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    sábado 08 de junio de 2024

    La reforma de la seguridad social

    POR

    Sr. Director:

    El senador Oscar Andrade, en oportunidad de defender la realización del plebiscito sobre la seguridad social que impulsa el PIT-CNT, ha afirmado en distintos medios públicos, y reiteradas veces, que la ley de reforma eliminó lo que él llama la “compensación” del 50% en el sueldo básico jubilatorio, que daba el art. 28 de la Ley 16.713, para quienes voluntariamente hubieren realizado la opción por ahorro prevista en el art. 8 de esa ley.

    Debo decir que no comparto esa tan tajante afirmación, por muchas razones: en primer lugar, la última ley de reforma, 20.130, no deroga expresamente ni el art. 8 ni el art. 28 de la Ley 16.713.

    La Ley 20.130 estableció, en cuanto al ámbito temporal, una entrada en vigencia diferida para distintos aspectos de la ley y también lo hizo para distintas situaciones del ámbito subjetivo de la ley. Así dispuso, por ejemplo, en su art. 6 numeral 4, en cuanto a la entrada en vigencia del Sistema Previsional Común, entrará en vigor el primer día del mes siguiente al del cumplimiento de los ciento ochenta días de la publicación de la ley en el Diario Oficial y esa fecha es el 1 de diciembre de 2023, y en su art.14 estableció que la disposiciones de este sistema relativas al primer pilar se aplicarán plenamente a todas las personas que ingresen al mercado de trabajo a partir de esa fecha de vigencia.

    Por otra parte, estableció (art. 22 literal A) para el periodo de convergencia de regímenes que “las personas que a la fecha indicada en el numeral 1) del artículo 6° (o sea el 1 de agosto de 2023) fueran afiliadas al Banco de Previsión Social, por las actividades cumplidas al amparo de dicha entidad, se regirán por las disposiciones vigentes a dicha fecha para el ámbito de afiliación correspondiente, incluyendo el régimen de aportación previsto para quienes hubieren realizado o realicen la opción del artículo 8° de la Ley 16.713, de 3 de setiembre de 1995, en su caso”; y en el penúltimo inciso del art. 22 (Distribución de los aportes personales por pilares en el régimen mixto) “las disposiciones de los artículos 7° y 8° de la Ley 16.713, de 3 de setiembre de 1995, serán aplicables exclusivamente a los afiliados al Banco de Previsión Social que, antes de la fecha indicada en el numeral 4) del artículo 6° de la presente ley, estuvieren comprendidos en los Títulos I a IV de la misma”. Es decir que establece un régimen especial y exclusivo de distribución de los aportes, de carácter definitivo y sin término, para quienes (ámbito subjetivo) antes del 1° de diciembre de 2023 fueran afiliados al Banco de Previsión y estuvieren comprendidos en los Títulos I a IV de la misma ley citada. O sea que la Ley 20.130 mantiene en vigencia para estos afiliados, sin término (sine die), el régimen de distribución de aportes que para ellos establecía la Ley 16.713, lo que repercute en las bases para la liquidación del Sueldo Básico Jubilatorio de estos afiliados, y ese régimen se mantiene como especial y exclusivo para ellos.

    Esa relación entre la distribución de los aportes hacia los regímenes de solidaridad intergeneracional y régimen de ahorro y el Sueldo Básico Jubilatorio no ha sido siempre bien entendida y explicada.

    Para mayor entendimiento, utilizaré las cifras de la Ley 16.713 porque de ella resultan números redondos que facilitan la comprensión.

    Los artículos 7° y 8° de la Ley 16.713 contienen dos formas diferentes de distribuir los aportes de los trabajadores afiliados al BPS: 1) El art.7 —para quienes no realizaban la opción de ahorrar— establece que hasta la suma de $ 5.000 (a mayo de 1995, hoy $ 85.610) su aporte de Montepío (15% del ingreso salarial) se destina todo y exclusivamente al BPS por el excedente de $ 5.000 el aporte de 15% sobre el mismo se destina al ahorro hasta la suma de $ 15.000 (hoy $ 256.822), por encima de esa suma no es obligatorio ahorrar el aporte.

    Para el cálculo del SBJ, en estos casos del art. 7 se tomaba la parte de los salarios por los cuales se aportó con destino al BPS. 2) Para quienes realizaron la opción por ahorrar habilitada por el art. 8, se estableció que hasta $ 5.000 se podía ahorrar el 15% de aporte hasta la mitad de dicha suma —$2.500 máximo— (es decir si el ingreso era menor a esa suma, por ejemplo, de $ 4.000, se ahorraba el 15% de $ 2.000) y por el otro 50% del ingreso se aportaba el 15%, con destino al BPS. En este caso en que se ejerció la opción del art. 8 la suma máxima por la cual se podía ahorrar el aporte era la por la mitad de $ 5.000 o sea por $ 2.500, de forma tal (y aquí vine lo que no ha sido entendido cabalmente) que si, por ejemplo, el ingreso del trabajador eran $ 6.500, solo ahorraba el aporte del 15% por la suma de $ 2.500 (suma máxima) y por los restantes $ 4.000 se aportaba el 15% al BPS; y así hasta los $ 7.500 de ingresos (en cuyo caso se ahorraba por $ 2.500 y se aportaba al BPS por $ 5.000). A partir de ahí y por ingresos mayores se seguía la regla del art. 7, es decir, se ahorraba por el ingreso excedente de $ 5.000, o sea que si el ingreso laboral era de $ 9.000, se ahorraba por el aporte excedente (sobre $ 4.000) y por los primeros $ 5.000 se seguía aportando el 15% con destino al BPS.

