Es cierto, también, que los militares no tienen acceso a carreras liberales como bien supieron cursarlas Baldomir, Campos o Ramírez, por citar solo a los que recuerdo, con destacada actuación pública. Salvo por alguna ley que no conozco, no veo razón para prohibirles realizar estudios universitarios y, cumpliendo con los planes, culminarlos en un título.
El texto que comento, también se desentiende de las propuestas de la senadora Constanza Moreira que, a mi juicio, merecerían mucha atención y discusión. Sería bueno conocer más los fundamentos de su iniciativa y discutirlos, en vez de mirar para otro lado. En la página 6 de la misma edición, hay muchas puntas para analizar y desarrollar con provecho. No alcanza con las escasas dos líneas que le dedica el editorial.
Las tareas subsidiarias (asistencia en casos de inundaciones, etc.), única oportunidad en que las Fuerzas Armadas retribuyen, con servicios apreciables, lo que la sociedad gasta en ellas, corresponden ya sea al área de la administración civil, ya de la Policía, tratándose, por ejemplo, de la lucha contra el narcotráfico o la vigilancia de la frontera y de las costas. Y esto es lo que hacemos en la vida cotidiana. Si estamos ante un incendio, llamamos a los bomberos o a la Intendencia si de basura se trata, nunca a un cuartel. En las emergencias acudimos a la policía, no a los soldados y, cuando se da el caso, porque hay una enfermedad o un accidente con lesionados, rápidamente buscamos un médico, no un coronel. Todo lo que hace el Ejército, salvo atender la guerra que no tenemos, lo puede hacer el resto de la administración ahorrándole al contribuyente millones y millones de dólares anuales.
Todos sabemos qué hace un abogado, un agrónomo, un chofer y así con cualquiera de las demás profesiones u oficios, pero, ¿qué hace un general?, ¿cuál es su tarea concreta, la de todos los días, durante 30 años? No lo sabemos. Estrictamente, tendría que estar preparándose para la guerra. ¿Cuál guerra?, ¿con quién o contra qué?, ¿contra Noruega?, ¿cuáles son las hipótesis de guerra?, ¿con Brasil?, ¿con Argentina?, ¿con Ecuador? Como no tenemos guerra a la vista, ¿qué hace mientras tanto?
Allá, por aquellos convulsos años, al filo de los sesenta, cundió en el seno del gobierno brasileño el temor de que Uruguay fuera presa de un movimiento que podía poner en riesgo la independencia del país y preparó (artículo III de la Convención Preliminar de Paz del 27 de agosto de 1828), lo que, según los murmullos boca a boca, se llamó “operación treinta horas”, porque, en ese lapso, una división de Ejército de Río Grande estaba capacitada para cruzar el territorio de la República de norte a sur. Mujica, tiempo después, aclaró que, con nuevas tecnologías, las treinta horas se podían reducir a siete. (De lo dicho en este párrafo no tengo más documentos que las escasas y lacónicas informaciones periodísticas y rumores, siempre en voz baja, que circularon por entones para perderse en la memoria, todo envuelto en silencio). La pregunta es inevitable: ¿para qué quiere y paga un Ejército el Uruguay cuando, en un caso extremo, el artículo III que cité, sigue en vigencia?
El editorial se olvida de que los militares tienen el privilegio de disponer de una cárcel propia, fuera del alcance del Ministerio del Interior y de un liceo también privado, que no sé hasta dónde lo controla el Consejo de Secundaria. También se olvida de que el Hospital Militar donde, en una epidemia de salmonela, no entró el Ministerio de Salud Pública, es un centro privado, no apto para plebeyos, donde las crujías se destinan al personal de tropa y la oficialidad se asiste en salas privadas y que, no sé a qué titulo, la Intendencia les asignó un sector particular del Cementerio del Norte. Asimismo, se olvida que los militares, seguramente de buena fe, se arrogan el derecho de salir armados a la calle como lo hacían los marqueses en tiempos pretéritos. Se explica por todo esto, que tantos ciudadanos (no sé cuántos, admito que pueda ser una importante minoría) veamos a los militares como algo distinto y distante, algo que está separado y no les tengamos ninguna adhesión, no en tanto personas, que seguramente, como en todo colectivo, los tiene que haber excelentes, sino como institución.
