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    Secretaría Antilavado prepara nuevas multas por incumplimientos en controles, luego de que tribunal anulara sanción a un escribano

    La Justicia cuestionó que se le quisiera aplicar una medida ejemplarizante al notario que participó en la compra de El Entrevero; para Daniel Espinosa sería una “muy mala señal” que quedara sin castigo

    El Poder Ejecutivo quiso aplicar una medida dura al escribano que participó en la compraventa millonaria de un campo en José Ignacio que es sospechosa de haber sido una maniobra de lavado de dinero de la “ruta K”. El objetivo era enviar una señal a sus colegas y al resto de los integrantes del sistema. Dos años después de que el gobierno le aplicara una multa de US$ 276.035 a Adolfo Pittaluga Shaw por incumplir la normativa antilavado, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) resolvió, en votación dividida, dejar sin efecto la resolución por entender que la ley no habilita a las autoridades a tomar medidas con fines ejemplarizantes.

    La anulación generó controversia en el TCA. Si bien el fallo, divulgado el miércoles 23 por El Observador, fue adoptado con los votos de la presidenta del tribunal, Alicia Castro, y los ministros Alfredo Gómez Tedeschi y Juan Pedro Tobía, los dos últimos acompañaron la posición mayoritaria, pero redactaron su propia fundamentación, que además era más crítica con la decisión impugnada. Por otra parte, los ministros José Echeveste y Eduardo Vázquez quedaron en minoría y apoyaron la sanción al escribano, aunque cada uno escribió una discordia diferente.

    El titular de la Secretaría Nacional Antilavado, Daniel Espinosa, lamentó que el fallo anulara la multa por cuestiones “de forma”, aunque señaló que todos los integrantes del tribunal reconocieron que Pittaluga Shaw incumplió con las exigencias previstas en la ley que obliga a los escribanos a controlar el origen de los fondos y los beneficiarios finales de las transacciones en las que participen.

    Espinosa dijo a Búsqueda que la secretaría analiza ahora si puede volver a sancionar al escribano, esta vez siguiendo los criterios del TCA. “Sería un mensaje de muy mala señal para todo el sistema que quedaran sin sanción”, añadió.

    El jerarca dijo que el organismo está elaborando un “reglamento que tenga una escala de sanciones” y que se guíe por los criterios del tribunal. Adelantó además que otros sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas serán multados en las próximas semanas por no cumplir con las normas. “Sabíamos que iba a salir este fallo, entonces decidimos esperar para no salirnos de los criterios del tribunal”, explicó.

    La multa. 

    Entre fines del 2010 y comienzos del 2011, Pittaluga Shaw intervino en la reserva y “precompromiso” de compraventa, y luego en la transacción por US$ 14 millones del predio rural llamado El Entrevero.

    El periodista argentino Jorge Lanata denunció en 2013 que esa adquisición era producto del lavado dinero de la corrupción en ese país. El comprador fue la sociedad Jumey S. A., presidida por Daniel López Gadín, contador de Lázaro Báez, un empresario que se volvió millonario gracias a concesiones de obra pública durante los gobiernos kirchneristas y que ahora está procesado en Argentina. 

    La Justicia especializada en Crimen Organizado de Uruguay abrió una investigación sobre el caso a partir de una denuncia de dos legisladoras argentinas en 2013. A su vez, la Secretaría Nacional Antilavado y el Banco Central comenzaron a analizar las características de la transacción para definir si quienes participaron en ella habían aplicado los controles para detectar el posible blanqueo.

    Dos años después de iniciadas las indagatorias, en febrero del 2015, el Ministerio de Economía resolvió multar a Pittaluga Shaw porque no llevó adelante una “debida diligencia intensificada”, una exigencia incluida en las normas cuando bancos, escribanos y otros actores participan en una transacción superior a los US$ 200.000.

    Para el ministerio, el escribano “no intensificó el procedimiento cuando el valor de la transacción superaba el umbral respectivo, no obtuvo información sobre la estructura de control de las personas jurídicas participantes, ni sobre el volumen de los ingresos de estas, ni de las personas físicas intervinientes, ni sobre el beneficiario final, ni origen de fondos, limitándose a consignar lo manifestado por los interesados sin requerir documentación de respaldo”.

    La multa aplicada fue de US$ 276.035, el 100% de los honorarios que recibió el profesional. La decisión “contempla la necesidad de desestimular este tipo de transacciones sin contar con la debida información de los clientes, revistiendo el carácter disuasivo que recomiendan los estándares internacionales”, dice la resolución del ministerio.

    El dictamen aprobado con tres votos del tribunal y notificado esta semana a los involucrados, anuló la resolución del Poder Ejecutivo, pero desestimó la mayoría de los cuestionamientos que hizo Pittaluga Shaw sobre la multa. El escribano había argumentado que la ley exigía solo el control de la compraventa y “no de los actos previos”; que el Estado le atribuyó “culpabilidad” sin tener en cuenta “el esfuerzo que hizo” para controlar la transacción pese a que en 2011 no había indicios de irregularidades; que durante el proceso administrativo rechazaron de manera indebida las pruebas que presentó, y que la suma de la multa fue fijada de manera arbitraria.

