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La cifra negra del crimen. Sigo con interés las noticias que involucran a la Justicia y la transformación del proceso penal que está en marcha.
La columna del Sr. Raúl Ronzoni en el último número del Semanario Búsqueda actuó como estímulo para plantear algunas preocupaciones al respecto.
Quiero referirme a una actividad indisolublemente ligada al proceso penal y que tradicionalmente no trasciende públicamente salvo casos aislados. Se trata de la función de los médicos forenses.
Su función es actualmente asesorar a los magistrados en aquellas cuestiones que forman parte de su conocimiento específico. En el proceso penal se intentará probar la responsabilidad o no de una persona ante un hecho delictivo y parte de la prueba puede ser precisamente lo informado por el médico forense. Si bien su informe no es vinculante para el magistrado, en no pocas ocasiones puede ser decisivo.
Por tanto, quiero poner el foco en esa actividad que forma parte de la prueba penal y que la mayoría de la gente poco conoce en la realidad de su funcionamiento.
La realidad es que el sistema está haciendo agua y las perspectivas no son demasiado alentadoras habida cuenta de algunos mensajes preliminares recibidos.
A modo de ejemplo: hoy día no se pueden cubrir los libres semanales de varias sedes, generándose la necesidad de trasladar a personas y cuerpos de fallecidos a otros departamentos. La Administración, para intentar solucionar la cobertura del servicio, recurre a la contratación de médicos que más allá de su buena disposición, en su mayoría carecen de formación específica y experiencia. La remuneración poco atractiva para el grado de responsabilidad asumida actúa como obstáculo adicional e incentiva a que sea tomada como una actividad subsidiaria.
Existen un sinnúmero de aspectos que podríamos mencionar en cuanto a las condiciones de trabajo, la baja moral y las relaciones del colectivo con las autoridades, pero no es este el ámbito para desarrollarlos. Han sido expuestos hace ya meses ante quien corresponde y existe un proceso de reclamo colectivo iniciado, que hasta el momento no ha generado mayores resultados.
Queremos dejar claro que si se pretende un asesoramiento profesional en una función de la cual depende la libertad de las personas, hay que ocuparse y no seguir dejando caer la calidad. Estos problemas se agravarán ante la inminente puesta en marcha del nuevo proceso penal que demandará más forenses y mejor formados para poder responder a las exigencias del sistema.
Como dije al principio, trato de ser un observador atento de todo lo vinculado a la Administración de Justicia desde la puerta de entrada al sistema hasta la salida. He observado, a pesar de lo dicho por el columnista, algunas mejoras importantes en la profesionalización de la Policía para enfrentar al cambio y la sofisticación de los delincuentes. También el esfuerzo del Poder Judicial vinculado a mejorar cada vez más la función jurisdiccional y últimamente el proceso que el Ministerio Público lleva a cabo para adaptarse al cambio que viene.
Esa larga cadena de esfuerzos puede romperse en los eslabones más flojos y oxidados, de los que a mi entender constituimos un ejemplo. Creo que vale la pena no descuidarlos.
Finalmente quiero ser leal con los lectores y decir que lo dicho está dicho desde la mirada de un médico forense e integrante de una agrupación gremial. Pero también del que como cualquier ciudadano puede pasar a ser usuario, él y su familia, del servicio de Administración de Justicia.
En definitiva no queremos contribuir a lo que Ronzoni citó en su columna, la “cifra negra del crimen”.
