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    Retiros y pensiones militares

    Sr. Director:

    Una vez más, el subsecretario de economía, Pablo Ferreri, volvió a comparar la asistencia financiera que reciben el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas (SRPFFAA) y el Banco de Previsión Social (BPS) (El País, 08/08/17, pág. 6.)

    Pero sigue sin decir cuántos, de cada uno de ellos, percibe una prestación superior a los $ 50.000. Esa negación de información fue puesta de manifiesto por el Gral. Hebert Fígoli recientemente ante la Comisión de Hacienda del Senado.

    “El dato de cuántos uruguayos cobran esa cantidad ha sido resguardado y ha resistido diversas consultas que le han realizado varios actores amparados en la ley de información pública”, explicó el Gral. Fígoli.

    He sido uno de quienes, al amparo de la ley Nº 18.381, solicitó información tanto al Ministerio de Defensa como al BPS, el 1/11/2016.

    Defensa contestó en seguida. El BPS nunca lo hizo. El 17/06/2017 insistí ante el BPS y como tampoco en esta ocasión contestó dentro del término que dispone la ley, actualmente estoy gestionando ante la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), tal como dispone la norma, para que el BPS cumpla con ella.

    ¿Para qué se necesita esa información? Lo que se conoce fehacientemente es que son 7.900 los retirados y pensionistas militares que perciben más de $ 50.000 nominales ¿Y los civiles que están en la misma situación cuántos son? No se sabe. Nadie contesta. Según expresó el Gral. Fígoli en la referida comisión del senado: “…hay estimaciones que pueden ser del entorno de 60.000 personas”. Si así fuera, no se comprende por qué el Poder Ejecutivo quiere que solamente los militares paguen un nuevo impuesto, además del IASS. Si el argumento que se esgrime para proponer este impuesto es solo de carácter financiero, no se comprende la razón por la cual no se aplicaría también a quienes perciben más de $ 50.000, cualquiera sea la caja que les pague, siempre que esta reciba transferencias del Estado a la seguridad social.

    Búsqueda acaba de publicar en la pág. 26 del Nº 1.930 un estudio completo sobre la asistencia financiera al sistema de seguridad social en función de datos de la Contaduría General de la Nación. Allí se establece que el conjunto de los organismos de seguridad social reciben transferencias del Estado, lo que el año pasado supuso US$ 3.300 millones. Casi el 80% de esta cifra fue al BPS, el que percibe el 7% del IVA (US$ 1.377 millones), el 100% de lo recaudado por IASS (US$ 232 millones) y, también en el año 2016, US$ 925.000 del Impuesto a la Lotería. Además del BPS reciben transferencias el retiro policial, el militar, la Caja de Profesionales Universitarios, la Bancaria y la Notarial.

    Parece lógico que si es necesario aumentar la recaudación, la imposición de nuevos gravámenes —siempre que no sean inconstitucionales— debería recaer sobre todos quienes están en la misma situación, en este caso los pasivos que perciben más de $ 50.000 por mes.

    Es evidente que lo que está en juego es el principio de igualdad, que resultaría violado si se sancionara una ley que solamente gravara a retirados y pensionistas militares.

    Gral. Cr. Guillermo Ramírez

    Cartas al director
    2017-08-17T00:00:00