Eduardo Bonomi en la Sala de Ministros del Palacio Legislativo. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS

Tras la fuga del mafioso italiano, la Policía realizó ajustes a la vigilancia de Gerardo González Valencia, el líder narco mexicano preso en Uruguay

Bonomi contradice la versión oficial sobre el escape de Morabito; analizará su renuncia según el resultado de la investigación

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Nº2028 - al de Julio de 2019

El 24 de junio, el Ministerio del Interior emitió un comunicado muy conciso sobre el escape de la ex cárcel Central de Rocco Morabito y otros tres reclusos. “Sobre la medianoche, cuatro personas con arresto administrativo que se encontraban alojados en el Centro de Ingreso, Diagnóstico y Derivación del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) fugaron por las azoteas del edificio mediante boquete y copamiento de una finca lindera a la que accedieron por una banderola y robaron dinero a su propietaria”.

La información, que continúa publicada en el sitio web del ministerio, es la única oficial que la cartera ha emitido sobre la fuga del delincuente italiano, jefe de la mafia calabresa y requerido por la Justicia de su país. Sin embargo, fue contradecida en más de una ocasión por el ministro Eduardo Bonomi durante su comparecencia el martes 9 ante la Comisión Especial de Seguridad Pública y Convivencia del Senado.

“La prensa está informando cómo se escaparon, pero nosotros no sabemos si fue así. No podemos decir que se hayan fugado a las once y media de la noche, como dice la prensa”, señaló Bonomi. “No lo podemos decir. Los detalles no se conocen. Se arma un relato para vehiculizar cosas sin saber exactamente qué fue lo que pasó. La hipótesis de que se fugó por una ventana es una hipótesis y la están tomando por cierta. Acá se toma por cierto lo que la prensa dibujó durante varios días y a partir de ahí se formularon otras cosas”, agregó.

El ministro respondió así a interrogantes sobre cómo se había enterado del hecho y por qué la Policía tardó tanto tiempo en dar aviso de la fuga. Aseguró que esas y otras cuestiones —por ejemplo el destino de Morabito— no se saben, ya que están bajo investigación de la Dirección de Asuntos Internos del ministerio, la dirección de la Policía Nacional y la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos. “La investigación fiscal abre distintas líneas. La que la prensa informa es una, pero no es la única. Esto está en investigación”, indicó.

En ese sentido, dejó la puerta abierta a una posible renuncia a partir de los resultados de las pesquisas. “Respecto de si siento que me cabe alguna responsabilidad política en una fuga que es de enorme gravedad nacional e internacional, debo decir que en última instancia la responsabilidad política la tiene uno. Ahora, cuando uno tiene esa responsabilidad, lo que tiene que hacer es mirar qué es lo que pasó y ver, no la responsabilidad política, sino dónde está la responsabilidad concreta. Eso es lo que estamos haciendo y después que termine la investigación veremos”.

Una posición similar ofreció minutos después de salir de la sala, consultado en rueda de prensa sobre si pensó renunciar tras la fuga de Morabito. “Mire, según cómo funcione esto: si esto es un problema de la estructura del Instituto Nacional de Rehabilitación es una cosa, si se debe a otra situación es otra. Y eso está bajo investigación”.

Tras la investigación de urgencia que se realizó en el INR, el ministerio aceptó la renuncia de su director, Alberto Gadea, y realizó un sumario con separación del cargo y retiro de medio sueldo al subdirector operativo; tomó las mismas medidas con la directora, el subdirector operativo y los dos jefes de servicio de la ex cárcel Central; y determinó el traslado a otra función a los policías del INR, de la Jefatura de Policía de Montevideo, de la Guardia Republicana que cumplían tareas en el centro penitenciario cuando Morabito se escapó, y a los que intervinieron en la casa de la vecina.

Los Cuinis

Uno de los principales cuestionamientos al escape de Morabito es que el ministerio haya rechazado transferirlo de la ex cárcel Central a la sede de la Dirección Nacional Guardia Republicana, donde se custodia a presos de máxima seguridad. En mayo, el director de la Policía Nacional, Mario Layera, consideró que “tal movimiento aumentaría el riesgo de seguridad”, pues “podría provocar la concertación de dos líderes de organizaciones criminales de gran peligrosidad”, según consta en una resolución enviada a la asesoría penitenciaria del ministro.

Layera se refería a la posible unión de Morabito con Gerardo González Valencia, un narcotraficante capturado en 2016 en Montevideo sobre quien pesa una requisitoria internacional de Estados Unidos por tráfico de drogas. González Valencia es el líder de Los Cuinis, un multimillonario cártel mexicano con redes de distribución hacia Europa, Canadá y Asia.“Quien pidió el traslado fue Rocco Morabito y lo solicitó para estar junto a González Valencia. Obviamente, ese traslado era pedido para intentar una fuga de dos líderes del narcotráfico”, explicó Bonomi en el Senado.

Pese a la negativa del ministerio para el traslado y a que continuó detenido en la ex cárcel Central, Morabito igual terminó escapándose entre el 23 y 24 de junio, en lo que se presume existió participación de policías y funcionarios del INR.

El hecho también generó “ajustes” a la vigilancia de González Valencia en la sede de la Guardia Republicana, para asegurar que exista un control “obsesivo y metódico” y el cumplimiento estricto con los protocolos, señalaron a Búsqueda fuentes policiales. Aunque la custodia sobre el delincuente mexicano es la misma que se ordenó tras su detención en 2016, el caso Morabito obligó a “encender todas las alertas y verificar varios sistemas” porque demostró que “hay cosas que estaban débiles” más allá de la posible corrupción de policías.

Durante su reclusión en Uruguay, González Valencia señaló que fue torturado con temperaturas bajo cero y advirtió a Bonomi que buscara “el puente más alto del Uruguay” porque lo iba colgar, lo que propició una denuncia penal del ministerio ante el Juzgado de Crimen Organizado. El narco mexicano también inició una huelga de hambre para reclamar mejores condiciones de reclusión y presentó varios recursos a la Justicia para que no se acceda al pedido de extradición de Estados Unidos porque el sistema norteamericano tiene penas más duras que las uruguayas y corre peligro de ser condenado a cadena perpetua o pena de muerte. La solicitud del mexicano fue rechazada por la Justicia de primera y segunda instancia, y se encuentra a estudio de la Suprema Corte de Justicia.

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