    Para el cálculo del SBJ, la Ley 16.713 en su art. 28 premiaba, de pleno derecho —ipso iure—, a quienes hubieran hecho uso de la opción por el ahorro, con un cálculo acrecido en hasta el factor 1,5 (con un límite para el resultado de la multiplicación fijado en $ 5.000), la suma por la cual se había aportado al BPS, así, en los ejemplos referidos si se aportó al BPS por $ 2.000 se computaban para al SBJ como si hubiera aportado por $ 3.000, y si se aportó al BPS por solo $ 4.000 el resultado de la multiplicación por el factor 1,5 se topea en $ 5.000, porque el resultado de la multiplicación excede esa suma.

    Yo opino, contrariamente a la afirmación del senador Andrade, que la propia Ley 20.130, tal vez no en la forma más clara deseable, dispone el mantenimiento de esas reglas en el penúltimo inciso del art. 22: “Las disposiciones de los artículos 7° y 8° de la Ley 16.713, de 3 de setiembre de 1995, serán aplicables exclusivamente a los afiliados al Banco de Previsión Social que, antes de la fecha indicada en el numeral 4) del artículo 6° de la presente ley (1 de diciembre de 2023), estuvieren comprendidos en los Títulos I a IV de la misma”. Y no le fija término a esa aplicación, lo que por otra parte, si lo hiciera, estaría desconociendo derechos legalmente adquiridos y no se armonizarían las distintas disposiciones de la ley.

    No se trata de que a estos afiliados en el futuro no se les aplique el resto de los componentes del régimen jubilatorio nuevo, por ejemplo, la llamada tasa de adquisición de derechos o el mínimo de edad jubilatoria, sino que se les respete su derecho adquirido, legalmente confirmado, al cálculo de su sueldo básico jubilatorio, es decir que se trata solo de una aplicación parcial del régimen jubilatorio anterior. Se debe poner en juego aquí la regla de interpretación establecida en el art. 20 del Código Civil: “El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía”.

    Es más, existen normas reglamentarias que avalan las conclusiones a las que arribo. En efecto, el art. 3 del Decreto 228/2023 bajo el nomen iuris de “Artículo 8° de la Ley 16.713, de 3 de setiembre de 1995” dispone, precisamente: “3.2. Los afiliados comprendidos parcialmente en el régimen jubilatorio anterior que hubiesen realizado la opción prevista en el artículo 8° de la Ley 16.713 se les aplicará el procedimiento de cálculo previsto en el artículo 28 de la mencionada ley, en relación a las asignaciones computables percibidas hasta la fecha del cese en cuanto correspondiera”.

    Es decir que, el propio Poder Ejecutivo actual reconoce para los afiliados optantes por el art. 8, el derecho adquirido a la aplicación, conjunta e indivisible, de lo dispuesto por los arts. 8 (régimen especial de distribución de aportación) y 28 (régimen especial de cálculo del sueldo básico jubilatorio) y para este último se tomarán en cuenta “las asignaciones computables percibidas hasta la fecha del cese”, fecha que puede ser, y normalmente lo es, posterior a la configuración de la causal jubilatoria.

    No tendría sentido que, al mismo tiempo que (reglamentariamente: art. 3 del Decreto 228/2023, numeral 3.1) se admite —en solución que no comparto— nuevas opciones por el régimen de distribución de aportes del art. 8 de la Ley 16.713, abruptamente, en fecha anterior al “cese” y no “hasta el cese” (expresión utilizada en varias disposiciones de la Ley 20.130 y sus reglamentaciones), se les cambiara el régimen de aportación y, consecuentemente, la forma de cálculo del Sueldo Básico Jubilatorio, en detrimento del afiliado (a mitad de camino como ha dicho Murro) y sin la debida correspondencia con todo lo acaecido y legalmente amparado en su vida laboral anterior, en actividades comprendidas por el BPS.

    Importa destacar que el artículo 8° referido y la opción por el mismo no consisten en otra cosa que en una distribución “especial” (por tanto diferente a la general u ordinaria) de las aportaciones de las contribuciones de seguridad social, que tiene sus efectos en la aplicación de los dos regímenes jubilatorios (solidaridad intergeneracional y ahorro individual) y, por tanto, en los beneficios jubilatorios de los mismos. En ese sentido, en el régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional, tanto el regulado por la Ley 16.713 (arts. 27 y 28) como por la ley de reforma 20.130 (art. 44), el destino hacia el BPS, de las aportaciones personales de las contribuciones de seguridad social, es el que determina las asignaciones computables que se toman en cuenta, o sirven de base (en el caso del art. 8 multiplicadas hasta por 1,5), para el cálculo del sueldo básico jubilatorio correspondiente a ese régimen y que fueron, a su vez, las que originaron esas aportaciones personales.

    En conclusión, considero que no es correcta la apreciación que hace el senador Andrade, existen disposiciones legales y reglamentarias que nos llevan a esta conclusión: a los afiliados optantes, por tanto voluntariamente, por el ahorro se les debe liquidar el sueldo básico jubilatorio de acuerdo al art. 28 de la Ley 16.713 y si existen dudas —a mi juicio no las debe haber— corresponde que se interprete legalmente la ley. Agrego, además, que en el asesoramiento que el BPS debe dar a los optantes por el art.8 se debe incluir la liquidación de la jubilación con el cálculo determinado por el art. 28 de la Ley 16.713, cualquiera sea la fecha de la configuración de la causal jubilatoria.

    Y añado una precisión más: si se aplican las disposiciones legales en la forma que sostengo, se dan dos resultados beneficiosos: por un lado, el afiliado recibe una mejor jubilación (sumando la del BPS, incluida Rentas Generales, y la del ahorro) y por otro el gasto público es menor.

    Renán Rodríguez

    CI 1.022.249-8