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“Hay calentura” porque la empresa Union Agriculture Group (UAG) no notificó al Poder Ejecutivo sobre el ingreso del fondo estatal chino en su paquete accionario, y “hay preocupación” porque se pretende evitar que otros países sean propietarios de campos en Uruguay, dijeron a Campo fuentes del gobierno.
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Esa firma, que produce granos, carne, leche y otros productos en más de 120.000 hectáreas en el agro local, cuenta entre sus accionistas al fondo estatal China Investment Corporation (ver Campo 60).
El fenómeno de la extranjerización de tierras y de emprendimientos productivos en el agro uruguayo puso en alerta al anterior gobierno del Frente Amplio, y en setiembre de 2014 promulgó la ley 19.283 con el objetivo de prohibir la compra de tierras por parte de Estados extranjeros.
Esa norma establece que el Poder Ejecutivo no podrá disponer que la titularidad de inmuebles rurales y explotaciones agropecuarias pueda ser ejercida por sociedades anónimas o sociedades en comandita por acciones al portador, cuyos titulares controlantes sean entidades nacionales propiedad de Estados extranjeros o fondos soberanos.
Excepcionalmente, cuando el proyecto productivo esté orientado a los lineamientos del desarrollo nacional, aplique tecnologías renovadoras, genere empleos y contribuya a elevar la producción y la productividad del sector, el Ejecutivo podrá autorizar que entidades propiedad de Estados extranjeros o fondos soberanos de los mismos, mantengan una participación minoritaria y no controlante en sociedades anónimas o sociedades anónimas por acciones al portador, que deseen ejercer la titularidad de tierras, según la ley. Y dispone que en ese caso, el Ejecutivo deberá remitir los antecedentes correspondientes a la Asamblea General parlamentaria.
Sin embargo, ese trámite no se ha venido cumpliendo, por lo menos en algunos casos, indicaron las fuentes.
El Poder Ejecutivo, mediante una comisión integrada por los Ministerios de Economía y de Ganadería, tiene la potestad de otorgar el derecho de titularidad de inmuebles rurales a sociedades anónimas por acciones al portador.
En caso de registrarse cambios en la participación accionaria de ese tipo de firmas, deben comunicarlo a esa comisión y solicitar una autorización.
En 2015 el Ejecutivo concedió los permisos correspondientes a sociedades anónimas que poseen tierras en Uruguay, como el caso de las firmas Cereoil, EF Asset Management y Aldea del Sol.
La instancia conformada por asesores legales y técnicos de Economía y Ganadería fue considerada una vía legal para evitar que Estados extranjeros compren tierras en Uruguay, ya que al recibir la información detallada de los accionistas podrían detectar la presencia o no de fondos o empresas estatales.
¿Y qué pasa si una sociedad anónima no cumple con ese trámite?, ¿cómo puede el gobierno estar al tanto del ingreso de nuevos inversores en el paquete accionario de un grupo económico?.
Algunos casos
Olam International de Singapur, que años atrás adquirió el emprendimiento lechero perteneciente a la firma New Zealand Farming Systems Uruguay, tiene entre sus accionistas principales al fondo soberano Temasek, que cuenta con 51,4% de las acciones, según consta en el sitio web de esa compañía.
El consorcio sueco finlandés Stora Enso, que es propietaria de la empresa Montes del Plata en sociedad con la chilena Arauco, tiene entre sus accionistas al Estado de Finlandia, consigna un trabajo elaborado por docentes de la Facultad de Agronomía en 2014. Esa firma posee unas 200.000 hectáreas en Uruguay y una planta de pulpa de celulosa en Colonia.
El fondo de inversión Solidium, que es propiedad en un 100% del Estado finlandés, tiene 12,3% de las acciones de Stora Enso y el 25,1% de los votos en su directorio. Otros accionistas de esa empresa son los fondos de pensión y seguros privados Keva, Varma e Iimarinen, según consta en su sitio web.
UPM, propietaria de 230.000 hectáreas y una planta de celulosa en Fray Bentos, también tiene entre sus accionistas al Estado finlandés.
