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    lunes 10 de junio de 2024

    Motosierra con la corrupción: ¿mucho ruido y pocas nueces?

    El gobierno de Javier Milei “ha utilizado la lucha contra la corrupción como excusa para el cierre de dependencias o de batalla contra determinados movimientos”, sostiene el director ejecutivo de la fundación argentina Poder Ciudadano, Pablo Secchi

    entrevista de Franco Bronzini

    El director ejecutivo de la Fundación Poder Ciudadano —capítulo argentino de Transparencia Internacional—, Pablo Secchi, es uno de los académicos que más ha trabajado en la lucha contra la corrupción en la vecina orilla. Hace más de una década que dirige esa organización y más de dos que trabaja en el análisis de los casos de ilícitos e irregularidades cometidos en su país, en especial por funcionarios públicos, empresarios y sindicalistas.

    A unos meses de asumido el nuevo gobierno encabezado por Javier Milei, Secchi realiza una evaluación de lo que se lleva hecho hasta el momento y de cuáles son las perspectivas para el futuro.

    A continuación, se entrevista con Búsqueda.

    —Hace unos días el presidente Milei dijo, en la inauguración de un busto del expresidente Carlos Menem, que había sido el mejor de la historia a pesar de que su gobierno fue marcado como el iniciador de la corrupción institucional en Argentina. ¿Tiene alguna opinión al respecto?

    —Sobre Menem, sin meternos en un análisis político o económico de su gestión, la corrupción surge como tema importante en la agenda en nuestro país durante su mandato. El proceso de privatizaciones, especialmente, fue muy discutido y caldo de discusión por las formas y la transparencia con la que se llevó adelante.

    Más allá de casos de corrupción de varios funcionarios, el propio Menem tuvo problemas en la Justicia. Vale recordar investigaciones por los casos voladura de Río Tercero, venta de predio de la Rural, sobresueldos, venta de armas a Ecuador y Croacia, encubrimiento de Amia, coimas en frigorífico Swift, coimas Siemens, IMB Banco Nación, coimas Thales Spectrum, entre otros.

    —¿Cuáles son los temas centrales que este gobierno debe enfrentar en asuntos de corrupción y que ha hecho hasta ahora en lo discursivo y en los hechos?

    —El tema principal es fortalecer los mecanismos de control para luchar contra la corrupción. Esto no es solo un desafío para el Poder Ejecutivo sino también para los otros dos poderes del Estado. Nuestro sistema tiene varios organismos que trabajan en temas de integridad, leyes avanzadas y otras por desarrollar, pero el principal objetivo es que todo ese andamiaje funcione bien y en forma aceitada. No está sucediendo. O, si lo hace, no hay una respuesta política a lo que esas instituciones observan.

    Lo que se ve es que el gobierno hasta el momento ha venido denunciando diversas situaciones más como necesidad para tomar decisiones económicas que como objetivo para mejorar las políticas públicas. Ha utilizado la lucha contra la corrupción como excusa para el cierre de dependencias o de batalla contra determinados movimientos. Sobre todo eso dice que realizó “auditorías” y fundamenta sus inciativas en ellas. Nosotros no hemos podido acceder a ellas ni son públicas.

    —Apenas fue presentado el nuevo gabinete, una lluvia de comentarios sobre “a qué empresa responde cada ministro” invadió medios y redes sociales. ¿Existe realmente conflicto de intereses o es imposible tener ministros sin pasado en el sector privado?

    —La normativa no exige que no tengan pasado en el sector privado. Lo que sí deben hacer es abstenerse de tomar decisiones en áreas donde empleos anteriores se encuentren afectados y declarar esos conflictos.

    Como en todos los temas, lo mejor no es prohibir sino regular y controlar. En este caso esta fórmula es la mejor. Es difícil que un gobierno de este estilo no traiga gente del sector privado a la gestión pública, lo que de por sí no está bien ni mal. Pero sí hay que ejercer un control profundo sobre sus gestiones e identificar posibles conflictos de intereses para analizar y mitigar.

    —¿Qué casos de los gobiernos anteriores no han quedado resueltos y son importantes?

    —Muchas causas de corrupción no han sido cerradas o están en proceso. La propia exvicepresidenta tiene pendiente la confirmación de una condena por instancias superiores. Y al mismo tiempo se van abriendo nuevas investigaciones, como en la que estaría implicado el expresidente Alberto Fernández con el tema de los seguros.