    La mayoría del tribunal entendió que “el incumplimiento de la reglamentación” por parte de Pittaluga Shaw “es incuestionable y ciertamente no se trata de responsabilidad objetiva ni de omisión de meras formalidades, sino de un proceder negligente por apartarse del comportamiento debido según la reglamentación”.

    “Tratándose de un profesional del derecho, escribano de vasta experiencia, es de franco rechazo la excusa de no haber cumplido con la normativa porque, tal vez, la asociación gremial a la que pertenece o el ente de contralor, en el curso de los nueve meses que mediaron entre la entrada en vigencia del decreto y la escritura de compraventa, no ofrecieron cursos sobre el tema”, plantearon los ministros en el fallo.

    El tribunal consideró legítimas además las exigencias que la normativa antilavado plantea a los escribanos que participan en transacciones. Si bien reconoció que hay aspectos de la reglamentación que “pudieran ser más discutibles”, dijo que “no resulta excesivamente gravoso para un notario requerir a sus clientes los datos a que alude la resolución, ni pedir documentación que respalde lo declarado, puesto que no es esencialmente distinto de lo que ordinariamente hace en su actividad profesional”.

    Aun así, los ministros decidieron anular la sanción contra el escribano.

    Entendieron que “si bien la cuantía de la sanción impuesta se ubica dentro del amplísimo margen fijado por la ley, se advierte una evidente contradicción entre el criterio establecido” en la resolución.

    En uno de sus considerandos, la resolución “establece que es adecuada a las circunstancias del caso la imposición de un multa equivalente al 100% de los honorarios efectivamente percibidos”. Sin embargo, al calcular la sanción suma los “honorarios efectivamente cobrados” en la compraventa (US$ 184.023) del campo y el 50% de lo que Pittaluga Shaw “debiera haber recibido” por la escritura de un “compromiso de compraventa” anterior (US$ 92.012) por el mismo predio.

    Para el tribunal, la resolución cayó en una contradicción al hablar de los honorarios percibidos y luego calcular con base en los que efectivamente recibió y a otros sobre los que no tiene certeza. “Toda vez que haya inconsistencia entre el criterio explicitado y su aplicación, hay —sin duda— un vicio de motivación que invalida la decisión”, dice el fallo.

    El tribunal determinó que el “volumen de negocios” del escribano no fue considerado a la hora de fijar el monto de la multa, algo establecido en el decreto reglamentario. 

    Los ministros también cuestionaron que el ministerio le atribuyera “indebidamente al actor un riesgo a la reputación del país derivado de una denuncia presentada por legisladores argentinos”. Al respecto, advirtieron que “no basta la denuncia ante la Justicia para tener por verdadero el hecho denunciado”, y que “no hubo aún decisión judicial en esa causa, ni está el escribano entre los posibles imputados penalmente por el eventual delito que pudiera haber”.

    “Ni siquiera surge que la compraventa fuera efectivamente una operación de lavado de activos”, insistieron los ministros.

    “Por otro lado, la propia resolución admite que al cuantificar la multa ha buscado un efecto disuasorio significativo porque, aunque no figure en el texto legal, así lo ‘recomiendan los estándares internacionales’”, describieron.

    “La pérdida total del honorario no está en proporción con la gravedad del incumplimiento, sino que responde a la expresa intención de imponer un castigo ejemplarizante, suficientemente importante como para que el actor —o cualquier colega suyo— se cuide de incurrir en negligencia”, opinaron los ministros.

    “Debe concluir(se) que además de una inconsecuencia lógica entre el criterio adoptado y su aplicación, existe una motivación que se aparta de los criterios explícitos de la ley y hace que la sanción sea aumentada desproporcionadamente, todo lo cual inclina a admitir el agravio y —en definitiva— por esta causa anular la decisión”, dice el fallo.

    Los ministros Gómez Tedeschi y Tobía acompañaron los argumentos de la presidenta del tribunal para anular la resolución y opinaron que había más argumentos para derribar la decisión.

    Para esos dos ministros correspondía acoger el pedido de anulación planteado por Pittaluga Shaw, porque en el “aspecto formal del procedimiento” que derivó en la multa “se infringieron normas que hacen a las garantías que deben observarse en cualquier proceso, máxime cuando este culmina con una sanción tan severa”.

    Reprimenda “adecuada”.

    El ministro Echeveste escribió una larga discordia para fundamentar por qué consideraba que no resultaba de recibo “ninguno de los agravios expuestos” por el escribano.

    Discrepó además con la mayoría del tribunal en cuanto a que la multa fuera demasiado alta. “Se encuentra dentro de los márgenes previstos en la norma, siendo muy inferior al monto máximo” posible, dijo, y agregó que se cumplieron con todos los requisitos exigidos por la normativa antes de decidirla.

    El ministro Vázquez, por su parte, también rechazó el fallo mayoritario porque consideró que “la reprimenda impuesta se ubica dentro de los márgenes legales y resulta adecuada y razonable”.

    Información Nacional
    2017-08-24T00:00:00