Ciudadanos partidos

5min 6
Nº1995 - al de Noviembre de 2018
por Fernando Santullo

Cada tanto me hago la misma pregunta: ¿en Uruguay los partidos políticos son la correa de transmisión de las ideas que están en la sociedad civil o es al revés? ¿Será que los partidos políticos, tan tempranos en nuestro país, marcan la agenda y la sociedad civil se limita a ir a remolque, plegándose de manera más o menos automática a sus planteos?

Más allá de si esta duda resulta realmente verificable (algún historiador o politólogo seguro lo debe haber estudiado) lo que sí sé es que desde que tengo memoria es dificilísimo debatir sobre la clase de país que se desea sin que la retícula de lo partidario caiga como una losa y lo distorsione todo. Más aún, cualquier posición que se tenga sobre casi cualquier tema social, económico o político, será medida y tasada no por el valor intrínseco de la idea que se exponga sino por el lugar que se supone esa idea ocupa en el mapa que proponen los partidos y que la ciudadanía acepta, por lo general sin pensar demasiado en ello.

Esto es problemático al menos por dos razones. La primera, porque las prioridades partidarias no siempre coinciden con las prioridades sociales, con las prioridades del colectivo. La lógica interna de un partido muchas veces le pasa por arriba a la agenda común y puede terminar metiendo al conjunto de la sociedad en berenjenales que después resultan difíciles de resolver y que, sobre todo, no tenían demasiada relevancia en la agenda previa de las mayorías.

La segunda es que ese desfase, esa distancia entre las prioridades de los partidos y las prioridades de la sociedad, casi siempre implica decisiones sobre los dineros públicos. Dineros que no son de los partidos ni de los gobiernos. Dineros que el Estado recauda a través de los impuestos y que usa para aquellas obras, servicios y subsidios que, según acuerdos previos, la sociedad necesita para funcionar de manera más o menos equilibrada. Es justamente por eso que los ciudadanos votan a unos u otros partidos: por la convicción de que cuando gobiernen van a hacer las cosas que esos ciudadanos consideran relevantes y no otras. Al menos en teoría.

Pero una cosa es que este sea el mecanismo y otra, muy distinta, que cualquier cosa que se diga sobre lo que hace o deja de hacer un gobierno deba ser reducida a esa lógica. O que cualquier planteo sobre las prioridades que uno cree debe tener una sociedad sea automáticamente achacable a una jugada político partidaria. Esa clase de sesgo es peligroso porque obtura el debate entre los ciudadanos y, al hacerlo, deja exclusivamente en manos de los partidos cualquier posible idea sobre el futuro colectivo.

¿Por qué hago toda esta explicación que es a la vez una enorme apertura de paraguas? Porque me gustaría que se leyera lo que voy a decir hasta el final y sin descartarlo por suponerle una agenda partidaria detrás. Y lo que digo es que una obra pública, la que sea y bajo el gobierno que sea, duplique su costo, es materia de investigación periodística y hasta parlamentaria en cualquier país civilizado del mundo. Menos en Uruguay, en donde si uno apunta que el Antel Arena se anunció con un costo de 40 millones de dólares y terminó saliendo 82 (esos son los datos que se manejaron informalmente desde el propio gobierno), es porque está en contra del Frente Amplio.

O que si uno recuerda que mientras se inaugura ese recinto, que responde a una necesidad social tan acuciante como tener un local cerrado para deportes y espectáculos, un puñado de ciudadanos al borde de la muerte tienen que hacerle juicio al Estado para poder recibir los medicamentos que necesitan para vivir, es porque está en contra del progreso. O que si un programa que enseña oficios a 400 presos deja de existir porque el Estado no aporta los 50.000 pesos mensuales para materiales que se necesitan para hacerlo, es porque es “un operador”.

El recorte que planteo con estos casos es arbitrario, es verdad. Pero cada una de las cosas que señalo pueden servir como muestrario de ese desfase entre la necesidad partidaria y la necesidad colectiva. Ni me meto en consideraciones sobre qué tan social es nuestro Estado de derecho cuando el Antel Arena es una obra monumental que se ejecutó en tres años y, en ese mismo período, miles de vecinos de barrios que están a un tiro de piedra del magno local siguen sin tener agua, luz o saneamiento, a pesar de llevar años pidiéndolos. Y aquí apunto un matiz: es verdad que las infraestructuras públicas de calidad suelen mejorar la calidad de vida de los barrios en donde se insertan. Pero esas infraestructuras pueden ser de toda clase: de las que sirven para las necesidades básicas (una estación de tren, por ejemplo) o recintos como el Antel Arena.

Lo dije tras ver el excelente documental Los olvidados, sobre el barrio Marconi: para cualquier persona que tenga sensibilidad social (especialmente aquellos que hacen de esa sensibilidad la raíz de su voto y su discurso) debería ser inadmisible que un cuarto de millón de vecinos de Montevideo no tengan los mismos servicios básicos que ellos disfrutan. Es decir, que no pertenezcan a la misma clase de ciudadanía que pertenecen todos los posibles asistentes al elegante estadio cerrado. A la misma clase de ciudadanía a la que pertenezco yo y cada uno de los lectores de este texto.

“En los países de capitalismo avanzado e hiperliberales, con todas las reglas de la pluralidad escritas en el libro donde todo está escrito, se puede establecer una uniformidad de conciencia social determinante, facilitando un pacto implícito y explícito entre instalados y emergentes para que los sumergidos solo lleguen a la conciencia social como protagonistas de la crónica negra o festiva. El sumergido no tiene quién le escriba, ni quién le haga la fotografía, salvo si se convierte en un punk cojo destrozafarolas o en un yonqui que asalta de noche a pacíficos matrimonios emergentes o instalados. El Estado, el poder, ha calculado el número de sumergidos tolerables, y al mismo tiempo su desidentificación, su existencia sin rostro y disgregada”, escribía Manuel Vázquez Montalbán tan temprano como en 1987. Yo diría que incluso en países no tan avanzados ni hiperliberales, como Uruguay, parece funcionar ese pacto entre instalados y emergentes sobre la invisibilidad de los sumergidos, esa “uniformidad de conciencia social determinante”.

Es justo en la distancia que se admite entre estas inversiones, llamativas, luminosas, excelentes plataformas electorales; y las necesidades reales aún no cubiertas de grandes sectores de la población, en donde se define qué clase de sociedad se quiere para uno y para los demás. Por eso creo que esto no va de partidos, sino de ciudadanos. Y no de algunos sino de todos los ciudadanos del territorio. Si no logramos entender eso y sobre esa base establecer prioridades como colectivo, estaremos siempre a disposición de quienes orientan el quiosco de todos hacia la gloria partidaria y personal. Y si no lo entendemos, continuaremos desfilando satisfechos por nuestros nuevos shoppings y modernos estadios, rezando para que los sumergidos que están del otro lado del muro que seguimos levantando, no lo salten y nos peguen un tiro.

Regístrate sin costo, recibe notas de regalo.