Foto: Ricardo Antúnez / AdhocFotos

Tras un pico de 900 infractores recluidos en 2013, el número bajó a 273

Cantidad de menores detenidos cayó a uno de sus niveles más bajos en la última década y especialistas dicen que ya “no es un problema”

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Nº2072 - al de Mayo de 2020
escriben Victoria Fernández y Daniel Lema

Los artículos del proyecto de ley de urgente consideración que aumentan las penas a los adolescentes infractores son de los que generan más controversia dentro y fuera de la coalición de gobierno. Es que en algunas situaciones los menores que infrinjan la ley recibirían un trato más duro que los adultos, algo que va en contra de las recomendaciones de los organismos internacionales.

Pero además representantes de distintos ámbitos vinculados al sistema penal para adolescentes cuestionaron que se endurezcan las medidas para los menores de edad cuando el número de procesos contra esa población ha caído en forma sostenida en los últimos años. Esa disminución se refleja en la cantidad de adolescentes recluidos en los centros del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), que actualmente es de las más bajas de la última década.

A raíz de esas cifras, que muestran que el problema de la delincuencia juvenil se ha mitigado —a diferencia de lo que ocurre con las cárceles de adultos, que cada vez tienen más prisioneros—, jueces, defensores y trabajadores del Inisa plantearon en el Parlamento sus reparos con los cambios propuestos.

Hoy son 273 los adolescentes infractores privados de libertad. Desde 2013, año tras año los números han bajado de forma casi constante. Ese año cerró con 633 jóvenes presos, aunque hubo meses en los que la cifra se acercó a 900. Desde entonces, al cierre de cada año se registró una caída que se profundizó en los últimos meses y que se estabilizó en un número inferior a 300.

En línea con ese descenso, también cayó la cantidad de menores involucrados en delitos. Según un informe elaborado por el Inisa, al que accedió Búsqueda, en 2014 fueron 1.025 los jóvenes que tuvieron participación en alguna actividad delictiva. En 2018 ese número bajó a menos de la mitad (488) y en 2019 tuvo un leve repunte y se ubicó en 541.

La información estadística del Poder Judicial (cuyo informe más reciente es de 2018) también corrobora esa tendencia. Los procesos iniciados contra adolescentes en Montevideo pasaron de 1.075 en 2013 a 481 en 2018.

En 2019 hubo 164 ingresos a los centros del Inisa, según datos del organismo. En el 60% de los casos se trató de rapiñas. En segundo lugar aparece la “tentativa” de rapiña, con 12%. Luego siguen los homicidios (7%) y las lesiones graves (6%).

Fénomeno multicausal

Las causas que explican el descenso de la delincuencia juvenil no son claras. Algunos especialistas lo atribuyen al nuevo Código del Proceso Penal, aunque otros señalan que la caída viene desde antes. El éxito de políticas sociales enfocadas en familias y menores de contextos vulnerables, un mejor trabajo con los adolescentes recluidos que evita que reincidan, la aplicación de más medidas alternativas y la derivación de jóvenes a hogares del Instituto del Niño y el Adolescente (INAU) son otras de las explicaciones que ensayan quienes trabajan en el sistema.

El presidente del sindicato del INAU, Joselo López, dijo a Búsqueda que la baja de imputaciones se dio a partir de la reforma del CPP, que derivó en modificaciones al proceso penal para los menores, regulado en el Código de la Niñez y la Adolescencia. Muchos jóvenes, con el cambio del código, dejaron de ser enviados al Inisa y en su lugar fueron destinados a dependencias del INAU o quedaron al cuidado de sus familias, explicó.

También subrayó que hubo “políticas sociales” que incidieron en el cambio.

El juez de Atlántida con competencia en materia penal y adolescente, Marcos Seijas, también identificó un cambio a partir del nuevo CPP. “Como juez de instancia, puedo decir que desde que comenzó la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal y la modificación que la Ley N° 19.551 hizo para los adolescentes, ha bajado mucho el trabajo en cuanto a adolescentes se refiere. No son tantos los adolescentes que se llevan a juicio. No sé cuál es el trabajo en la Fiscalía y si se entiende que no hay mérito, pero lo cierto es que ha bajado sensiblemente el número de adolescentes sometidos a proceso penal”, dijo en el Parlamento el martes 12.

