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    martes 18 de junio de 2024

    Cuestionamientos al Poder Judicial

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    Sr. Director:

    Estamos asistiendo a un cuestionamiento permanente del sistema judicial por parte de algunos actores políticos (incluido el propio presidente de la República) con una intensidad que —sin margen de la duda— no tiene precedentes, por lo menos desde la segunda mitad del siglo XX y lo que va del presente.

    Si lo asociamos a los titulares de prensa, parece que el principal cuestionamiento se centra en la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, a la luz de los últimos acontecimientos (proyecto de reforma de la Ley 19.580) se mezclan las críticas a la letra de la norma y a su aplicación.

    Asistimos así a una suerte de círculo vicioso en donde los políticos critican el funcionamiento de la Justicia y la Justicia recalca la falta de presupuesto.

    Si miramos hacia atrás —dejando de lado la dictadura, la suspensión de vigencia de la Constitución y el avasallamiento de las competencias de la Suprema Corte de Justicia por el Ministerio de Justicia del régimen—, podemos afirmar que desde la restauración democrática hemos asistido a largos períodos de irregular funcionamiento del sistema de Justicia a causa de la asignación escasa de recursos al Poder Judicial por parte del gobierno de turno.

    Así, asistimos a 15 años (de 1985 al 2000) en donde se registró promediamente un funcionamiento normal de un semestre por año a raíz de los reclamos presupuestales de los funcionarios judiciales (incluidos los de la enseñanza y la salud en lo que se dio en llamar los “sumergidos”). Posteriormente, y sin perjuicio de otros insucesos (conflicto judicial provocado —no se puede decir de otro modo— por normas legales presupuestales del gobierno de José Mujica en el año 2011), la regularidad del funcionamiento de las oficinas judiciales se fue asentando hasta el presente.

    Pero debe decirse con toda claridad que el presupuesto judicial nunca superó el 2% del total de gastos del Estado, lo que, mirado fríamente, se presenta como totalmente absurdo, dado que se trata del poder estatal custodio del Estado de derecho.

    Mención aparte merecen las facultades y los cometidos de la Suprema Corte de Justicia dados por la Constitución desde prácticamente los inicios de la República, que pueden y han sido objeto de críticas. Pero en ese plano el sistema político se ha mostrado incapaz de arbitrar las reformas (de rango constitucional) que puedan llevar al ideal de que el juez juzgue y no administre o, si lo hace, que lo haga en forma secundaria a su principal función: impartir justicia.

    Volviendo a la actualidad, la reforma procesal penal de 2017 aprobada por unanimidad designó también por unanimidad a un fiscal de Corte que terminó renunciando poco tiempo antes de que se cumpliera el plazo de 10 años fijado en la ley para su permanencia y fue sustituido interinamente por un fiscal de larga trayectoria que (en una variante de la renuncia) pidió licencia por razones de salud y la Fiscalía siguió siendo centro de críticas y cuestionamientos que solo se explican por la incapacidad de toda la clase política de ponerse de acuerdo para lograr la mayoría especial que la ley (aprobada por la misma clase política que hoy cuestiona) requiere para la designación de un nuevo fiscal de Corte.

    Resulta incomprensible para el común de los ciudadanos que este panorama se presente casi como de imposible solución. Pero si esta situación de crisis resulta inadmisible desde el punto de vista republicano, siguiendo la máxima de que una crisis debería ser una oportunidad de un cambio con crecimiento, vale la pena señalar algunos caminos que pudieran llevar a normalizar (aunque sea paulatina y lentamente) el equilibrio de poderes que hoy está decididamente en cuestión.

    En primer lugar, un tema de actitud de la clase política. No es posible que dirigentes de primera línea estén permanentemente cuestionando a una institución cuyo marco normativo estuvo “congelado” por casi 20 años, sufrió modificaciones cuestionables (al punto que un excatedrático consultado al efecto ha manifestado que al CPP “hay que redactarlo de nuevo”) y, aun así, es “noticia” permanentemente y no precisamente para alabar su tarea.

    Aunque parezca redundante, una asignación de recursos que permitan un funcionamiento normal del sistema judicial (en especial, el penal), aunque no exclusivamente, se torna un imperativo para la nueva administración que asuma en 2025.

    En el plano institucional, la creación de un Ministerio de Justicia (aventados los fantasmas que invocan el de la última dictadura, cuando no regía el cap. XV de la Constitución) que sirva de articulador en el relacionamiento con el poder político y el judicial ha sido manejado por algunos de los precandidatos de distintos partidos políticos.

    Por último, la creación de la Policía Judicial, tema que fue abordado por magistrados en numerosos congresos de derecho procesal, parece una medida necesaria y complementaria del nuevo régimen procesal penal para evitar las interferencias en el Ministerio del Interior (como quedó de manifiesto recientemente).

    Esas son algunas de las muchas medidas que se pueden tomar para que la tan mentada calidad democrática de nuestro régimen jurídico institucional no se vea cada día más comprometida.

    Dr. Enrique Machado