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Presunta corrupción, posible lavado de activos, sospecha de favores políticos del gobierno a determinadas empresas que luego financiarían a sectores del Frente Amplio, “dudas razonables” en adjudicaciones, gastos millonarios del Estado en publicidad y una “cuestionable” relación de amiguismo oficial con países de la región. Estos son algunos de los motivos en los que se apoyarán blancos y colorados para reclamar que se abran nuevas investigadoras parlamentarias tras la experiencia de revisar la gestión de Ancap.
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La idea la lanzó el miércoles 6 el senador del Partido Nacional Luis Lacalle Pou durante su audición radial. Ese día el senador del Partido Colorado Pedro Bordaberry habló en radio Sarandí y se mostró afín a investigar los “agujeritos” que podría haber en otros entes. Lacalle Pou dijo que pondrá el foco en dos cuestiones: los negocios del gobierno con Venezuela y la construcción de una planta regasificadora a cargo de UTE y del propio ente petrolero. El senador colorado también mencionó a la regasificadora y agregó que le gustaría “entrar” a investigar a Antel. Luego en declaraciones a Búsqueda añadió que además tiene dudas sobre los negociados con el país caribeño.
Sobre la mesa ya hay nombres de diputados que a juicio del senador blanco tienen que liderar las investigaciones en cada rubro. De la cuestión de Venezuela, dijo, se encargarán los legisladores de su sector, Todos Hacia Adelante, Alejo Umpiérrez y Jaime Trobo. Y sobre lo que ha pasado con el proyecto de la regasificadora trabajará el diputado de Alianza Nacional, Pablo Abdala.
Aire Fresco en Venezuela.
Umpiérrez sigue la conexión de los negocios del gobierno con Venezuela desde el principio de la legislatura —es su primer período como diputado— porque le resulta “harto sospechosa” la intermediación de la empresa Aire Fresco entre los dos países. “El gobierno tiene que responder cómo fue que se seleccionó a esa empresa, qué antecedentes tiene, qué negocios tenía previo a que se la colocara en un memorándum oficial”, dijo el diputado a Búsqueda. El titular de Aire Fresco, Omar Alaniz, es un ex integrante del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros y viejo conocido del ex presidente José Mujica. “La carga de la prueba procesal es que el gobierno tiene que demostrar por qué eligió a Aire Fresco, cuál es su experiencia en el rubro para colocarla en esa ubicación preferencial, en un rango monopólico en la negociación e intermediación de negocios con Venezuela desde el 2011 a la fecha”, agregó. Para Umpiérrez, el “margen de sospecha” se basa en que “generalmente” los intermediarios, además de cobrar su porcentaje, hacen adelantos de pago de futuras exportaciones. “Acá no hemos conocido ninguna mecánica de prefinanciación de exportaciones. Simplemente se ha transformado en alguien que lo que hace es cobrar un peaje. Y cobrar un peaje no parece ser la forma de canalizar un relacionamiento internacional, cuando aparte los negocios se celebran de gobierno a gobierno”, argumentó. A fines de enero de 2011, durante una visita de Mujica a Caracas, se firmaron 13 acuerdos comerciales. En uno de ellos —en el rubro alimentación— aparece la firma del presidente de Aire Fresco.
Umpiérrez recordó que el presidente Tabaré Vázquez “dijo claramente al inicio de su nueva gestión que no iba a haber más comisionistas en las negociaciones que realizara Uruguay con Venezuela”. Sin embargo, apuntó, “la realidad es que los comisionistas aparecieron nuevamente”. El diputado blanco informó que hace unos meses la empresa Aire Fresco “coordinó” una visita de inspectores de Venezuela —“con viáticos diarios muy jugosos y hoteles cinco estrellas”— para auditar plantas de producción que “ya estaban habilitadas”.
En su momento, Mujica minimizó el tema de las comisiones. “Es una manera de ganarse la vida como cualquier otra”, argumentó. Pero esto al senador Bordaberry le hace ruido. “¿Mujica defendiendo que se cobre comisión a los uruguayos para entrar en Venezuela? ¿Mujica defendiendo las comisiones? Y después llega al día de las elecciones y hay algunos sectores que te apabullan a publicidad. ¿De dónde sacan el dinero?”, se preguntó en diálogo con Búsqueda.
Umpiérrez adelantó que también pondrá la lupa en los negocios impulsados desde el Fondo Bolívar-Artigas. “Quiero saber de qué manera se seleccionaron los interesados”, dijo.
El diputado blanco afirmó que pretende descartar que exista lavado de activos en estas operaciones. Ayer miércoles 13, el diputado frenteamplista Gonzalo Mujica se mostró partidario de que se investigue. “Si existen dudas sobre los negocios con Venezuela, deben ser evacuados. Parto de la base de que nadie tiene nada que ocultar y por lo tanto no hay ninguna razón para no investigar”, afirmó en declaraciones al diario “El País”.
Regasificadora, “proyecto fracasado”.
El diputado Pablo Abdala dijo a Búsqueda que en su momento la bancada de Alianza Nacional evaluó la posibilidad de que las cuestiones alrededor de la planta regasificadora terminarán formando parte de una comisión investigadora. Por eso no se sorprendió cuando recibió la llamada de Lacalle Pou para ofrecerle ocuparse del tema. “Fue un buen gesto que recibí con mucho gusto”, dijo. Para Abdala hay dos ejes fundamentales en este tema. Uno es a futuro: “¿Cómo sigue esta historia?”, se preguntó. “Seguimos sin saber cuál es el proyecto.”
El otro eje del que habla Abdala es el que mira hacia atrás, al “proyecto fracasado”. “Acá tengo serias objeciones. Es un tema sombrío”, puntualizó. Dijo que tiene “dudas razonables” sobre el proceso de selección para la construcción de la planta, que ganó el consorcio GNLS. “Llama mucho la atención que se haya concluido en adjudicarle la obra a una oferta que claramente no resultaba ni la más conveniente técnica y económicamente, porque no era la más barata y porque el informe de una consultora recomienda no adjudicar. La oferta de GNLS no era adecuada, sin embargo el gobierno resolvió avanzar. Fue una adjudicación política”, denunció. Además, señaló que en ámbitos energéticos y marítimos “se comenta” que en ese momento “hubo una injerencia directa del gobierno brasileño y del presidente Lula da Silva con Mujica” para incorporar al proyecto a la empresa constructora OAS, de origen brasileño, que luego fue vinculada a los escándalos de corrupción en Petrobras.
Antel.
El senador Bordaberry fue quien lanzó la idea de investigar a Antel. “Si no me dan la información, siempre sospecho. ¿Quién va a hacer un Antel Arena? No te quieren dar los antecedentes. El dinero lo van a sacar de la factura y la garantía es la propia Antel. El ente gastó U$S 20 millones en publicidad en un año”, denunció.