    Como decimos siempre, los tiempos político-judiciales van encontrando los momentos para avanzar o frenar las causas de acuerdo a oportunidad, mérito y conveniencia. Lamentablemente, no hay una coherencia en el accionar de la Justicia en nuestro país y por eso las causas se hacen eternas.

    —La pauta oficial ha sido utilizada por los distintos gobiernos como forma de controlar a la prensa. Se supone que este gobierno cortó la pauta oficial. ¿Es así?

    —Entendemos que efectivamente el gobierno nacional cortó la pauta publicitaria. Esto por un lado es relativamente positivo para cortar las discrecionalidades que existían en ese reparto. Sin embargo, hay que prestar especial atención a cómo esto puede afectar la subsistencia de algunos medios y especialmente la pluralidad de voces. A veces el balance es muy difícil y la pauta podía ayudar a sostener medios especialmente vinculados a minorías, o lugares alejados de los grandes centros urbanos donde acceder a publicidad privada es mucho más complicado. Lo leería junto con el cierre de la agencia de noticias estatal (Telam) y no como un compartimento separado. Esa combinación puede ser preocupante y hay que prestarle atención a la cantidad y calidad de información que le llegará a partir de ahora a toda la ciudadanía.

    —¿Cuáles son los temas que Poder Ciudadano está investigando y por qué los eligió?

    —En este momento estamos trabajando en la participación como querellantes en varias causas de corrupción, una nueva forma de involucrar a la sociedad civil en los temas de corrupción. Ya no somos meros comentaristas o generadores de recomendaciones, sino que queremos participar en las causas ayudando a los afectados y viendo más de cerca el trabajo que hacen los fiscales y los jueces.

    En este sentido somos querellantes en varias causas, entre ellas, la de (Julio) Chocolate Rigau, que afecta fondos de la legislatura de la provincia de Buenos Aires, y la de (Martín) Insaurralde en la misma provincia.

    También estamos acompañando legalmente y asesorando a la denunciante de la jueza de La Rioja que pedía coimas para mover causas. Pensamos que es un momento importante para pasar a la acción.

    —Se dice que las instituciones y la Justicia en la Argentina están degradadas y que en líneas generales están sospechadas de corrupción. De acuerdo a su experiencia, ¿cuáles son confiables?

    —No podemos decir que existe una institución más confiable que otra en nuestro país. Los desafíos para los tres poderes del Estado son muy diferentes por sus propias configuraciones y dinámicas. Los tres poderes tienen diferentes actores, con distintas duraciones en sus mandatos, con burocracias específicas para cada tarea. Al mismo tiempo existen organismos de control sobre los que siempre ponemos el foco porque deben ser el primer eslabón del sistema de integridad. Sin embargo, hay que prestar especial atención al Poder Judicial, cuya rotación de funcionarios es muy baja por su propia naturaleza, y al mismo tiempo es el jugador en materia de lucha contra la corrupción. Sin un Poder Judicial independiente y activo en materia de investigación y juzgamiento de la corrupción se corre el riesgo de caer en la impunidad.

    —Los sindicatos y los movimientos sociales, de la misma manera, son apuntados como espacios de privilegios y de corrupción . Por más que puede ser una generalización, porque seguramente no son todos iguales, ¿les ha tocado investigarlos?

    —Estamos siguiendo muy de cerca y analizando si entrar fuertemente en este tema. Ante todo, es importante sentar posición sobre la importancia de los movimientos sociales, sindicatos, etc. Tienen un rol fundamental en la contención de la ciudadanía que más necesita la presencia del Estado. Criminalizar a estas organizaciones es un error. Por supuesto que, si hay hechos de corrupción, extorsión, entre otros, tienen que ser investigados y sus responsables ser juzgados y penados por la ley. Pero resulta importante que tanto los jueces como los fiscales que investigan estos casos pongan blanco sobre negro en las investigaciones, no permitiendo una casa de brujas que sirva de excusa al gobierno para tomar decisiones políticas en contra de los movimientos sociales en general.

    Lo mismo con los sindicalistas. Los sindicatos son un eslabón fundamental de los derechos adquiridos por los trabajadores. De más está decir que la corrupción reina en gran parte de ellos y que las capas geológicas de dirigentes no hablan de una gran democracia interna. Pero nuevamente aquí hay que avanzar limpiando la paja del trigo, sin debilitar una herramienta fundamental para los trabajadores.