En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
¡Hola !
En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
+
Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad
Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.
Suscribite a Búsqueda
DESDE
UYU
299
/mes*
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
¡Hola !
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En el correr de la semana pasada se informó que el Poder Legislativo, a través de su presidenta, Beatriz Argimón, adquirió dos obras de arte (cuadros) del pintor uruguayo Osvaldo Leite, por la suma de 18.000 dólares.
La gestión de obras de arte en el sector público debería estar en manos de las instituciones especializadas, como son los museos. La acción que viene al caso no es un episodio aislado. Casi desde siempre (por decirlo de alguna manera) instituciones no idóneas han adquirido bienes de artes visuales, directamente o mediante concurso. Así, hay pinacotecas “ocultas” en el Banco Central del Uruguay, en el Banco de Seguros, en el Banco República, en el propio Palacio Legislativo.
La Intendencia de Montevideo, hasta el año 2011, alojó en los despachos de sus directores obras de arte pertenecientes al Museo Blanes, institución dependiente del gobierno departamental. Ese año, el robo de una obra de Pedro Figari —Las lavanderas— del despacho de la entonces intendenta, Ana Olivera, la llevó a devolver todas las obras al museo de referencia. Una sana decisión.
No hay buenas razones para que las obras de arte del Estado estén en despachos de jerarcas o en acervos inaccesibles para la ciudadanía. No hay buenas razones para que el sector público no especializado adquiera obras de arte para su acervo. El economista suizo Bruno Frey, en su estimulante obra La economía del arte (disponible en Internet), ha dedicado un capítulo entero a sostener la posición que medularmente aquí se expresa.
Los políticos de todos los partidos, en cargos de jerarquía, ven como normales las prácticas que aquí se objetan. Así, 35 obras de artistas integrantes del Taller Torres García y del propio maestro, pintadas como murales en 1944 en el pabellón Martirené del Hospital Saint-Bois, fueron retiradas en 1971 y colocadas en bastidores para ser expuestas en distintos espacios. En 1978, en un incendio en el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro, las llamas consumieron las siete obras de autoría de Joaquín Torres García. Durante el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti, las restantes obras pasaron a integrar una pésima decoración de las oficinas de la Torre de las Comunicaciones. Hoy nadie puede disfrutarlas ni comprenderlas, ya que están colgadas en diversos pisos, entre decenas de escritorios con funcionarios y computadoras. Se trata de patrimonio “semioculto”, erróneamente gestionado.
Los murales deberían contenerse en un espacio propio, si se quiere, junto con más obras de los integrantes del Taller Torres García que están en otros recintos o acervos. Por ejemplo, podrían estar en la sede histórica del BROU, en la calle Cerrito, o en la Estación Central de Ferrocarriles, que está a la espera de asignación de nuevos usos. De este punto son responsables Antel, el Ministerio de Salud Pública, la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación.
En conclusión, no es sano, no es recomendable, no es académicamente válido que los acervos estatales de artes visuales se encuentren de espaldas a los uruguayos y visitantes extranjeros y que su gestión sea encargada a instituciones públicas no idóneas.
PD: el paroxismo de la actitud de mecenas cultural con fondos públicos lo plasmó la actual intendenta de Montevideo, Carolina Cose, cuando se desempeñó como presidenta de Antel y materializó el Arena de la telefónica pública. No tolera ni los gastos de funcionamiento, ni se amortiza la inversión de 120 millones de dólares. Por entonces el presidente era José Mujica.