El editorial se juega entero a que los militares de hoy no guardan “la misma línea de los que dieron el golpe de Estado en 1973 [y] no tiene nada que ver con los que dirigieron la dictadura hasta hace 32 años”. El editorialista no sabe —nadie lo sabe— cuántos militares de ahora, puedan coincidir con el alto oficial retirado que en estos días fue denunciado ante la Justicia acusado de estar incurso en el delito de “apología del delito”. Es verdad que tal denuncia fue archivada por falta de mérito, era obvio, eso no viene al caso. Sí viene al caso esta pregunta: ¿cuántos de los actuales dirigentes se solidarizan con ese general y callan? ¿cuantos, entre los oficiales en actividad comparten el propósito de sus colegas retirados de homenajear post morten a Gregorio Álvarez y callan? La decisión, sin duda civilista, del comandante en jefe, de oponerse a ese acto y la prohibición a sus subalternos, de participar de él, nos dice que, de no haberlo hecho, muchos oficiales hubieran asistido. ¿Cómo saber, con toda seguridad, que el Ejército que vayamos a tener, dentro de 40 años, no será como el que tuvimos hace 40 años?, ¿quién diría que el Ejército modelo de los tiempos de Gestido, incurriría en la felonía en que incurrió en los tiempos de Bordaberry?, ¿quién pone las manos en el fuego? Yo solo sé que, como tantos y tantos hombres y mujeres, por aquellos días, tuve miedo, por mí y por los míos. Y el miedo es denigrante. Yo padecí la humillación del miedo. El recuerdo indeleble de ese miedo, me deja la sensación de que, con el Ejército, pende sobre mi cabeza, ahora y siempre, la espada de Damocles.
La Edad Media le dejó a la posteridad la herencia de tres grandes institutos: la Iglesia, la Universidad y la aristocracia. La primera nos la sacamos de encima, gracias a Dios, gracias a Varela y, principalísimamente, gracias a Batlle; la Universidad, gracias a su autonomía y a Cassinoni, sigue al costado del Estado, y la aristocracia que, al decir de Lugones, tiene su último reducto en el Ejército, está fuera del Estado. Por ejemplo, hace pocos días, con motivo de un velorio al que aludo en el párrafo anterior, un edecán del presidente de la República, contra lo dispuesto por el Poder Ejecutivo, igualmente asistió a las exequias en automóvil oficial. Fue un desplante de desobediencia, de insubordinación y desafío y no se sabe que haya sido sancionado, porque el mismísimo presidente de la República se hizo el desentendido. Otro ejemplo: el general Medina, titular del Ministerio de Defensa Nacional, reconoció, públicamente, que oficios recibidos de un juez competente, los arrumbaba en la caja fuerte. No hubo sanción por desacato ni por obstrucción a la Justicia. Un tercer ejemplo: Rosadilla, que se atrevió a hurgar en la contabilidad de la Marina, con resultados conocidos, y otros a los que no se llegó nunca, inmediatamente fue relevado del Ministerio, “por razones de salud”.
Por lo poco, y mal, que deja traslucir el Ejército, donde todo es reservado (por no decir, secreto) es una unidad dividida, en forma tajante, en dos sectores, cada uno con su respectivo estatuto: la tropa, menesterosa y ampliamente mayoritaria, que abarca desde rasos hasta sargentos y, por encima, la oficialidad que, en conjunto, no llega a dos mil cien personas en actividad. Esta, a su vez, reconoce dos niveles: el que corresponde a los oficiales superiores y el que corresponde a los oficiales subalternos. No sé si el eje está en el grado de mayor. Podríamos agregar, como un área lateral, a los funcionarios técnicos, administrativos y de limpieza, o sea, la categoría de funcionarios “civiles” del Ministerio, que, formalmente, están “asimilados”. No sé si a estos les alcanza la prohibición de agremiarse. El grupo propiamente profesional, (oficialidad y tropa), compone lo que ellos mismos reconocen como la “familia militar” (me parece que lo que llamé “área lateral”, queda al margen). El resto, los tres millones y pico de habitantes, somos los plebeyos, o sea, en la jerga militar, los civiles.
Esta estructura piramidal reproduce, en un esquema muy general que llega hasta el siglo XVIII, lo que fue la estructura de la nobleza: la alta nobleza, que comprendía los títulos más importantes (de conde para arriba) y la baja nobleza, reservada a gentilhombres, señores, hidalgos, (en España con derecho al tratamiento de don), probablemente también barones. Detrás y debajo de este grupo, minoritario y privilegiado, estaba la servidumbre, que en los cuarteles de nuestros días se encarga de mantener los servicios (cocina, etc.), el aseo y la prolijidad del cuartel y provee de “asistentes” a los oficiales La masa de la sociedad, de la que el colectivo militar toma distancia, la componen los plebeyos. No puede extrañar, por lo tanto, que muchos de nosotros a las Fuerzas Armadas las sintamos como un enorme y costosísimo aparato que nos es ajeno.
Los comentarios que ocupan estos párrafos finales, son los que, a mi juicio, resultan más importantes todavía, porque son los que mayormente hieren el espíritu republicano en que nos educamos y debemos reivindicar.
Guillermo Vázquez Franco
