relacionó con la situación de la “caja militar” y con el problema de los “cincuentones”. Agregó que “… esto va inevitablemente a la quiebra y no queremos que quiebre el sistema de seguridad social”.
Ante una declaración de esta magnitud —que plantea nada menos que la posible quiebra del sistema de seguridad social nacional— lo menos que se puede esperar es que el gobierno presente iniciativas con soluciones de carácter general, para preservar al sistema de la quiebra.
Pero no. Nada se ha propuesto. No se conocen la “serie de reformas” a que aludió el presidente. Hasta ahora lo único que se conoce, en la materia, es el envío al Parlamento de un proyecto de ley por el cual se crea un impuesto a los retirados y pensionistas militares que cobren una pasividad superior a los $ 50.000.
El argumento esgrimido para crear este tributo es mejorar las finanzas públicas mediante la reducción, en el orden del 10%, de las transferencias que hace el Estado al Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas. Esta reducción es de una magnitud equivalente al 1,5% de lo que, en el 2016, se destinó a la asistencia financiera total de la seguridad social.
Prácticamente al mismo tiempo que el presidente hacía estas declaraciones, la Comisión de Hacienda del Senado aprobó el proyecto por 5 votos del oficialismo contra 4 de la oposición. Quienes votaron afirmativamente argumentaron que lo que se pretendía era lograr la igualdad de las prestaciones y mejorar las finanzas públicas.
Ambos argumentos son objetables. El de la igualdad, porque no consideran que quienes cobran más de $ 50.000 son 6.144 retirados y pensionistas militares, mientras que en el BPS son 42.227 y a estas no les alcanza el impuesto. Tampoco el tributo alcanza a quienes cobran más de la referida cifra en los restantes organismos de seguridad social, siendo que todos ellos también reciben asistencia financiera estatal. Por lo tanto, en lugar de igualdad se buscaría discriminación.
Respecto al argumento de la mejora de las finanzas públicas debe considerarse cuánto incidiría la recaudación de los 50 millones de dólares —que crearía este impuesto— en el total de la asistencia financiera.
Para ello debe tenerse presente que en el 2016 ese total fue de US$ 3.300 millones. A lo que habría que sumar lo que insuma la solución del llamado tema “cincuentones”. Si bien esta cifra no está aún determinada, por los montos que se manejan es indudable que aumentaría sensiblemente el total de la asistencia.
En consecuencia, los 50 millones de dólares que recaudaría este impuesto representarían menos del 1% de la asistencia financiera total.
En suma, con el impuesto a los retirados y pensionistas militares no se soluciona nada. O sea que el argumento financiero no es real, no existe, es una excusa. Es necesario entonces buscar las posibles verdaderas causas que lo motivan.
No puede descartarse la hipótesis de que la verdadera razón sea de carácter político-partidario. Quizá existan quienes crean que puede ser políticamente redituable castigar a los militares en épocas preelectorales.
Tampoco debe descartarse la posibilidad de que este impuesto —que hoy afectaría solo a los militares y a sus viudas— sea una punta de lanza que serviría como precedente para aplicarlo a todos los jubilados y pensionistas del país. Después de las elecciones, claro.
No se puede ofender la inteligencia de quienes lo promueven pensando que ellos creen, de buena fe, que con este impuesto se evitará la quiebra del sistema de seguridad social que vaticinó el presidente desde México.
