Regulación de publicidad oficial

También prohíbe el uso discriminatorio de publicidad oficial con el objetivo de castigar o privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de su línea informativa o editorial, así como la utilización de publicidad oficial en forma de subsidios encubiertos.

Las autoridades del organismo público que incurra en algunas de esas prohibiciones “serán sancionadas con una multa de 20% a 50% de su remuneración salarial por un plazo de seis meses”, propone el proyecto. Esa es una de las pocas medidas cuestionadas el lunes por los representantes. “Me parece de dudosa legalidad establecer descuentos salariales a los ordenadores del gasto. Creo que habría que buscar mecanismos que se asemejaran a la forma de actuar del Tribunal de Cuentas, que establece fallos que garantizan control político y social”, afirmó Abdala.