El abogado Diego Camaño, que fue asesor de la expresidenta del Inisa Gabriela Fulco y hoy trabaja en el despacho de la directora del organismo Betty Policar, cree que no es la reforma la explicación de la caída de los procesos contra adolescentes. Recordó que ya desde 2013 comenzó a descender el número de jóvenes procesados.

A su juicio, parte de la explicación está en que desde el Inisa se trabajó para que disminuyera la cantidad de adolescentes privados de libertad. Hasta hace unos años atrás, alrededor del 80% de los adolescentes infractores eran privados de libertad, mientras que solo 20% recibía una medida alternativa. Hoy ambos porcentajes están casi igualados.

De todos modos dijo que en el organismo están analizando por qué se da esta situación. Mencionó el impacto positivo de las políticas impulsadas durante los anteriores gobiernos y también señaló un incremento en el número de adolescentes que van a hogares del INAU, en lugar de a los centros del Inisa. Se trata de adolescentes que “están al borde de cometer delitos” y se les brinda otro tipo de contención, explicó.

“Sería fantástico” que el Consejo de Política Criminal y Penitenciaria que la ley urgente crea como órgano asesor examinara “qué ocurrió en el país como para que haya bajado la delincuencia adolescente en los términos en que lo ha hecho”, dijo el ministro del Tribunal de Apelaciones de Familia Eduardo Cavalli el martes 12 a los legisladores de la comisión especial del Senado que trata el proyecto de ley.

En 2013 “recuerdo que se llegó a 900 adolescentes privados de libertad en el Sirpa —ahora Inisa— e, incluso, se pensó que íbamos a pasar los 1.000. En ese momento teníamos más adolescentes privados de libertad que Italia, un país con 64 millones de habitantes. Después, no sé debido a qué fenómeno, esa cifra empezó a bajar”, relató. “Quizás esto se deba a un fenómeno multicausal, no lo sabemos”.

El defensor público de menores Guillermo Payssé —quien también asesora al sindicato del INAU y asistió junto con ellos al Parlamento— dijo a Búsqueda que considera que la caída en el número de menores detenidos puede explicarse por varios factores. “En primer término se podría decir que hay una menor participación en delitos graves y por eso su permanencia en el sistema es menor”, evaluó.

“Y aunque en general cuesta reconocer cuando hay éxito en las gestiones, se puede atribuir al trabajo del Inisa y al buen funcionamiento de los distintos centros de adolescentes”, añadió. Al haber menos jóvenes recluidos, “la gestión es más personalizada y eso puede repercutir en un índice de reincidencia menor”, opinó.

También destacó el efecto que pudieron tener las políticas sociales de los últimos años, en lograr una “baja de adolescentes dedicados a la delincuencia”, y la aplicación de “medidas acertadas y justas” por parte de los jueces y fiscales especializados en la materia.

“Acá parecería haber una serie de factores que ayudaron a bajar esos números”, afirmó. “Se me ocurre que todos pueden estar operando simultáneamente”.

“No es un problema”

El proyecto de urgente consideración a estudio del Parlamento establece que la privación de libertad de los adolescentes infractores no será menor a los dos años (hoy es de 12 meses), que se mantendrán los antecedentes penales luego de cumplir los 18 años en caso de cometer delitos graves y que la pena máxima de reclusión pasará de cinco a 10 años.

Frente a los datos alentadores, Payssé cuestionó el interés en tratar con “urgente consideración” el problema de los criminalidad adolescentes. “En un lugar que no hay problemas se corre el riesgo de que se creen”, cuestionó. “Porque si se aprueban las normas va a aumentar sensiblemente la población (recluida) y no va a haber plata para nuevos funcionarios y para nuevos establecimientos. Si estuviéramos en un momento de inflación de los delitos adolescentes” sería razonable, pero “se está creando una situación artificial que va a generar un brete al propio gobierno”, cuestionó.

“El tema de los adolescentes infractores no es un problema para el país”, coincidió López durante su intervención en el Parlamento el viernes 15. “Estamos en un número que, realmente, es ínfimo a los que históricamente hemos tenido en la institución. Hoy el Inisa administra el 3% de la población carcelaria a escala general si en el mismo paquete ponemos a toda la población adulta. Por lo tanto, entendemos como regresivo todo lo que se está planteando”, dijo.

Camaño también consideró “cuestionable que las medidas más duras recaigan sobre un sector de la población que hoy tiene una caída en los delitos”.

Recuadro de la nota

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